Más de 2.500 inmigrantes ocupan las chabolas de pueblos agrícolas de Huelva

El incendio registrado el pasado lunes en un asentamiento chabolista de Lepe (Huelva) donde residen 300 inmigrantes, en su mayoría temporeros de la fresa, ha dejado al descubierto el drama social del colectivo que malvive en chozas construidas a base de plástico y cartón.  Las organizaciones humanitarias, como Cáritas y Huelva Acoge, calculan que hay en los diferentes pueblos agrícolas de la provincia más de 2.500 inmigrantes de diferentes nacionalidades repartidos en campamentos de infraviviendas.

Una chispa procedente del fuego que uno de ellos encendió para calentar agua prendió el material inflamable y devoró 50 de las 70 chabolas que conforman el campamento de Lepe. No hubo heridos, pero las llamas dejaron a 130 de ellos sin nada. Admen y Shalam, dos de los afectados, lamentaron haber perdido cuanto tenían: “Todo, todo, no hay nada”. Calcinada quedó su documentación, el bien más preciado que certifica que pueden estar en España.

Los 130 inmigrantes afectados han pasado dos noches alojados en el polideportivo de Lepe y en sedes que la ONG Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes de Cartaya) tiene en Tariquejo (Cartaya). Aunque 60 de ellos siguen en las instalaciones deportivas, el resto ha regresado al campo para levantar, de nuevo, el asentamiento.

Cáritas y Huelva Acoge han reclamado a la Subdelegación del Gobierno que coordine un dispositivo para paliar la pérdida de los papeles de muchos de ellos. El subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera señaló que se facilitará copia de los documentos extraviados. Pero sobre el problema de los campamentos chabolistas no hay consenso.

Las administraciones, central, autonómica y local, lejos de solucionar el problema, se enzarzaron en una guerra por las competencias. El subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, subrayó que la responsabilidad del alojamiento es de los municipios freseros: “Las competencias son de los distintos ayuntamientos que tienen esos asentamientos. Ellos deben buscar los alojamientos y los lugares para acoger a estas personas”.

En este sentido, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, que fue alcalde de Lepe, precisó que “los ayuntamientos han estado ejecutando obras para viviendas sociales cuando tenían capacidad económica para ello”. González señaló que con la Reforma de la Administración Local, “las competencias de cada uno quedarán más claras” y subrayó que las competencias en esta materia son de la Comunidad Autónoma. "Es la Junta de Andalucía la que tiene que dar una respuesta exhaustiva a la situación en la que malviven cientos de inmigrantes”, afirmó.

El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, replicó recordando que la Administración Autonómica dio ayudas para un centro de temporeros que está a medio hacer. “Ya está bien de engañar a la gente. El Ayuntamiento de Lepe recibió una subvención de 300.000 euros para construir un albergue para inmigrantes y tuvo que reintegrarlo a la Consejería de Innovación porque no lo construyó, porque empleó el dinero en otras cuestiones que el Ayuntamiento sabrá”, subrayó Fiscal.

El portavoz de Cáritas, Gonzalo Revilla, afirmó que en este tema “llueve sobre mojado” y conminó a todos a tratar de buscar una solución “compartida”.