Alaya obliga a los interventores a investigar a la Cámara de Cuentas

La fluida colaboración que hasta ahora ha existido entre la juez Mercedes Alaya, instructora del fraude de los ERE, y la Intervención General del Estado parece que se desvanece. Los auditores ven problemas legales en la orden que les ha dado la magistrada para que analicen si la Cámara de Cuentas de Andalucía, un órgano de extracción parlamentaria y con reconocimiento en el Estatuto de Autonomía, pudo frenar la partida presupuestaria, que la juez considera ilegal pese a que fue aprobada durante una década en el Parlamento autónomo.

La discrepancia es de fondo y la juez no está dispuesta a dar su brazo a torcer, a tenor de la respuesta que ha dado a las objeciones planteadas por los auditores del Estado. De hecho, tras un escrito de la Intervención en el que se subrayan los problemas que se observan en la decisión de la magistrada, esta ha dictado un auto en el que insiste en su tesis y obliga a los cuatro auditores del Estado que colaboran con el juzgado a cumplir sus órdenes.

El objetivo es dilucidar si el órgano pudo frenar el fondo de la Junta

El origen del conflicto está en la decisión de la juez de averiguar qué papel pudo tener el órgano fiscalizador autonómico en el caso de los ERE. Estas pesquisas, fundamentalmente, persiguen averiguar si la Cámara de Cuentas andaluza pudo hacer algo para frenar el fondo y el fraude.

En un escrito enviado al director del equipo de peritos que colabora con Alaya y que ha sido incorporado a la causa, José Carlos Alcalde Hernández, interventor general del Estado, sostiene que la nueva tarea encomendada por la magistrada “sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional” ya que los funcionarios estarían “valorando la labor realizada por un órgano de control externo”, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía. Por este motivo, Alcalde añade que la juez debería reconsiderar su encargo.

Alaya, en un auto del pasado jueves, agradece la colaboración que hasta ahora han prestado los peritos y deja claro que no piensa enmendar ni un milímetro su decisión. En su resolución, la magistrada sostiene que los cuatro funcionarios que colaboran con ella “no actúan” en la causa como “interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales”. En su argumentación la juez sostiene que su actuación es como “peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia”.

Esta distinción que hace entre interventores y peritos es lo que permite a la juez seguir adelante con su orden de que se investigue el papel de la Cámara de Cuentas autonómica, que una vez conocido el fraude elaboró un informe demoledor sobre el fondo de los ERE que también está incorporado a la investigación judicial.

En su escrito, el interventor general del Estado recuerda el informe de más de 1.000 páginas que los cuatro funcionarios realizaron sobre el fondo de los ERE y que es clave para apuntalar la tesis de Alaya sobre la ilegalidad de las ayudas. Este informe dio aire a la juez para avanzar en la rama política de la investigación, en la que Alaya ha señalado a aforados como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cinco exconsejeros del Gobierno autónomo.

El interventor general del Estado también se pronuncia en su escrito sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que los auditores analicen todas las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta a lo largo de una década y que suman algo más de tres centenares. El jefe de los auditores no dice que no, pero tampoco se muestra en absoluto entusiasmado con esta posibilidad.

Tras recordar el trabajo realizado por los cuatro auditores en los dos últimos años para la juez Alaya y la “insuficiencia de medios personales”, el escrito añade que “no es posible designar personal adicional para la realización de la ampliación pericial solicitada” por el fiscal.

Por otra parte, la juez ha impuesto 6,9 millones de euros en fianzas de responsabilidad civil a dos abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís (José Luis Leal y Alfredo Jiménez) que habrían “blanqueado” las ganancias “ilícitas” obtenidas por “su empleado”, el conseguidor Juan Lanzas, “a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero”, informa Europa Press.