Imputados por prevaricación siete concejales del Ayuntamiento de Santiago

Los ediles aprobaron pagar los gastos de defensa a su compañero Adrián Varela

Diez de los 13 concejales en activo del PP en el consistorio de la capital están imputados

Casi no hay semana sin sobresalto judicial para el gobierno de Santiago. Y el último ha sido una imputación masiva: los siete concejales miembros de la Junta de Gobierno Municipal, todos del PP, han sido acusados formalmente de prevaricación por acordar que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon.

 La fiscalía de Santiago, tras recibir la denuncia de un particular, ha acordado querellarse contra los miembros de la Junta de Gobierno, citados ya a declarar como imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, Ana López-Suevos. Con este nuevo episodio, 10 de los 13 concejales del PP en Santiago —incluido el alcalde, Ángel Currás— están imputados en los tribunales. Uno de ellos, Juan de la Fuente, acumula dos imputaciones. Y además también pesan cargos en dos causas distintas contra el exconcejal Albino Vázquez Aldrey, que dimitió tras ser detenido en la Operación Pokémon. Por este último asunto permanece imputado el que fue alcalde durante el primer año de legislatura, Gerardo Conde Roa, recientemente condenado a dos años de cárcel por un fraude fiscal de 291.000 euros, un asunto que le forzó a dimitir en abril de 2012.

El nuevo acto del interminable vodevil judicial del gobierno de Santiago se remonta al pasado 30 de mayo, cuando la junta de gobierno acordó asumir los gastos que le acarrease al edil de Deportes, Adrián Varela, su defensa tras ser imputado en el caso Pokémon, que investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratas públicas en varios ayuntamientos gallegos. Los concejales tomaron su decisión tras conocer un informe del secretario municipal que señalaba que el pago del abogado de Varela sería legal siempre que este no fuese condenado, de acuerdo con la doctrina de una sentencia del Tribunal Supremo de 2002.

El gobierno local ocultó a la opinión pública el contenido de ese acuerdo de la junta. Cuando, un mes más tarde, el asunto trascendió a los medios de comunicación, Varela renunció a que el Ayuntamiento le pagase su defensa. Pero un particular denunció los hechos a la fiscalía, que decidió presentar una querella. Según fuentes del ministerio público, la junta de gobierno no podía asumir los gastos del abogado del concejal hasta que este fuese absuelto, como estipula la sentencia del Supremo a la que alude el secretario en el informe que sirvió de base para tomar el acuerdo. La querella ha sido tramitada por la juez López-Suevos, que ha dictado un auto llamando a declarar a los siete ediles como imputados. La portavoz del gobierno local, María Pardo —una de las implicadas— ha acusado a la magistrada de “persecución política”, pese a que la propia López-Suevos acaba de sobreseer otra causa contra el alcalde Currás y Conde Roa.

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