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Los centros de salud respiran tranquilos

La privatización se suspende también en los ambulatorios, donde los médicos anunciaron su dimisión

Protesta de personal sanitario a las puertas del centro de salud Doctor Cirajas de Madrid en 2012.
Protesta de personal sanitario a las puertas del centro de salud Doctor Cirajas de Madrid en 2012.ÁLVARO GARCÍA

El plan privatizador de la gestión sanitaria al que esta semana ha renunciado el presidente regional, Ignacio González, no afectaba solamente a los seis hospitales de gestión mixta pública y privada inaugurados en 2008. Cuando González anunció sus intenciones, el 31 de octubre de 2012, habló también de entregar a empresas la gestión de “un 10%” de los centros de salud, es decir, de 27 de los aproximadamente 270 que hay en la región (si se suman los consultorios locales, son más de 400). La paralización del proceso supone que también los centros de salud se quedan como están.

“Dejamos en suspenso todo lo que tenga que ver con la externalización sanitaria”, aseguró González el martes a preguntas sobre el futuro de los ambulatorios. Se pone fin así, al menos de momento, a la intención inicial de la Comunidad, que quería entregar a “sociedades mercantiles” formadas preferentemente por profesionales 27 centros de salud. Centros de la red pública actualmente en funcionamiento que se vaciarían —es decir, su personal fijo se trasladaría a otros centros— para que las empresas los gestionaran con sus propios trabajadores.

La privatización de la gestión de los centros de salud nunca llegó a materializarse como con los hospitales —para estos se convocó concurso público y llegaron a adjudicarse—. Cinco meses después de que el Gobierno regional anunciara su intención tuvo que rebajar las previsiones iniciales. Ante la falta de ofertas para encargarse de la gestión de 27 centros, se limitaron a cuatro. Nunca se dijo qué cuatro serían, lo que alimentó los rumores por toda la región. Sanidad presentó en marzo de 2013 un borrador del decreto con el que iba a regular los requisitos de los trabajadores sanitarios que quisieran constituirse en sociedades. Y ya no volvió a saberse nada más.

“Creo que la consejería dejó dormir el proyecto intencionadamente. Si los hospitales hubieran salido adelante, la privatización de la gestión en atención primaria se habría reactivado”, opina José Luis Quintana, médico de familia en Getafe. La noticia de la renuncia a continuar con el plan se ha vivido en su centro “con enorme satisfacción y también, no puedo evitar decirlo, con una buena dosis de orgullo”, asegura. “El martes, en la consulta, muchos pacientes me felicitaron. ‘Por fin lo hemos conseguido, enhorabuena’, me decían. A muchos me los encontraba en las manifestaciones”, recuerda. “Al principio había dudas sobre si al parar la parte hospitalaria también se estaba suspendiendo la nuestra, pero enseguida quedó claro que se retira completamente el plan”, señala Alejandro Tejedor, también médico de familia en Getafe. “Es una gran noticia, pero no nos podemos despistar porque lo pueden volver a intentar”, añade.

Los centros de salud protagonizaron algunas de las protestas más llamativas de la marea blanca. Pocos días después de que empezaran los encierros en los salones de actos de los hospitales, sanitarios de ambulatorios de Carabanchel empezaron a pasar las noches encerrados. Enseguida se les unieron centros de toda la región. También retaron a la consejería con una medida de presión que dificultaría enormemente la gestión diaria: se plantaron con una dimisión masiva de los equipos directivos. La idea era hacer efectiva la renuncia cuando Sanidad publicara los pliegos del concurso de privatización. Un plan que murió antes de nacer.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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