Turismo inicia una campaña contra el mercado negro de alojamientos

La consejería planea un registro de apartamentos destinados al alquiler

Málaga - 07 feb 2014 - 19:18CET

Apartamentos de Benalmádena, en Málaga. julián rojas

La Junta quiere que todos los alojamientos turísticos que se publiciten para su alquiler en el medio que sea incluyan en la oferta el número de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. En caso contrario, se entendería que se trata de una actividad clandestina y la inspección podría actuar de oficio y levantar un acta de infracción contra su promotor. La medida está incluida en el plan diseñado por la Consejería de Turismo para combatir la competencia desleal en el sector e intentar que aflore la economía sumergida.

Esta batería de propuestas se presentará la próxima semana a los agentes que integran la Mesa del Turismo, reunión en la que se pedirá la opinión del sector y sus iniciativas para enriquecer el programa, explicó ayer en Málaga el consejero del ramo, Rafael Rodríguez.

En el caso de la publicidad de los establecimientos como alojamiento turístico, el Gobierno andaluz intentará implicar en su cruzada a los portales de internet, con los que abrirá un proceso de diálogo antes de que entre en funcionamiento el cambio del Registro de Turismo planteado, que se hará por decreto y tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno. La red es un medio habitual de este tipo de anuncios.

Esta variación supondrá también un aumento de la labor inspectora y más autonomía para quienes la realizan, aclaró Rodríguez. Es decir, en el momento en que un inspector compruebe que la oferta de un alojamiento turístico no incluye el número identificativo, éste podrá actuar de forma inmediata. En 2013 hubo 683 expedientes y este año previsiblemente crecerán, ya que el servicio será reforzado. La inscripción es gratuita y solo se requiere una declaración responsable.

Sin consenso en el anillo ferroviario

La alternativa planteada por la Junta para reactivar el anillo ferroviario de Antequera, que pasa por ejecutar el circuito de pruebas para trenes AVE en el tramo ferroviario que esta administración construyó parcialmente entre Antequera y Marchena (ahora no sirve para nada), no parece que haya sido bien acogida por el Ejecutivo central. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, lamenta que la Junta quiera eludir su responsabilidad con esta línea de alta velocidad (Antequera-Sevilla) y proponga ese ramal para ubicar el anillo. En su opinión, eso significaría destinar los fondos europeos de este proyecto a “saldar la deuda” que la Junta ha contraído para un tramo que “no va a terminar”. Afirma también que el Ministerio de Fomento y Adif continúan manteniendo contactos con empresas interesadas en el circuito para probar los AVE y que la intención es volver a sacar el proyecto a licitación.

La Junta desconoce si el Ministerio de Fomento ha descartado su propuesta. El jueves se celebró una reunión con representantes de este departamento y de la Consejería andaluza de Fomento para tratar el asunto y en ningún momento se dio una negativa. Según fuentes del Gobierno andaluz, a los participantes de la Junta se les comunicó que la ministra Ana Pastor contestará por carta a la consejera, Elena Cortés.

El presupuesto del anillo ferroviario de Antequera es de 386 millones de euros y tiene autorizados 215 millones de fondos europeos, que podrían perderse si el proyecto no se ejecuta antes de que termine 2015. El concurso convocado por Adif para su construcción y gestión quedó desierto en verano y desde entonces no ha habido avances. La alternativa de la Junta se justificó en intentar buscar una salida.

La Junta pretende ordenar tanto la actividad turística que está reglada, pero que se practica sin cumplir la ley, como las operaciones que no cuentan con un marco legal claro. En este apartado se incluyen otras iniciativas, como la regulación de las viviendas de uso turístico (carecen de cobertura tras la modificación por parte del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos), los albergues de ciudad y los alojamientos que alquilan habitaciones (los conocidos como Bed and Breakfast). No existe una estadística sobre estos establecimientos y el dinero que mueven.

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“El objetivo no es sancionar, sino que aflore la actividad que en estos momentos se presta de forma ilegal o alegal y perseguir al que defrauda”, apuntó el consejero. Pese a que no existen datos oficiales sobre estas instalaciones, el sector estima que aproximadamente el 20% de la oferta se mueve en el mercado negro.

La única comunidad que actualmente tiene regularizado el uso turístico de viviendas es Cataluña. Rodríguez informó de que ha habido contactos con responsables de la Generalitat para conocer su modelo de primera mano. El sistema que se aplicará en Andalucía, tanto a la cesión completa de la casa como por estancias, está en estudio. Uno de los aspectos que hay que analizar, por ejemplo, es la duración del contrato de alquiler del inmueble para obligar al propietario a su inscripción. La nueva normativa se encuentra muy avanzada y la Consejería quiere tenerla lista antes de verano.

Turismo también flexibilizará el sistema de calificación hotelera y pretende constituir mesas provinciales contra la clandestinidad con la presencia de todas las administraciones (local, autonómica y estatal, que tiene competencias en inspección de trabajo y temas fiscales). En Sevilla ya existe y la de Málaga se formará el próximo 12 de marzo. Estos foros se plantean como una especie de ventanilla única para canalizar las denuncias y propuestas encaminadas a mejorar la actividad turística.

Rodríguez destacó la importancia de que la lucha contra la clandestinidad y la competencia desleal en el sector turístico se aborde con la colaboración y coordinación de todas las instituciones públicas. Reclamó especialmente la implicación del Estado. El consejero explicó que hace dos meses pidió una reunión con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, para abordar este asunto y que aún no ha tenido respuesta. La petición se reiteró un mes más tarde sin éxito. “Cuando se gestionan recursos públicos es fundamental deslindar las posiciones partidarias de las instituciones”, aseveró.