El fracaso de Fabra acaba con RTVV

Los jueces obligan a readmitir al millar de trabajadores despedidos de la televisión pública autonómica

ATLAS

Es la crónica de un fracaso sin paliativos, el desenlace de una gestión estrepitosa y partidaria. La Comunidad Valenciana es la primera autonomía española con lengua cooficial que se queda sin medios de comunicación públicos. El Consell decidió ayer, día 5 de noviembre, cerrar Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras la sentencia que declara la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE), por el que se había despedido a un millar de trabajadores. El Gobierno valenciano echará a la calle a unos 1.660 trabajadores. Los despedidos, que se abrazaban ayer por la mañana a raíz del fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, lloraban por la tarde al conocer la decisión. La Generalitat calcula que la reincorporación de los empleados, como mandata la sentencia, alcanzará los 40 millones de euros. Y con unas arcas públicas exánimes, asegura que no puede asumir ese coste.

“Hoy es un día muy duro”, dijo la presentadora del informativo de anoche de Nou (llamada antes Canal 9), rodeada de trabajadores. Dio la noticia del cierre y se leyó el frío comunicado de la Generalitat que da carpetazo a 24 años de historia. Tras un silencio prolongado, se contaron las reacciones de la oposición, pidiendo la dimisión de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, y se mostró el rotundo rechazo al cierre, que previsiblemente se llevará a cabo antes de fin de año. “Los trabajadores no somos responsables de la mala gestión política y económica que ha hundido a esta empresa”, aseveró la locutora.

Y denunció como una “vileza” que paguen los platos rotos de los problemas originados por los políticos y directivos, algunos (cinco) imputados por casos de corrupción (en la pieza del caso Gürtel por la visita del papa en 2006), como Pedro García, exdirector general de RTVV, y por abusos sexuales a trabajadoras, como Vicente Sanz, el hombre fuerte del PP en RTVV durante más un decenio y ahora a la espera de juicio.

En el comunicado, el Gobierno valenciano culpa de la nulidad sin citarla a la actual directora general de RTVV, Rosa Vidal, que accedió al cargo el pasado mes de abril aupada por el propio Fabra. La decisión de esta abogada del Estado de rescatar en agosto a 186 técnicos del ERE para garantizar la continuidad de la señal de Nou y de desafectar a otros por un criterio social son las “dos causas concluyentes de que el ERE haya sido declarado nulo”, según la nota, que evidencia las malas relaciones del Consell con Vidal.

En realidad, la sentencia es una enmienda a la totalidad de cómo se planteó y ejecutó el ERE. Ya sucedió en el juicio celebrado en octubre que para justificar los despidos, el abogado de RTVV cargó las tintas, paradójicamente, contra la gestión del PP en los últimos 15 años. Incidió en que en 1991 tenía una plantilla de 687 trabajadores y que 20 años después, ésta era de 1.620 trabajadores, más que la suma conjunta de Antena 3, Tele 5 y La Sexta. Subrayó que sólo entre 2008 y 2011, las pérdidas sumaron 812 millones de euros, y la deuda financiera sumó 1.126 millones. La audiencia pasó del 20% a un 4%.

“La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones más”, añade el comunicado. La Generalitat tiene la obligación de priorizar los servicios básicos, “ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad”, añade.

Además del tajo al autogobierno en una autonomía con lengua propia, la desaparición de RTVV marca el epitafio de la incipiente industria audiovisual valenciana. Fabra vende su fracaso en la gestión de RTVV como un triunfo de la liberalización de las televisiones autonómicas, un proceso del que presenta como paladín y que se extenderá en el resto de España, según fuentes del PP.

La decisión del Consell aborta la posibilidad de recurrir en el Tribunal Supremo la sentencia. El fallo de los jueces de la sala de lo Social del TSJ aprecia “irregularidades”, desde el trato discriminatorio que supone la vulneración de los derechos fundamentales, a la infracción de la propia normativa del ERE. Y entre los primeros, señala que los directores generales, y no sólo Rosa Vidal, que se encontró el ERE en marcha, sacaron de la lista inicial a trabajadores por diferentes motivos que discriminaban a los ya despedidos. Tras lo sucedido, Vidal presentará su dimisión, a pesar de la petición del comité de empresa de que continúe.

La sentencia aprecia buena parte de la argumentación esgrimida por los cuatro sindicatos que impugnaron el ERE (CC OO, Intersindical, UGT y CGT), que afectaba en un principio a 1.198 trabajadores de los 1.660 de la plantilla, y hace suya la petición de nulidad que demandó el fiscal por “vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas” en el juicio celebrado el pasado mes de octubre.

Los jueces consideran que no encuentra “ni justificación ni explicación razonable” a la distinta baremación de los trabajadores de las tres empresas: el ente, la radio y la televisión. En la primera se aplicó como primer criterio de baremación el haber accedido a través de pruebas de selección u oposición; en las otras dos, esta prueba era el octavo punto de evaluación al considerar que se trataba de empresas públicas mercantiles, según expuso el abogado del despacho de Garrigues, que ganó el concurso de gestión del ERE por 125.000 euros. Los despidos y la reestructuración se realizaron a partir de un informe sobre el modelo de televisión elaborado con las premisas delimitadas por RTVV, y realizado por la consultora PriceWaterhouseCoopers, que cobró por ello 198.000 euros.

Los sindicatos siempre han denunciado la arbitrariedad y la persecución ideológica en los despidos de los trabajadores más antiguos de RTVV. Recuerdan que, al poco de acceder a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana afirmó en una entrevista que “la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas”. También anunció su propósito de privatizarla. No pudo ser y se empezó a cambiar la plantilla mediante las contrataciones, arrinconando a la vieja guardia en Nou 2.

El cierre provocó reacciones airadas: “Fabra debe dar la cara por esta irresponsabilidad de enorme gravedad social y económica”, dijo el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig. El consejero de Justicia, Serafín Castellano, del PP; se apresuró a salir en defensa del “trabajo serio del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar”. Es una muestra de “la situación de desgobierno" de la Generalitat, apuntó Enric Morera, de Compromís. Ignacio Blanco, de EU, reclamó la dimisión de Fabra.

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