La privatización sanitaria de Madrid seguirá suspendida cautelarmente

Los planes del presidente madrileño, Ignacio González (PP), para privatizar la gestión de seis hospitales públicos van a seguir congelados, probablemente al menos durante meses. Así lo han decidido los 43 magistrados que han acudido al pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al que estaban convocados para deliberar sobre siete recursos presentados por asociaciones, sindicatos y oposición en contra del proyecto regional. Los jueces han acordado en apenas unas horas y por mayoría devolver los recursos a sus secciones de procedencia.

Según fuentes jurídicas, ha habido mucha discusión y se han anunciado votos particulares a la decisión, que supone un espaldarazo a la suspensión cautelar del proceso, en vigor desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional.

La decisión de los 43 magistrados ha sido recibida con sorpresa en el ámbito sanitario: se esperaba que se pronunciaran sobre los recursos en uno u otro sentido, pero no que los devolvieran a los juzgados correspondientes. Se trata de un varapalo para González, pero también para el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, que fue quien decidió avocar al pleno —someter un asunto a consideración de todos los magistrados de una sala— el caso de la privatización al considerar que las dos secciones que concentran los siete recursos (tercera y octava) tomaron decisiones que “resultan o pueden resultar contradictorias”.

Elevar la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Los socialistas recusaron a Martínez Tristán porque consideraban que estaba demasiado relacionado con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid— como para ser imparcial. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.

Con este magistrado ya fuera de la Sala —fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, cargo que requiere exclusividad; le ha sustituido Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala—, sus excompañeros han tumbado su decisión. Aseguran que entre las dos resoluciones a las que aludió Martínez Tristán no existe contradicción, según fuentes jurídicas, es decir, que no había motivo para avocar a pleno los asuntos. El recurso de la asociación de médicos AFEM en la sección tercera pedía la anulación de un acto administrativo. En cambio, el caso que se seguía en la octava era un recurso especial de protección de derechos fundamentales instado por CC OO y que fue inadmitido.

Al enviar el asunto de nuevo a la sección tercera, será esta la que decida si levanta la suspensión, como le pide el Gobierno regional, o la mantiene, como defiende AFEM y todas las organizaciones que han apoyado en el último año la marea blanca de protesta contra la privatización de la gestión sanitaria.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que la decisión de los magistrados no supone ningún “golpe” para el Gobierno regional y ha pedido a los jueces que “resuelvan con rapidez” los recursos y que se disipe la “incertidumbre”, informa José Marcos. Ribera Salud, una de las tres empresas concesionarias de los centros (junto con Hima San Pablo y Sanitas), ha afirmado que lamenta “profundamente que continúe esta situación de incertidumbre que no favorece a nadie”. Las empresas están personadas en los procedimientos judiciales por considerarse perjudicadas.

Los hospitales fueron adjudicados, con la oposición en bloque de todos los partidos excepto el PP, sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios, en agosto pasado. Las empresas no llegaron a tomar posesión, porque distintos juzgados empezaron a decretar la suspensión cautelar del proceso en septiembre.

“Estamos convencidos de que en esta legislatura no se va a poder proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño, así que recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que lo incorpore al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan”, ha señalado Tomás Gómez. En su opinión, la decisión adoptada por el pleno del TSJM “desautoriza” a Martínez Tristán como su “inspirador”. Fuentes del PSOE han afirmado que haber avalado la designación de Martínez Tristán para ser vocal del Poder Judicial fue una decisión positiva porque supuso apartarle del caso. En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que la decisión judicial de hoy implica que el proceso de privatización de la sanidad "está muerto".

Fátima Brañas, portavoz de AFEM, ha expresado a Efe su satisfacción: “Si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que estas continúen con su trabajo”. “La constitución de una sala especial para tratar estos asuntos era una decisión absolutamente anómala, así que la decisión nos parece razonable y justa. Significa que se va a preservar un sistema de gestión pública más barato y más eficaz”, ha señalado el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle. "Nos parece una decisión absolutamente razonable y justa", ha asegurado el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra.

A las puertas del TSJM en la calle General Castaños se han concentrado, en coincidencia con el inicio del pleno y convocados por la plataforma Sanidad en Lucha bajo el lema No es de Justicia privatizar la sanidad, un centenar de personas en defensa de la sanidad pública que pedían a los magistrados que defendieran los "derechos básicos" de la ciudadanía.