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PP y PSOE cierran filas con sus cargos públicos acusados de corrupción

Ninguno de los implicados se plantea presentar su dimisión.

"No hay pruebas", alega el alcalde de Lugo

El gobierno coruñés critica la actuación de la juez

El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, a la derecha.
El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, a la derecha.

La Operación Pokémon provocó ayer un reguero de proclamas de inocencia y de críticas a la juez de Lugo Pilar de Lara por levantar el secreto del abultado sumario solo en parte (26 tomos). Fue la reacción coincidente en las cúpulas del PP y del PSOE, así como de sus principales cargos públicos imputados en esta trama de corrupción, como los regidores de Lugo y Santiago, o el teniente de alcalde de A Coruña. Y otra unanimidad en los dos partidos más afectados por este caso, que suma ya un centenar de imputados entre políticos, funcionarios y empresarios: no habrá más dimisiones, ni ceses en ningún ayuntamiento mientras no salga a la luz la totalidad de la investigación judicial. Tanto los mandatarios de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, como de Santiago, Ángel Curras (PP), invocaron su conciencia para subrayar que no dimitirán.

 No obstante, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, matizó horas más tarde que su partido analizará “actuación por actuación”, cuando no supongan la comisión de un delito, “para ver qué conducta se exigirá” a cada uno de sus representantes implicados en esta trama de corrupción. Aunque, como precisó el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, habrá que “esperar a conocer el conjunto de la instrucción antes de tomar las decisiones pertinentes”. No se pueden hacer “juicios paralelos con cuestiones presuntas o supuestas”, coincidió el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. “Cuando el grado de definición [del delito] no deje lugar a dudas, al PSdeG no me temblará la mano”, agregó el líder socialista sobre la posibilidad de adoptar medidas contra sus cargos salpicados en la Pokémon.

Pero, de momento, en las filas populares y socialistas, hay unanimidad en reclamar, en nombre del respeto a la presunción de inocencia, que no tengan consecuencias las revelaciones hasta ahora del sumario, con innumerables pinchazos telefónicos sobre amaños de contratas públicas al grupo Vendex a cambio de favores, regalos, sobornos o enchufes de allegados o familiares de políticos de ambos partidos. Reclamar la destitución de todo aquel cargo o funcionario que esté imputado en esta causa, como reclaman AGE y BNG, equivale a exigir que “ardan en la hoguera”, aseveró ayer en el pleno municipal de A Coruña el teniente de alcalde, Julio Flores (PP). Implicado también, además del edil socialista José Nogueira (ahora en la oposición) y una docena de cargos y funcionarios del Ayuntamiento coruñés, Flores fue el más crítico contra el levantamiento parcial del sumario “porque coloca al pie de los caballos a cien personas y da lugar a interpretaciones erróneas”, aseveró ayer durante un pleno municipal.

El teniente de alcalde coruñés incluso tachó de “francamente cuestionable” la indagación de los agentes de Aduanas bajo la batuta de la juez De Lara. Las revelaciones de los pinchazos telefónicos durante año y medio a los directivos de Vendex, el grupo empresarial en el epicentro de esta trama de corrupción, llevó en el caso de A Coruña a abrir un sumario aparte, bautizado como Pikachu y aún bajo secreto en su totalidad.

“No es muy defendible hablar de trato de favor”, se defendió Flores, cuando “se puede constatar la disminución de 16 a 5” de los contratos que el equipo de gobierno del PP mantiene desde 2011 con Vendex. Fue el único argumento que dio para defenderse de una imputación que acabará, aseguró, en sobreseimiento y archivo. Nada dijo el número dos de Carlos Negreira de los múltiples pinchazos en los que aparece exigiendo enchufes en los servicios gestionados por Vendex. El otro edil coruñés también implicado, José Nogueira, quien defendió en el pleno que se abra una comisión municipal para depurar “responsabilidades políticas”, sí admitió ante los periodistas haber pedido, pero sin éxito y estando ya en la oposición, al jefe del grupo empresarial la posibilidad de contratar a su hermana en paro.

Los alcaldes de Lugo y Santiago, al contrario de Flores, fueron, por su parte, tajantes en desmentir irregularidades o prácticas delictivas como las que aparecen relacionados en el sumario. “Ni sobres, ni sobornos, ni enchufes, ni cohecho, ni prevaricación, yo no cometí ningún delito o irregularidad, por más que se empeñen algunos”, se indignó Xosé López Orozco, informa Pepe Seijo. Escoltado por todo su equipo de gobierno, el regidor lucense, “impermeable a las maledicencias”, insistió en que “no hay pruebas” contra él, ni “nunca” aceptó sobornos. “Miente quien diga lo contrario, y tendrá que responder de sus mentiras ante el juzgado, ya di ordenes a mis abogados”, señaló para anunciar demandas por calumnias.

El alcalde socialista de Lugo se declaró “traicionado” por uno de los principales imputados en esta trama, su exbrazo derecho Francisco Fernández Liñares. No obstante, Orozco se contradijo al admitir que pudo, en algún momento y “por sentimiento”, interceder para encontrar empleo a alguna persona. “Si me llegan pidiendo ayuda, teniendo su familia en paro o viviendo cinco personas del salario de un jubilado, yo no tengo las entrañas y el corazón suficiente para decirles que no”, se defendió.

Quien también prepara acudir a los juzgados contra todo aquel que le vincule con Vendex o con enchufes en la empresa que gestiona el agua en Santiago, Aquagest, es el exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa. Niega cualquier “relación comercial o personal” con la empresa de la Pokémon durante su etapa como regidor —dimitió en abril de 2012 por un fraude fiscal— o haber tenido conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario.

“Ninguna irregularidad, ningún enchufe, tengo la conciencia tranquila”, afirmó también Ángel Currás. El actual alcalde de Santiago, el Ayuntamiento con más políticos imputados en esta trama, insistió en que si hubo alguna adjudicación apañada, como la de la guardería de Salgueriños que está bajo sospecha, fue sin su “conocimiento ni consentimiento”. Y preguntado sobre la división interna de su grupo municipal del PP, que queda reflejado en el sumario, Currás aseguró que desde que sustituyó a Conde Roa no notó “un déficit de lealtad y colaboración” por parte de los ediles de su equipo de gobierno.

 

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