La justicia paraliza la privatización de los seis hospitales madrileños otra vez

Un juzgado falla "por derechos fundamentales" la suspensión cautelar del proceso

Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas tenían ya adjudicada la gestión de los centros

La Consejería de Sanidad anuncia que recurrirá el auto

Protesta por la sanidad pública del pasado diciembre en Madrid. / ULY MARTÍN

Segundo varapalo judicial al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Madrid ha paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” el cambio de titularidad que el Gobierno regional de Madrid impulsó en los centros a lo largo del último año y culminó en agosto pese a tener varios procesos judiciales abiertos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el mismo proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación para presentarlo por no ser un afectado directo. La denuncia que ahora ha considerado un nuevo juzgado proviene de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que justificó la petición de una suspensión cautelar en “la imposibilidad de revertir el cambio de modelo”.

Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). Un portavoz regional señaló ayer que estudian interponer un nuevo recurso porque este último fallo procede de un órgano “inferior jerárquicamente al TSJM”. El juez de lo Contencioso ha acordado mantener esta medida hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”.

Sanidad culminó el 19 de agosto el proceso de adjudicación con tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo) tras 10 meses de conflicto laboral, político y social y 22 jornadas de huelga. Se suspendieron 8.000 cirugías y 76.000 consultas, según datos de la Comunidad de Madrid.

Según recoge el auto, del magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”. El juez considera que la “magnitud” del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”.

Los contratos tienen una duración inicial de 10 años, lo que “hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”, admite el magistrado. En los seis hospitales trabajan un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la Consejería de Sanidad.

El juez considera que el proceso de privatización “resulta una incógnita en el momento actual” y acusa a los responsables de la Administración regional madrileña de asumir “sin más su incompetencia para gestionarlo [el servicio sanitario de los seis hospitales] con mayor eficiencia”.

“Es una buenísima noticia, estamos muy satisfechos porque ha sido precisamente una suspensión por un recurso por defensa de derechos fundamentales”, declaró ayer Fátima Brañas, portavoz de AFEM. “La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino que además generaría desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que recibirían los madrileños y por tanto una discriminación”, añadió.

Los tres partidos de la oposición en la región (PSOE, IU y UPyD) festejaron ayer la decisión judicial, que asume en parte la paralización del proceso que reclamaron todos en el debate sobre el estado de la región que se celebró ayer en la Asamblea de Madrid. El fallo “prácticamente hace inviable la privatización este año. Había poderosas razones para paralizar este proceso”, manifestó el diputado socialista José Manuel Freire. “El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa para no paralizar este proceso”, añadió Rubén Bejarano (IU). “Esperamos que la Comunidad de Madrid renuncie totalmente a un proceso lleno de irregularidades”, sentenció Enrique Normand (UPyD).

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