Decretado el desalojo forzoso de los vecinos de la corrala La Utopía
El colectivo, que dispone de 15 días para abandonar el inmueble, recurrirá el auto
La esperanza se ha tornado en angustia y desilusión. Así se refleja en sus miradas. Los vecinos de la corrala La Utopía, el edificio de Sevilla propiedad de Ibercaja ocupado en mayo de 2012 por 36 familias, viven el momento más amargo de estos 20 meses. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha decretado el “desalojo forzoso” del inmueble. Según un auto fechado el 28 de enero, los vecinos disponen de un plazo de 15 días para dejar las viviendas de manera voluntaria. De no “acreditarse el abandono”, dicta la magistrada, la policía procederá al desalojo. Las familias han anunciado que recurrirán el auto ante la Audiencia de Sevilla.
Como argumentos, el abogado de estos vecinos, Luis de los Santos, ha asegurado que recurrirán la medida “por falta de motivación y ausencia de delito”. “Ni el ministerio fiscal ni la propiedad han motivado suficientemente el porqué de la urgencia de una medida cautelar, sin ni siquiera haberse celebrado el juicio y estando aún el caso en fase de instrucción”, expone el letrado, miembro del colectivo de abogados 17 de Marzo. El decreto de desalojo se ha notificado pocos días después de que la instructora tomara declaración al último de estos vecinos, imputados por un delito de usurpación.
Ibercaja estudia la propuesta de las familias para seguir en las viviendas
El representante legal de estas familias ha criticado que la única justificación dada para el desahucio sea la de “restaurar el orden jurídico perturbado”. Según el auto, la ocupación “priva” a la entidad bancaria de los derechos que legalmente, como propietaria, le pertenece. “Desde luego, la doctrina de la magistrada no es la más progresista”, asegura. El letrado ha afirmado también que va a pedir la suspensión cautelar de la orden de desalojo mientras se resuelve el recurso. “Desde el momento en el que ambas partes se sentaron a negociar, consideramos que tampoco existe delito penal”, agrega como argumento De los Santos.
La notificación de desahucio coincide con la recta final de las negociaciones entre los vecinos e Ibercaja, contacto que en estos meses ha tenido sus altibajos —incluso, en mayo de 2013, la entidad bancaria llegó a pedir a la juez que frenara la petición de desalojo al haberse alcanzado entre ambas partes un principio de acuerdo que luego no cuajó—. El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se reunió el pasado jueves con directivos de Ibercaja para presentarle la propuesta que el colectivo vecinal dio a conocer en una reunión en enero con las Administraciones y a la que no acudió la entidad. Según fuentes del Defensor, Ibercaja se había comprometido a dar una respuesta esta semana. La propuesta de la corrala (bautizada Sembrando utopías) contemplaba la concesión de un alquiler social en estas viviendas y la cesión de los locales comerciales.
Una de las inquilinas lleva siete días en huelga de hambre
Ibercaja no acudió a la cita argumentando que su oferta era la misma que la que hizo hace unos meses: facilitar a estas personas el acceso a su programa de alquiler social, del que ya se benefician cinco de las 36 familias que ocuparon dicho edificio, según fuentes del banco. El banco volvió a solicitar a finales de julio del año pasado el desahucio “al no haberse cumplido los compromisos por parte de los ocupantes”, según la entidad, quien señaló que en esa fecha “únicamente” tres familias habían facilitado la evaluación de los Servicios Sociales para acreditar su situación de necesidad.
Ante la inminencia del desalojo, Toñi Rodríguez, una de las vecinas de La Utopía, comenzó el jueves una huelga de hambre. “Resistiremos hasta el último momento”, precisa Toñi, quien ha recordado que entre los vecinos se encuentran personas mayores y muchos menores. “El desalojo puede ser muy traumático”, reconoce. Durante la rueda de prensa, celebrada junto a la acampada que estas familias tienen instalada ante la sucursal de Ibercaja en la calle San Fernando de Sevilla, el colectivo asegura que no abandonará el inmueble. “Nos tendrán que sacar a rastras. O nos ayudan o nos dejarán en la calle”, afirma Toñi.
“Los derechos humanos deben prevalecer”
El abogado Luis de los Santos, miembro del colectivo de letrados 17 de Marzo, ha defendido durante estos meses a la treintena de familias que permanecen en la corrala La Utopía, el edificio de Sevilla ocupado desde mayo de 2012. De los Santos ha sido el encargado de darle a estos vecinos la mala noticia: la juez ha decretado el “desalojo forzoso” del edificio y disponen de 15 días para abandonarlo voluntariamente.
Pregunta. ¿Cómo se puede conjugar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad?
Respuesta. Es más fácil de lo que parece. En uno de sus artículos, la Constitución señala que el derecho a la propiedad está sujeto al principio de la función social de la misma. En el caso de la corrala La Utopía, el banco no ha acreditado ninguna urgencia para recuperar un edificio que llevaba vacío muchos años. No ha argumentado que vaya a sacarlos en alquiler o a ponerlos en venta. Los pisos van a seguir como estaban antes de que llegaran estas familias, que irán a la calle de ejecutarse el desalojo. Esa falta de uso social hace que, en este caso, prime el derecho a la vivienda
P. Critica que la doctrina de la juez no es la más progresista.
R. Tenía dos alternativas: decretar o no el desalojo; y ha optado por la alternativa más conservadora. En juego estaban, por un lado, los derechos humanos de estas familias, con niños y personas mayores; y, por el otro, el de la propiedad privada. Otra vez más han ganado los bancos. Los derechos humanos deben prevalecer, estar por encima de todo.
P. ¿Cuáles son los principales argumentos con los que va a recurrir el auto de desahucio ante la Audiencia?
R. Por falta de motivación y ausencia de delito. En folio y medio, la juez no justifica suficientemente el desahucio ni valora que las familias han hecho de ese inmueble abandonado desde hace años su hogar. También entendemos que no existe una voluntad firme de la entidad bancaria de recuperar el inmueble porque durante estos meses ha negociado con las familias una solución.
P. Califica este desahucio como "ilegal".
R. Tal y como se dicta en varias sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, los poderes públicos deben ofrecerles una alternativa a estas familias para evitar que se vayan a la calle.
P. Tras el auto, ¿qué papel juegan ahora las Administraciones?
R. En el ámbito judicial, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento pueden hacer nada. Pero es el momento de que, principalmente, la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto y ofrezca una solución a estas familias. Durante estos meses, ha mostrado su compromiso con los más desfavorecidos, y estos vecinos lo son. Es el momento de que pase de las palabras a la acción.
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