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La corrupción institucional entierra al exconsejero valenciano Rafael Blasco

El juicio del fraude en las ayudas a la cooperación liquida al correoso político del PP

Rafael Blasco, en medio del banquillo de acusados.

La expresión de Rafael Blasco, ocho veces consejero de la Generalitat Valenciana y hasta hace poco portavoz del PP en el Parlamento autonómico, cambió hacia la mitad del interrogatorio al que el fiscal le sometió el jueves pasado, en la tercera sesión del juicio del caso Cooperación, el millonario desvío de ayudas al Tercer Mundo. La cara de Blasco, conocido por no perder la compostura ni en los momentos más difíciles, se ensombreció a los pocos minutos de reanudarse la vista después de un breve receso. Como si supiera que estaba perdido.

La confianza que el correoso político del PP valenciano, ahora apartado como diputado no adscrito en el Parlamento autonómico, ha tenido siempre en sí mismo ha acabado precipitando su caída. Esa seguridad le llevó a seguir saqueando aparentemente los fondos de cooperación al desarrollo en 2010 y 2011, cuando era público que la fiscalía investigaba su gestión.

‘Caso Cooperación’

Ayuda al desarrollo. Los acusados (nueve en la pieza que se juzga ahora, 30 en toda la causa) desviaron presuntamente ocho millones de euros de proyectos de cooperación. Lo que ahora se juzga es el desvío para comprar pisos de 1,8 millones en ayudas a Nicaragua.

Un equipo. Acompañan a Rafael Blasco en el banquillo cinco altos cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que él dirigía. Todos lo habían seguido por otras consejerías y trataban con confianza al jefe de la parte civil de la trama, Augusto César Tauroni.

Delitos y penas. La fiscalía pide para ellos hasta 14 años de cárcel por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad. La propia Generalitat valenciana, personada como acusación, pide 11 años de cárcel para Blasco. 

Esa confianza permitió que la policía le interceptara, pese a su tendencia a hablar desde cabinas telefónicas, comprometedoras conversaciones con el presunto jefe de la parte civil de la trama, Augusto César Tauroni. Y esa confianza facilitó que los agentes grabasen el escaso aprecio con el que los miembros de su supuesta banda se referían a los países destinatarios de los proyectos de cooperación que gestionaban, a los que llamaban “Negrolandia”, así como a sus beneficiarios: “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”, se les oye decir.

La primera pieza del caso Cooperación está centrada en el desvío de 1,8 millones de euros que, en su mayor parte, debían haber financiado proyectos agrícolas en Nicaragua y terminaron invertidos en pisos y plazas de garaje. El exconsejero ha intentado presentarse en el juicio como un hombre ingenuo. “Yo, corazón de buen alma, di por buena la tramitación del expediente. Nadie de la consejería me manifestó que hubiera irregularidades”, afirmó.

La fiscalía ha contrastado esa imagen con evidencias de que las alarmas administrativas ante el fraude no solo sonaron, sino que Blasco presionó presuntamente a sus subordinados para que dieran vía libre al pago de los fondos.

Tampoco ha funcionado su intento de negar que tuviese una relación “personal, ni de amistad, ni de confianza”, sino meramente profesional, con Tauroni, al aportar Anticorrupción mensajes y conversaciones, mantenidas a veces a horas intempestivas o en fin de semana, en los que comentan: “Ánimo, que de peores hemos salido”. O, entre risas: “Ya sabes que yo lo que quiero es acabar contigo de alcalde de Nueva York”.

Es difícil, además, imaginar a Blasco como un incauto. La persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano fue expulsado por los socialistas en los ochenta, acusado de cobrar comisiones por recalificar terrenos. Blasco fue juzgado y absuelto después de que se anularan las escuchas en las que se asentaba el sumario. Pese a su historial, el expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana lo recuperó a mediados de los noventa. Según declaró hace unos días el actual líder socialista valenciano, Ximo Puig, Zaplana lo fichó con el objetivo de “destruir al PSPV-PSOE”, al que conocía bien y que inició por entonces una etapa en la oposición que dura dos décadas.

La confianza que siempre ha exhibido ha precipitado su caída

Blasco sabe que, pase lo que pase en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, su carrera política ha terminado. Como le ocurrió al expresidente Francisco Camps con el juicio de los trajes, pese a su absolución por un jurado, pero con agravantes. La misma Generalitat pide para él 11 años de cárcel. El PP lo ha expulsado de sus filas, tras mantener un pulso al presidente Alberto Fabra. Está a punto de cumplir 70 años. Y tiene garantizado pasar algunos más entrando y saliendo del juzgado.

Lo que se enjuicia estos días es una parte del caso Cooperación. Pero Blasco está imputado por otros cinco delitos —malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental— en la segunda y más amplia parte de la causa, que investiga en total el desvío de ocho millones de euros. La trama, con Blasco como supuesto “director”, se habría apropiado de los fondos para decenas de proyectos de cooperación, que debían combatir la violencia sexual contra niños, prevenir el sida o garantizar la seguridad alimentaria en países de África, América Latina y Asia. La pieza también incluye el supuesto plan para apropiarse de cuatro millones más que la Generalitat iba a destinar a construir un hospital en Haití, país devastado por el terremoto de 2010.

Todo ello con Tauroni como socio, según la investigación. Un empresario al que Blasco empezó a dar contratos como consejero en 1999 y no paró hasta salir del Gobierno valenciano, en 2011. Un gran defensor de la economía de mercado que, en una presentación de su grupo escuchada por la policía, se congratulaba de haber desarrollado un negocio “rentable en tiempos de crisis”.

De línea albanesa a expulsado del PP

Rafael Blasco comparte un rasgo con José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja y del Banco de Valencia: su notoriedad ha estado casi siempre por debajo de su poder.

Blasco inició su carrera política en la extrema izquierda, en organizaciones maoístas partidarias de la línea albanesa de Enver Hoxa, antes de evolucionar hacia el PSPV-PSOE.Nadie ha integrado tantas veces el Gobierno valenciano. Y pocas personas han marcado tanto el rumbo de la comunidad autónoma como él, autor entre otras cosas de la ley que definió el desenfrenado urbanismo valenciano. Pero nunca ha sido candidato. Siempre ha trabajado en la segunda línea. Haciéndose imprescindible para la mayoría de presidentes.

Lo fue para el socialista Joan Lerma (1983-1995), que lo expulsó del Gobierno y del partido por las sombras de corrupción. Lo fue para el popular Eduardo Zaplana (1995-2002). Y para su sucesor Francisco Camps, que en su última etapa, asediado por su implicación en el caso Gürtel que le llevaría a dimitir en 2011, lo nombró simultáneamente consejero de Solidaridad (desde donde controlaba la cooperación), consejero de Justicia y portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

Alberto Fabra, actual presidente autonómico, no lo destituyó como portavoz parlamentario hasta que fue imputado en el caso Cooperación, en 2012. Y no forzó su salida del Grupo Popular hasta que la Abogacía de la Generalitat pidió 11 años de cárcel para él hace unos meses. Ahora está en el grupo de no adscritos. Y pocos creen que vaya a dejar el escaño, aunque sea condenado, mientras pueda recurrir.