El juez ordena el desalojo del centenar de vecinos de la corrala La Utopía
La decisión se conoce cuando Junta y Ayuntamiento han confirmado que se reunirán el día 5
La Utopía llega a su fin. El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha dado orden a la policía para que desaloje la corrala La Utopía, el edificio de Sevilla propiedad de Ibercaja ocupado desde mayo de 2012 por más de 30 familias y que se ha convertido en un símbolo del movimiento antidesahucio. La juez ordenó el desalojo el 28 de enero, pero dio un plazo de 15 días a las familias para que abandonaran las casas de forma voluntaria. Pasada la prórroga, en un auto dictado el pasado martes, la magistrada insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cumplir con su orden de desocupar el edificio, en el que vive alrededor de un centenar de personas.
Ha pasado más de un año y medio, casi dos, desde que 36 familias con graves problemas económicos se instalaron en dos bloques desocupados y sin estrenar propiedad de Ibercaja. Desde mayo de 2012 se debaten entre el miedo a ser desahuciados y la esperanza de que el banco dueño del edificio les permitiera quedarse a cambio de un alquiler adaptado a sus circunstancias. En las últimas semanas se habían aferrado a una opción intermedia: que el Ayuntamiento de Sevilla les realojara en alguna de las viviendas públicas que tiene desocupadas, pero la orden de desalojo llega en medio de la negociación abierta entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el gobierno municipal para atar una solución.
“Necesitamos proteger a esas familias vulnerables”, afirma Elena Cortés
El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), ha citado a la consejera Elena Cortés (IU) para el próximo 5 de marzo. La orden de desalojo ha cogido a contrapié a la Junta, que esperaba que la juez pospusiera la decisión hasta que las Administraciones encontraran una salida. Esta mañana, horas antes de que la magistrada notificara el auto, la consejera Cortés seguía confiando en que la reunión con Zoido llegara a tiempo de evitar el desalojo. “Necesitamos proteger a esas familias vulnerables y encontrar una solución compartida con el Ayuntamiento”, afirmó Elena Cortés a preguntas de los periodistas. Tras conocer la orden judicial, el grupo municipal de IU ha pedido al alcalde que adelantara la reunión con la consejería. Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha solicitado a ambas Administraciones que den una respuesta “inmediata y con celeridad” a estas familias.
En su escrito, la juez apoya su decisión en que “buena parte” de los vecinos “iniciales” de la corrala han abandonado el edificio de forma voluntaria. Según una de las portavoces e inquilina de La Utopía Elena Contreras, en el último año y medio han ido entrando y saliendo familias —cinco de ellas se acogieron al plan de alquiler social que les ofreció Ibercaja—, pero queda gran parte de los que fundaron la corrala. Este miércoles permanecían ocupadas una treintena de viviendas. “Tras la orden de desalojo es cierto que varios vecinos se han marchado. Ahora mismo, seremos entre 28 y 30 familias”, apunta.
La Junta solicitó a la magistrada, pocos días antes de que se cumplieran los 15 días de plazo, que se paralizara el desahucio “hasta que las Administraciones garanticen a las familias residentes una alternativa, de forma que no se vea vulnerado su derecho a la vivienda”. La prórroga de cinco días dado por la juez caducó el pasado viernes sin que el Ayuntamiento ni la Junta acordaran una fecha para reunirse. Este miércoles, a la vez que se conocía el nuevo auto de la magistrada, Fomento confirmaba que ambas instituciones se sentarían el próximo 5 de marzo.
Los inquilinos aseguran que resistirán en sus casas “hasta el final”
“Confiábamos en que la juez esperara a que el Ayuntamiento y la Junta alcanzaran un acuerdo”, reconoce Elena Contreras tras asegurar que todos los vecinos se encuentran “muy nerviosos”. Los familias tienen previsto concentrarse este jueves a las puertas del inmueble para determinar qué acciones hacer. “Vamos a crear grupos para vigilar en todo momento el edificio. Vamos a resistir hasta el final”, afirma Contreras, quien señala que los vecinos ya han comenzado a sacar sus pertenencias. “Las estamos guardando en una nave que hemos alquilado con el dinero que sacamos del festival solidario celebrado en diciembre”, apunta.
Mientras la consejería y el Consistorio cuadraban estos días las agendas, se conocía una de las posibles alternativas. La Junta baraja realojar a estas familias, si el Ayuntamiento no les ofrece otra solución, en unas viviendas públicas que construye en una parcela entre el Prado y San Bernardo. Los inmuebles estarían listos previsiblemente en septiembre y, mientras tanto, el Consistorio debería aceptar realojarlas en viviendas municipales. Fomento recuerda que el gobierno municipal “acumula” 389 casas vacías.
