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El Presupuesto incluirá más control sobre la concesión de ayudas públicas

Andalucía recurrirá al Constitucional las leyes de educación y la reforma local

Lourdes Lucio
Susana Díaz, en el Parlamento.
Susana Díaz, en el Parlamento.julián rojas

El proyecto de ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 incluirá más controles sobre la concesión de las ayudas públicas. En el articulado se va a recoger el informe encargado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la Intervención General sobre las transferencias de financiación, la vía administrativa utilizada durante una década para pagar las ayudas de los expedientes de regulación de empleo. Este sistema está siendo investigado por la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, quien sostiene en sus autos que esta vía favoreció el fraude.

La transferencia de financiación se utilizó para pagar los ERE desde 2001 hasta 2010, cuando entró en vigor una encomienda de gestión que implicaba la fiscalización previa de la cantidad asignada a la partida de las ayudas sociolaborales.

Díaz encargó en septiembre pasado a la Intervención una directriz para “garantizar sin asomo de duda, un control más eficiente de las transferencias de financiación”, tanto con carácter previo como a posteriori. Este informe, que la Junta no quiso facilitar, se va a incorporar en el texto articulado del proyecto de ley para no solo lograr un mayor control sobre estas transferencias, sino también para determinar con claridad en qué casos se puede utilizar esta figura. Eso supondrá que la ley del Presupuesto, aprobada por el Parlamento, establecerá de manera nítida en qué programas y cómo se podrá aplicar este mecanismo.

La socialista dio esta información en respuesta a una pregunta del presidente del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, que pivotó sobre la corrupción, el desempleo y el sector público andaluz. El dirigente popular sostuvo que la presidenta de la Junta “es más de lo mismo” y representa “más pasividad, más corrupción y menos transparencia”. El discurso de Zoido sigue siendo más o menos el mismo desde que Díaz tomó posesión del cargo a principios de septiembre, aunque ayer aprovechó los datos de la Encuesta de Población Activa para reprocharle la subida del paro en la comunidad. “Donde tarda en llegar la recuperación es en Andalucía por su política y el desorden de las cuentas. Por eso sube el paro”, sostuvo el popular que instó a la socialista a “pasar del buenismo a la gestión”.

Díaz le afeó que utilizara los datos del desempleo para cuestionarla. “No voy a usar el paro para atacar al Gobierno de España, lo que le pido a Mariano Rajoy es que me ayude”, señaló. También le volvió a recordar su interinidad como jefe de filas de los populares andaluces.

Lo que sí va a utilizar la Junta de Andalucía contra la política de Rajoy son las demandas al Tribunal Constitucional. La presidenta andaluza confirmó en sede parlamentaria sendos recuros de inconstitucionalidad contra la ley de la reforma local y la ley de educación si no hay cambios sustantivos durante la tramitación en las Cortes.

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Respecto a la norma educativa, la Junta pretende mantener una cierta autonomía y buscará todas las rendijas legales posibles para seguir impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía y eliminar los conciertos con centros privados que separen a niños y niñas. Esta medida ya está en marcha. Educación ya eliminó este curso el concierto con diez centros privados por esta causa.

Díaz afirmó que la comunidad "no va a concertar con centros que segreguen" a los alumnos por su sexo, como se contempla en la llamada ley Wert que ayer provocó la convocatoria de un huelga general en la educación a la que se sumó el 90% del alumnado en la comunidad, según la Junta. La Junta

En respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Francisco Álvarez de la Chica, Díaz aseguró que la ley de Educación supone “un ataque a la igualdad” que va a implicar mayores dificultades para que “los hijos de los trabajadores accedan a la educación secundaria y a la Universidad”.

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