Dos ex altos cargos imputados exigen a Alaya que anule sus declaraciones
Los antiguos directores de Presupuestos acusan a la juez de ocultarles un informe
“Una grave indefensión”. Es el argumento clave utilizado por los ex directores generales de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera para exigir a la juez Mercedes Alaya la anulación de sus declaraciones como imputados. Los dos ex altos cargos del Ejecutivo autónomo han presentado un escrito ante la instructora del caso ERE para que se anulen sus comparecencias realizadas hace dos meses, y por tanto sean repetidas en el juzgado.
La razón esencial para solicitar la nulidad de las actuaciones de Alaya es que los imputados acusan a la juez de ocultarles un informe clave sobre las transferencias de financiación, la herramienta que la Junta usó para pagar los ERE. El ex interventor delegado en Empleo Juan Luque entregó dicho informe en el verano de 2012 durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil, y se remitió a la magistrada el 27 de junio de 2013. Sin embargo, Alaya tardó tres meses en trasladarlo a las partes y les informó en una providencia de que había recibido el oficio “el pasado 30 de septiembre”. La evidencia de que la juez dispuso del informe dos meses antes de esa fecha es que el 25 de julio formuló una pregunta al ex interventor general Manuel Gómez sobre la declaración de Luque.
Tras estos hechos, ahora los ex altos cargos de la Junta alegan que durante su declaración su defensa se ha visto mermada al no disponer del informe que aportó Duque hace ya un año y medio.
“La juez continuó realizando diligencias sin entregar dicha documentación a las partes (...) A los señores Lozano y Aguilera les produjo una grave indefensión (...) se les privó de la posibilidad de preguntar sobre dicha documentación (...) también de la posibilidad de utilizar el contenido de dicho documento en sus alegaciones”. La defensa de ambos imputados estima que además de sus declaraciones, la juez debería anular asimismo la comparecencia del ex interventor general Manuel Gómez, dado que el letrado de los dos altos cargos “no pudo hacerle [al exinterventor] ninguna pregunta”, según el escrito del abogado José María Mohedano.
Los ex directores generales de Presupuestos defienden que la juez ha vulnerado de manera “grave” el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al impedirles conocer las actuaciones “e intervenir en todas las diligencias del procedimiento”, ya que sobre el informe no pesaba ningún secreto de actuaciones.
La importancia del informe aportado por Luque reside en que está firmado por dos ex interventores generales como Gómez y Rocío Marcos, además del interventor adjunto Luis Hijonosa y el propio Luque. El informe juzga el uso de las transferencias de financiación como “una cuestión técnicamente, no pacífica, muy controvertida, y en todo caso, teórica puesto que es la ley de Presupuestos la que define el mecanismo de financiación, lo que excluye cualquier decisión sobre la corrección del mismo”.
¿Qué supone esta tesis firmada por cuatro cargos destacados de la Intervención General? En cierto modo, un respaldo a los argumentos de la Junta, que frente al criterio de Alaya defiende que el uso de las transferencias de financiación no pudo ser ilegal ya que estaban amparadas por la Ley de Presupuestos, aprobada cada año por el Parlamento.
Al tratarse de una cuestión tan técnica que probablemente dilucidará el Tribunal Supremo tras la instrucción, los argumentos de los interventores sobre las transferencias de financiación tienen su peso en oro. De ahí que Lozano y Aguilera reclamen la repetición de sus declaraciones y la de Gómez, lo que supondría un retraso añadido en una instrucción, la que atañe a la financiación de los ERE, ya muy prolongada. Ambos ex altos cargos recuerdan que el mecanismo de pago de los ERE supone la columna vertebral de la imputación de los 20 altos cargos de la Junta entre los que ellos se encuentran.
El calendario de acusados se reactiva
La juez Mercedes Alaya inicia hoy una nueva ronda de declaraciones de imputados tras un breve paréntesis. Al Juzgado de Instrucción 6 acuden hoy el director de la cadena hotelera de Rumasa, varios intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) y un sindicalista que figuró como presidente del comité de empresa de la factoría de ABB en Córdoba.
Los intrusos en el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) José Antonio Cuevas y Claudio Sendino serán los primeros en comparecer ante la magistrada. A continuación, está citado Carlos Miranda, el director de la división hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador de la empresa Europa Center. Debido a las ayudas públicas por 3,5 millones están imputados los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Javier y Pablo, aunque ninguno de los dos ha comparecido aún ante la juez.
Los negocios y ERE de las empresas de la familia Ruiz-Mateos están investigados por la Guardia Civil desde el comienzo de la instrucción dado el papel relevante que desempeñó para ellos el intermediario Juan Lanzas. La familia Ruiz Mateos abonó diferentes comisiones (600.000 euros por cada ERE) a Lanzas dada su relevancia como enlace entre los sindicatos y la Junta, que subvencionaba los ERE de las empresas del grupo Rumasa.
Las declaraciones ante Alaya continuarán el viernes con José Manuel Casado, expresidente del comité de empresa de ABB, detenido el pasado octubre en la segunda fase de la Operación Heracles, informó Efe. Su hermano Francisco Casado resultó asimismo imputado por mantener "relaciones comerciales ficticias" con las empresas vinculadas a Lanzas.
Además, el viernes comparecerá Cristóbal Martínez, uno de los seis amigos o "compromisos" del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que fueron prejubilados sin haber trabajado en las empresas beneficiadas por la Junta, según la Guardia Civil. Entre estas seis personas figuran la suegra de Guerrero, dos vecinos suyos, un amigo personal y un exalcalde de su pueblo El Pedroso (Sevilla).
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