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Los médicos de Madrid se plantan con una dimisión masiva

El Gobierno regional aprueba la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud La huelga obliga a aplazar más de 30.000 consultas

Foto: atlas | Vídeo: Samuel Sánchez / ATLAS

El primer plan autonómico para privatizar de golpe la gestión de varios hospitales y centros de salud pasó este jueves su primer trámite en Madrid. El Parlamento regional aprobó los Presupuestos para 2013, que incluyen las partidas que permiten ceder la gestión sanitaria a empresas. El mismo día en que la mayoría absoluta del PP votaba a favor de las cuentas que prevén la privatización de seis hospitales inaugurados en 2008 y 27 centros de salud, los sanitarios se plantaban con una medida de presión que podría paralizar la organización de los 270 ambulatorios de la región. Sus equipos directivos dimitirán en bloque para tratar de evitar las privatizaciones.

Este órdago se suma a las cuatro semanas de huelga indefinida de médicos, seis jornadas de paros totales convocadas por todos los sindicatos y cuatro mareas blancas que llenaron las calles del centro de la capital de sanitarios protestando con sus batas. Se han sucedido las cartas abiertas de sociedades científicas y colectivos profesionales que rechazan el llamado “plan de sostenibilidad” del Gobierno regional. Con la sanidad incendiada desde que se anunció el plan el día 31, la negociación está en punto muerto. La Comunidad de Madrid ha recibido propuestas de ahorro de sindicatos y el comité de los médicos, pero las ha rechazado. La privatización es la línea roja tanto para unos como para otros.

Sanidad paralizada

Las primeras tres semanas de huelga indefinida de médicos han dejado 31.000 consultas hospitalarias canceladas, que han tenido que ser reprogramadas, según datos hechos públicos ayer por la Comunidad de Madrid.

Cerca de 5.000 intervenciones quirúrgicas programadas no se han realizado. Las operaciones urgentes y las oncológicas estaban garantizadas por los servicios mínimos.

Las altas hospitalarias han caído un 41%. Se han dado 9.554 menos de lo habitual.

El hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), uno de los seis cuya gestión se privatizará, pasó de las casi 500 consultas habituales a 156 el día 10 y 232 el 13, lo que supone una reducción de hasta casi un 70% de la actividad asistencial.

“¡Sí se puede, sí se puede!”, coreaban este jueves los sanitarios reunidos en una multitudinaria asamblea en el Colegio de Médicos de Madrid. Estaban allí para decidir si seguían adelante con la propuesta de la dimisión en bloque en los centros de salud y cómo llevarla a cabo, es decir, cuántas dimisiones serían suficientes para conseguir el objetivo de presionar al Gobierno regional. El órdago no sería tal si finalmente solo daban el paso una decena de directores. Sin embargo, la carta de renuncia llevaba días redactada y circulando por los correos electrónicos de los sanitarios. Muchos de los asistentes ya la llevaban firmada cuando llegaron al anfiteatro del colegio. Las fueron dejando sobre la mesa. Mientras intervenían médicos y enfermeros —“Gracias, Lasquetty, por unirnos”, exclamó uno— y se decidía que una mayoría simple (la mitad más uno de los 270 centros, es decir, 136) sería suficientemente representativa, un recuento sobre la marcha dio como resultado que 118 centros de salud ya habían firmado.

Las cartas se presentarán el día 27 en la Consejería de Sanidad y las dimisiones se harán efectivas “a partir del mismo día de la publicación de los pliegos para externalizar la gestión de cualquier centro de salud”, reza el texto. “Por responsabilidad no lo hacemos de forma inmediata. No queremos perjudicar a los pacientes”, explicó Paulino Cubero, director de un centro en Carabanchel (Madrid). Firman las dimisiones los equipos directivos, es decir, el director médico, el responsable de enfermería y el de la unidad administrativa. También se han sumado responsables de comisiones (farmacia, vacunas, paciente polimedicado...).

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“Defendemos un modelo que da un servicio eficiente y con calidad contrastada”, decía Maribel Giráldez, directora del centro de salud Fátima, en Madrid, el primero donde hubo encierro para protestar contra el plan regional. Giráldez fue una de las personas que entró a la asamblea con su firma y la de sus compañeros ya estampada en la carta de dimisión. “Como directora estoy liberada una hora de consulta al día para ocuparme de tareas de gestión, aunque todos acabamos destinándole tiempo personal. Casi nunca me voy antes de las cinco. Cuando la dimisión se haga efectiva volveré a mi agenda normal de consultas y dejaré de recibir instrucciones de la dirección”, decía para explicar cómo se llevará a la práctica la dimisión. “La atención a los pacientes está garantizada. En esta guerra no cogemos rehenes. Obviamente no dejaremos de poner vacunas porque el responsable de vacunas dimita”, aclaró José Luis Quintana, director médico de un centro de Getafe. El objetivo es dificultar la organización y la comunicación con las instancias superiores, pero sin afectar a la asistencia.

No será la única dimisión en bloque. El jueves por la tarde, los jefes de servicio y unidad que integran la junta técnico asistencial y las comisiones clínicas del hospital 12 de Octubre acordaron presentar su renuncia a la directora gerente el viernes.

La Comunidad de Madrid hizo público el balance de consultas suspendidas e intervenciones quirúrgicas aplazadas durante las tres primeras semanas de huelga. Los servicios mínimos garantizaron las operaciones de urgencia y las oncológicas, pero toda la actividad programada se ha visto muy afectada (31.065 consultas suspendidas), lo que contrasta con los datos de seguimiento de la huelga que ha estado ofreciendo la Consejería de Sanidad, según los cuales solo uno de cada cinco médicos ha hecho huelga. Los convocantes han hablado de un 70%.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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