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UGT afronta un convulso relevo de su cúpula sin un candidato claro

Ningún cargo se ha postulado como secretario general para evitar una gestora

Javier Martín-Arroyo
El secretario general en funciones de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, rodeado de agentes de la Guardia Civil durante el registro de la sede el pasado 19 de diciembre.
El secretario general en funciones de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, rodeado de agentes de la Guardia Civil durante el registro de la sede el pasado 19 de diciembre. PACO PUENTES

El sindicato UGT decide este jueves su futuro después de cerrar su peor año. El comité extraordinario que celebra debe optar por una aparente continuidad o una ruptura radical con el pasado. Es decir, por elegir un líder afín a la actual cúpula dispuesto a coger el timón, u optar por una gestora que lleve a la central a un congreso extraordinario en primavera, y renovar toda su dirección. Todo apunta a que la solución se decidirá en el último momento, ya que los negociadores sudan sangre para garantizar los apoyos necesarios (del 66% de los delegados) para un candidato.

El año pasado se ha cerrado tras la salida de dos secretarios generales, el histórico Manuel Pastrana y su sucesor Francisco Fernández Sevilla, la crisis de las facturas falsas por gastos inconvenientes imputados a las ayudas de la Junta, y un reciente registro policial. El prestigio de la mayor central andaluza atraviesa momentos muy bajos y enderezarlo se asemeja a una labor titánica.

“No hay conclusión previa. Está completamente abierto y se puede resolver en el último minuto. El candidato debe disponer del visto bueno de los organismos y luego que pueda nuclear a un equipo a su alrededor. Son circunstancias complicadas. Se barajan nombres pero ninguno en concreto”, ilustra un secretario de la comisión ejecutiva que pide el anonimato. “Presentarse y no salir es un fiasco”, puntualizan fuentes cercanas a la dirección.

El jueves acuden 112 delegados al comité extraordinario y lo habitual es que sigan las directrices impuestas por los secretarios generales de las ocho uniones provinciales y de las ocho federaciones, que llevan semanas negociando posibles alianzas mientras descartan y consensúan nombres. Y la clave puede estar en el peso de estas federaciones, que aglutinan a cada sector. Mientras que la más numerosa del sector público (FSP) se decanta por nombrar un candidato y cerrar la crisis cuanto antes, el metal y construcción (MCA) apoyará la creación de una gestora, por lo que la federación de industria y los trabajadores agrarios (FITAG) puede tener la llave que aclare el panorama.

Pero la crisis es tan grave que romper la disciplina de voto es una opción muy probable, aunque la votación es a mano alzada y la mayoría de delegados no quiere quemarse. A no ser que alguno de ellos pida el voto secreto.

A pesar de que el secretario general en funciones, Manuel Ferrer, se desmarcó de la carrera hace solo un mes, ahora algunas fuentes aseguran que podría postularse a última hora. “No tengo ninguna aspiración. Mi misión es llevar a la organización hasta el 9 de enero y no tengo nada que proponer”, aseguró el pasado 1 de diciembre. Ahora estas fuentes recuerdan: “Los ojos siempre miran hacia el secretario de organización. Es una tradición”. Ayer Ferrer rechazó aclarar a este diario si alberga intenciones de liderazgo.

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La renovación de la cúpula en Andalucía, la federación con más peso en todo el país con 200.000 afiliados, es seguida muy de cerca por la dirección estatal. Y Madrid apuesta por nombrar una gestora para romper con el pasado e iniciar una nueva etapa sin lastres. Sin embargo, es solo una recomendación, ya que la autonomía de la federación andaluza es clara. Y las tensiones entre Madrid y Sevilla durante los últimos meses han sido muy graves, hasta el punto de que la llamada del secretario general Cándido Méndez precipitó la salida de Fernández Sevilla. “O es el congreso o seguiremos en el desprestigio”, ilustran fuentes de la confederación estatal, informa Manuel V. Gómez. Si saliera la gestora, estaría presidida por Javier Cubillos, secretario de organización de la comisión ejecutiva confederal, lo que Andalucía interpreta como una injerencia.

El sector crítico con la cúpula actual trabaja para alcanzar dicha gestora y lograr tiempo para encontrar un candidato sin vinculación con el pasado. “Evitar una gestora provocaría que todo el mundo siga pensando mal de UGT y seguir alargando la agonía. Hay que sacar a todos los que tuvieron que ver con Pastrana por higiene democrática”, opina Germán Domínguez, exsecretario de Formación. Ana Pérez Luna, exsecretaria de la Mujer, censura la deriva de la carrera por el liderazgo: “Lo que más me duele es que no existan propuestas de modelo de sindicato o líneas de actuación, sino una lucha de poder interno por poner a uno u otro”. Sea cual sea el resultado, el liderazgo para enderezar el rumbo parece un camino con mil baches.

La gestión de la central, sin papeles

A la crisis de imagen que sufre UGT se suma la coyuntura financiera por el estado de sus cuentas. Y con este panorama, el registro policial de la sede que ordenó la juez Mercedes Alaya hace 15 días ha provocado aún mayores dificultades en la gestión del sindicato, debido a la ingente documentación que se llevaron los agentes de la Guardia Civil.

“En los procesos de revisión de la Junta en ocasiones se nos requiere un documento pero no lo tenemos. Y es que la liquidación de un expediente ordinario voluminoso tarda hasta tres años”, explican fuentes de la dirección actual. Los abogados de la central estudian ahora los requerimientos al juzgado para obtener parte de la documentación requisada en Sevilla y Córdoba, y así cumplir con la rendición de cuentas ante la Administración.

Sobre UGT pesa la reclamación de la Junta de Andalucía para que devuelva 1,8 millones gastados de manera supuestamente inconveniente, ya que no correspondían a los conceptos subvencionados. Y estos 1,8 millones podrían elevarse a 7,5 millones, cantidad total de los 17 expedientes de reintegro abiertos por el Ejecutivo autónomo.

El equipo que responde a la Junta elabora las memorias que den respuesta a las reclamaciones de la Administración, un trabajo complejo en el que están puestos muchos ojos. Mientras, una comisión de investigación interna analiza los expedientes, sin que la dirección haya ofrecido a los medios sus conclusiones provisionales.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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