La estrategia del silencio
La mayoría de los altos cargos de la Junta imputados en el ‘caso ERE’ evitarán responder a los próximos interrogatorios de la juez Mercedes Alaya
Las interminables declaraciones del caso de los ERE que acababan al alba, con la juez Mercedes Alaya, abogados, fiscales y el acusado exhaustos después de cuatro días de comparecencia, son agua pasada. Los protagonistas de la rama política de la causa han dado un giro de timón y ahora prima el silencio. La inmensa mayoría de los 17 altos cargos de la Junta, imputados el pasado junio y que comparecerán en los próximos meses en el juzgado, prevén acogerse a su derecho a no declarar para evitar que su testimonio contribuya a su incriminación. Esta senda del silencio ya ha sido marcada este mes por los ex directores de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera junto al jefe de servicio Antonio Diz Lois, y todo apunta a que casi nadie responderá a las incisivas preguntas de la juez.
¿Afecta esta falta de respuestas al procedimiento? La juez ya ha aclarado sus tesis sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo autónomo para el pago de los ERE durante una década. Los silencios impedirán a Alaya sostener con más mimbres sus acusaciones y no benefician a la investigación, aunque está por ver el alcance real para el proceso.
“Declarar ante la juez no te beneficia nunca. No vas a defenderte porque la juez tiene ideas preconcebidas. Mi actitud inicial era declarar y aclarar, pero vista la idea que tiene del contubernio mantenido durante 10 años por equipos distintos, es inútil. Ella no es permeable al debate técnico”, se queja uno de los imputados que avanza su negativa a declarar. Lo cierto es que los abogados y periodistas veteranos del caso ERE han visto desfilar por el juzgado numerosos acusados que advertían de que por fin ellos convencerían a la juez de su nula intervención en la trama y de la errónea concepción de la juez... Hasta que Alaya desvelaba su imputación, el acusado se quedaba ligeramente noqueado y durante el denso interrogatorio ciertas respuestas flaqueaban ante la determinación de la juez.
La sala de vistas ha acogido muy pocas excepciones con sesudos debates técnico-jurídicos en los que la situación procesal de los imputados no haya empeorado de manera clara. Pero nadie ha salido indemne. “La cuestión es muy compleja y de interpretación de normas más que de responsabilidad penal. Basta meter la pata un poco para que se vuelva en contra. No son interrogatorios sobre hechos, sino sobre interpretaciones”, estima un letrado que pide el anonimato, como el resto de los 12 abogados consultados que aúnan la defensa de los imputados. Solo un letrado avanza que su cliente declarará.
“No te defiendes. La juez tiene ideas preconcebidas”, se queja un imputado
La acusación ejercida por el PP censura esta “estrategia común” encaminada a minar la instrucción: “No es una estrategia de guardar silencio, sino de dar una imagen distorsionada de la magistrada”, opina Luis García, letrado del PP. En los últimos interrogatorios la tensión entre el abogado José María Mohedano y Alaya ha sido sonada y ha provocado chispas en la sala.
La tesis de la juez incluye “el uso ilegal” de las transferencias de financiación y cómo la exconsejera Magdalena Álvarez, tres exviceconsejeros, cuatro secretarios generales técnicos y nueve directores generales conocieron el mecanismo de pago de los ERE, diseñado para no fiscalizar las subvenciones y propiciar la malversación de fondos públicos. “Ordenaría ilícitamente de acuerdo con otros (...) Cambio meramente aparente (...) partida radicalmente inadecuada (...) falsear el presupuesto”. Las acusaciones de la juez son graves, pero algunos letrados están convencidos de que tienen respuesta. “De ser cierta la tesis, en todo caso se basaría en vulneraciones del ordenamiento jurídico, pero de instrucciones y órdenes, sin rango de ley”, apunta un letrado.
Una senda para los acusados
El camino marcado por los dos ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, que comparten abogado, parece haber calado. Ambos censuraron el trato dispensado por la juez Alaya. El primero de ellos porque en su interrogatorio la magistrada obligó a su letrado a que se separara del defendido, al que acusó de hacer “teatro”. Y Aguilera porque pidió tiempo para analizar su imputación y Alaya se opuso.
Los comentarios de los abogados van dirigidos a la línea del silencio, pese al costo que conlleva ante la opinión pública para sus defendidos de una escasa o nula colaboración con la justicia. Uno de estos imputados, con un cargo relevante en la Administración, matiza: “Me pide el cuerpo declarar, explicar mi postura, pero por otro lado estoy en manos de un abogado y debo seguir la defensa de mis intereses. Haré lo que me digan”. Otro letrado añade: “Hay clientes que declaran muy mal, y un juez de instrucción impone. No todo el mundo tiene empaque para aguantar el tirón”.
Las quejas sobre los interrogatorios se han repetido desde que comenzó la instrucción hace ya casi tres años, si bien hasta ahora ningún letrado se ha enfrentado a la juez de manera tan abierta y agria como el abogado madrileño José María Mohedano, que tildó de “corruptela procesal” parte de la instrucción judicial, además de criticar que existía una “instrucción paralela” por parte de la Guardia Civil.
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