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El fiscal pide 83 años a la red que saqueó las ayudas al Tercer Mundo

La acusación describe el ‘caso Blasco’ como un manual de “clientelismo político”

El exconsejero Rafael Blasco sale del TSJ junto a su abogado y el exdirector general Josep Maria Felip.
El exconsejero Rafael Blasco sale del TSJ junto a su abogado y el exdirector general Josep Maria Felip.

La fiscalía confirmó este martes su petición de 83 años y medio de cárcel para la red que saqueó las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo. El ocho veces consejero del Gobierno valenciano Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, viejos conocidos según el alegato final del fiscal Vicente Torres en el juicio del caso Cooperación, “actuaron juntos para delinquir”, en un “ejemplo de clientelismo político”.

El ministerio público afirmó que Blasco “se aprovechó de su condición de consejero para favorecer a las empresas de Tauroni”, el hombre a quien la investigación considera jefe del área civil de la trama. Y que Blasco, entonces miembro del Ejecutivo del presidente Francisco Camps, “quebró de la tramitación administrativa para intentar por todos los medios que se pagaran las subvenciones” públicas que fueron desviadas.

Petición de penas de fiscalía

Rafael Blasco, exconsejero. 14 años de cárcel.

Tina Sanjuán, ex secretaria general administrativa. 13 años y medio de prisión.

Alexandre Català, exsubsecretario. 13 años de cárcel.

Josep Maria Felip, ex director general. 10 años de cárcel.

Marc Llinares, ex jefe de área. 10 años de cárcel.

Xavier Llopis, exjefe de gabinete. Seis años de prisión.

Augusto Tauroni, empresario. 11 años de cárcel.

Marcial López, presidente de la Fundación Cyes. Cuatro años de cárcel.

Josefa Cervera, empleada de Cyes y esposa de Marcial López. Cuatro años de cárcel.

La petición de la fiscalía para Blasco, todavía diputado autonómico e histórico estratega del Partido Popular valenciano, se mantuvo en 14 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Y en otros 11 para Tauroni.

La red, que según la investigación rapiñó en total ocho millones destinados a la cooperación al desarrollo, está acusada en este primer juicio del caso Cooperación de desviar 1,8 millones. La mayor parte de ese dinero debía invertirse en Nicaragua, pero terminó empleándose en la compra de inmuebles en Valencia. A Centroamérica “solo llegaron 43.000 euros”, recordó el ministerio público, que cifró en 450.000 euros, “casi 80 millones de las antiguas pesetas”, la mordida que Tauroni captó por intermediar en las cinco subvenciones concedidas a la Fundación Cyes, la entidad que recibió las ayudas y compró los inmuebles. “La avaricia de Tauroni”, destacó el fiscal, “le llevó a cometer graves errores”.

Los tres pisos y la plaza de garaje, añadió el ministerio público, siguen seis años después a nombre de los presuntos defraudadores porque, a pesar del escándalo, la Generalitat “nunca pidió que se devolviera el dinero o se cambiara su titularidad”.

Blasco sostiene que no conoció realmente a Tauroni hasta finales de 2010, y que el trato fue básicamente profesional. El fiscal aseguró este martes, en cambio, que ambos se conocían, al menos, desde “los años 2001-2002”, cuando Blasco adjudicó a una de sus empresas 8,3 millones de euros y el asunto fue “publicado por la prensa”. “En una agenda de Tauroni de 2008”, siguió el fiscal, aparecían los teléfonos de familiares del exconsejero, así como de “la secretaria de RB”. En la misma agenda se señalaba la fecha del “cumpleaños de RB, 1945”, el año en el que nació el veterano político valenciano. Tauroni puso dinero o tuvo relación tiempo antes de 2010 en entidades en las que la esposa del exconsejero y directora del IVAM, Consuelo Ciscar, tenía funciones relevantes, destacó el ministerio público. Y, según una testigo, Tauroni le contó que “iba a comer a su casa en Alzira”.

Apenas unas semanas después de cuando el diputado dice haber trabado relación con Tauroni, éste le enviaba mensajes indicándole “cómo responder a las interpelaciones parlamentarias” de la oposición en las Cortes, donde Blasco era portavoz del PP. Y en esos días el entonces consejero “trataba con Tauroni todo lo que estaba saliendo en prensa” sobre las inversiones inmobiliarias a cuenta de las ayudas, en vez de con Marcial López, que era el presidente de la Fundación Cyes (receptora de las subvenciones), para quien la acusación pública pide cuatro años de cárcel.

Blasco rescató el expediente excluido por los técnicos y los presionó, según el fiscal

Según el fiscal, fue Blasco quien le indicó a Tauroni “dos meses antes de que se publicase en el diario oficial” que se iban a convocar las ayudas. Y, según ha declarado el presidente de la Fundación Cyes, fue el propio Tauroni quien le buscó para presentarse a la convocatoria. “Ya es raro”, comentó el fiscal, “que una empresa busque a una ONG para presentarse a un proyecto”.

El relato del fiscal continuó a partir de ahí así: el exconsejero utilizó a la entonces secretaria general de la consejería Tina Sanjuán, para rescatar por dos veces, “actuando fuera de su competencia”, los proyectos de Cyes para Nicaragua que los técnicos habían excluido por no cumplir requisitos. Más tarde Blasco “presionó” a los funcionarios y cargos medios de su departamento, en una reunión el 31 de julio de 2008, para que incluyeran los proyectos de la fundación en el acta que el consejero necesitaba para conceder las ayudas, asegurándoles “que él sabía que existían documentos que acreditaban la experiencia previa” de Cyes. Y que la entidad los iba a aportar. “¿Cómo podía saber Blasco que existían esos documentos?”, preguntó el fiscal, si según el análisis informático que la policía hizo de los mismos “fueron fabricados por el presidente de Cyes el 4 de agosto de 2008”.

El ministerio público añadió que, para intentar ocultar lo ocurrido, Blasco y su cúpula manipularon varios documentos oficiales, incluido un dossier que enviaron a la fiscalía.

La Abogacía de la Generalitat también mantuvo su petición de penas, que en el caso de Blasco se concreta en 11 años de prisión.