La juez imputa al alcalde de Santiago por supuesta persecución a un policía
Pinchazos revelan un plan para montar una denuncia falsa contra el funcionario
Las conversaciones intervenidas a concejales y cargos del Ayuntamiento de Santiago por la juez de Lugo Pilar de Lara que investiga la Operación Manga —una supuesta red corrupta que amañaba contratos en distintos ayuntamientos españoles, también en Santiago— ha dado un giro a otra investigación en la que están incursos el actual alcalde compostelano, Ángel Currás, y su antecesor, el dimitido Gerardo Conde Roa, acusados ambos de perseguir a un funcionario de la policía municipal y de relegarlo en el escalafón. Los dos vuelven a estar imputados por la juez que investiga la denuncia que presentó contra ellos el trabajador municipal.
La instructora de este segundo caso, Ana López Suevos, dictó el pasado 19 de noviembre un auto que deja sin efecto su resolución anterior (con fecha de 8 de octubre) en el que levantaba la imputación de Currás, de Conde Roa (dimitido en 2012 tras descubrirse un fraude fiscal de 291.000 euros) y de la que fue jefa de área de seguridad del Ayuntamiento María del Mar Hinojosa.
Los pinchazos telefónicos del sumario Manga que han motivado el vuelco al segundo caso revelan un plan urdido por el exconcejal de Seguridad Albino Vázquez Aldrey (imputado en ambas operaciones), la exjefa de área de su departamento María del Mar Hinojosa y el exedil y antiguo asesor de Conde Roa Angel Espadas, para “trincar” a un cargo de la policía local incómodo para el Gobierno del PP, José Manuel Carril. Según figura en las transcripciones del Servicio de Vigilancia Aduanera remitidas al juzgado de Santiago, el entonces edil Albino Vázquez Aldrey pactó con la jefa de área de seguridad que un viejo conocido del partido, el exedil Ángel Espadas, realizase una llamada anónima a la policía municipal para denunciar que Carril se encontraba en su domicilio particular, fuera de su jurisdicción, en pleno horario de trabajo.
En la conversación clave, captada por la policía el 24 de mayo de 2012, Hinojosa cuenta a su jefe, el entonces concejal Vázquez Aldrey, que tiene “trincado a Carril” porque lo han descubierto en su casa en plena jornada laboral. Hinojosa pide directamente que se falsee una denuncia que permita después abrirle un expediente al funcionario municipal. Y encarga a Vázquez Aldrey que “alguien sin identificar llame desde una cabina a la centralita de la policía local, que diga que vieron un coche de la policía local, un Laguna en una casa en Biduido [fuera del término municipal de Santiago]”. Y añade que necesita “tener esa llamada registrada”. La transcripción de los pinchazos prueba que Aldrey encomienda esa tarea a Espadas, pero finalmente el plan se desbarata cuando el policía municipal cambia de ubicación.
En otras conversaciones grabadas por la policía, el entonces edil Vázquez Aldrey explica al regidor, Ángel Curras, aludiendo al caso del policía local, que “eso viene de atrás y que el anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, tenía un especial interés en el tema”.
A la vista de estas nuevas revelaciones, la juez, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido retrotraer el caso a la fase de diligencias previas y mantener la imputación de todos los acusados en un primer momento: los dos últimos alcaldes de Santiago, Ángel Currás y Gerardo Conde Roa, la anterior coordinadora de seguridad, María del Mar Hinojosa, y del exedil Albino Vázquez Aldrey, que nunca dejó de estar imputado. Además, la instructora pide sumar a esa lista a Ángel Espadas, por prestarse a colaborar en la estrategia contra el policía municipal, que acabó presentando una denuncia contra todos sus superiores. En su querella, el funcionario alega que fue perseguido por los cargos políticos del Ayuntamiento, a los que acusa de prevaricar por relegarlo en el escalafón al impedirle ejercer como jefe de la policía local (en los períodos de vacaciones del titular) pese a que era el de mayor rango, tal y como exige la Lei de Policía de Galicia.
La capital se abona al escándalo
El caso que investiga la juez Ana López Suevos tiene antecedentes en otros dos escándalos anteriores protagonizados por cargos del Partido Popular en Santiago. El primero fue el atestado policial que desveló en 2011 que el entonces concejal y mano derecha de Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, había dado positivo en un control de alcoholemia tras ser sorprendido por la guardia civil dormido y ebrio al volante de su coche ante un semáforo. La Guardia Civil trasladó la denuncia a la policía local, que tiene las competencias de tráfico en el término municipal, que arrestó al edil.
Ahí empezó, según la denuncia de Carril, su enemistad con los dirigentes del PP. Según el relato de este policía, el entonces candidato, Gerardo Conde Roa, le pidió sin éxito destruir ese expediente y cuando llegó al poder inició una persecución contra él, que incluyó relegarlo en el escalafón y “graves insultos”. Ese es el origen, según el policía municipal, de sus problemas tras el cambio de gobierno y la llegada de Conde Roa a la alcaldía.
En mayo de 2012 cuando el entonces edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, estaba urdiendo el plan para apartar al policía local, su teléfono estaba pinchado por la juez de Lugo que indagaba sobre un supuesto amaño de contratos en Santiago en la Operación Manga. El hilo de una investigación llevó a la otra.
El sumario Manga sigue en marcha y en él Vázquez Aldrey figura imputado por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Evitó la prisión tras pagar una fianza de 15.000 euros. Acusado de los mismos delitos, Espadas pasó varios meses en la cárcel. Ambos están a la espera de juicio. De los 13 ediles del PP en Santiago, 10 están imputados y dos, incluido el anterior alcalde, tuvieron que dimitir por delitos de corrupción. El actual regidor vuelve a estarlo desde ayer en dos causas diferentes.
