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Fabra considera que el cierre es “innegociable” por falta de dinero

El presidente se escuda en la educación y la sanidad para justificar su decisión

La directora general dimite y arrastra a los consejeros del PP en el ente

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El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presentó este miércoles la decisión de cerrar Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) como una medida “innegociable”. Fabra justificó su decisión con el argumento de que la Administración valenciana no dispone de los 40 millones necesarios para readmitir al millar de empleados despedidos de Canal 9 tras anularse el ERE realizado.

Con los empleados de RTVV concentrados a las puertas del Palau de la Generalitat y el sonido de las bocinas y los gritos de protesta, Fabra compareció para explicar, personalmente, por qué ha decidido convertirse en el primer presidente autonómico que cierra una televisión pública. El presidente valenciano argumentó que para asumir el coste de la readmisión de los empleados de RTVV sería necesario quitar dinero de las partidas destinadas a sanidad, educación y bienestar social. Una línea roja que Fabra aseguró que no piensa cruzar. “No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener RTVV”, sentenció.

En su comparecencia, el presidente valenciano admitió que había consultado su decisión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esas conversaciones, Fabra aseguró que no reclamó ayuda para evitar el cierre de RTVV.

El Gobierno valenciano sufre desde 2011 graves problemas de financiación. Una situación que ha llevado al presidente Fabra a paralizar durante dos años la construcción de hospitales o a cerrar escuelas rurales. Aunque ello no ha impedido que la Generalitat asumiese el año pasado casi 47 millones de deuda generadas por Valmor —la empresa privada que gestionaba el premio de F-1 de Valencia— o que haya preparado un concurso para poner en marcha el aeropuerto de Castellón por el que la Administración valenciana pagará 25 millones en diez años.

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En su explicación, Fabra responsabilizó a los sindicatos y a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, del cierre de los medios de comunicación públicos. A los primeros, por negarse a asumir la gravedad de la situación. Y a la segunda por repescar a 186 técnicos para evitar ir a fundido a negro de Nou (antes Canal 9). Una decisión que, según el Ejecutivo de Fabra, ha sido determinante en la nulidad del ERE.

Alberto Fabra explicó que el coste del cierre se comerá los casi 70 millones presupuestados para RTVV en 2014 y anunció la inminente dimisión de Vidal. “La directora general no va a asumir el proceso de cierre”, sentenció.

Ya entrada la tarde, tras una jornada de programación especial en Canal 9 dedicada a criticar la decisión del cierre, Vidal, que ya había dicho que se iba, presentó su dimisión. Y con ella, todo su equipo.

Vidal, que accedió al cargo el pasado mes de abril, atribuyó su renuncia a la “falta de confianza” del Gobierno valenciano, al que acusó de “haber faltado a la verdad” en el comunicado con el que el pasado martes por la tarde, se anunció el cierre de RTVV. El presidente de la Generalitat —que reiteró su confianza en el vicepresidente, José Ciscar, pese a que fue quien diseñó el proceso de reconversión de los medios de comunicación autonómicos— ha tratado de desviar la atención hacia Vidal, a pesar de que la sentencia recoge múltiples causas.

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Alberto Fabra, durante su comparecencia para explicar el cierre de RTVV.

Vidal, que fue elegida para el cargo por el propio Fabra, ya le comunicó el martes que iba a dimitir. La conferencia de prensa del presidente precipitó la decisión. La renuncia de Vidal, que también es presidenta del consejo de administración de RTVV, arrastró también a los otros cuatro consejeros del PP, que tiene mayoría absoluta en este órgano.

Las dimisiones permitirán al Consell nombrar un equipo interino con el que reconducir la programación de Nou, después de que los trabajadores lograran alterar ayer los programas previstos para dedicar un especial al cierre de RTVV, con múltiples críticas a la gestión del PP.

La programación especial de Nou produjo un notable malestar en el seno del Gobierno valenciano, que tachó de impropia la actitud de los empleados de RTVV, que hasta ahora nunca había mantenido una actitud tan reivindicativa. De hecho, llegó a enviar un notario para que levantara acta sobre un comportamiento que consideró fuera de la ley.

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