Un segundo ex alto cargo de la Junta se niega a declarar ante Alaya

Tercer interrogatorio y segundo silencio en la rama política del caso de los ERE. El ex director general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera se ha sumado a su predecesor Antonio Lozano al negarse a declarar como imputado ante la juez Mercedes Alaya. Ambos acusados comparten abogado y han acusado a la instructora de infringir sus garantías jurídicas. De momento, solo el ex interventor general Manuel Gómez ha declarado ante Alaya.

La instructora ha recriminado a Aguilera que conocía “las consecuencias a lo largo de la década de falta de control y de distorsión de la financiación” producidas por el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, el mecanismo de pago utilizado para pagar el fondo de los ERE entre 2001 y 2010. La juez no aclara a qué “consecuencias” se refiere, pero acusa a Aguilera de malversación y prevaricación. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta han pedido fianza civil contra él, mientras que el PP dejó a Alaya que fije la cuantía de la fianza y Manos Libres la cifró en 20 millones más el tercio legal.

Aguilera se ha negado a declarar ante la instructora por no disponer del contenido de su imputación con antelación a que se le citase a declarar, lo que en su opinión cercena sus derechos. “Nada de lo que se le ha imputado constituye una novedad”, ha replicado la juez, que ha considerado suficiente detallarle la imputación y no el pasado junio, cuando Aguilera fue imputado junto a otros 19 altos cargos y funcionarios de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.

En un paso más de discrepancia procesal, el ex alto cargo se ha negado a firmar el acta de la declaración porque no reflejaba el contenido exacto de su testimonio y por su anterior declaración como testigo prestada ante la Guardia Civil en 2012 y que la juez ha rechazado anular. “Hay una instrucción paralela de la Guardia Civil, porque he pedido la anulación de la declaración como testigo, ya que hay una contradicción al declarar hoy como imputado, y la juez tampoco se ha querido pronunciar”, ha censurado el letrado de Aguilera, José María Mohedano. La juez ha contestado que existe un “amplio margen de autonomía” de la Guardia Civil y que ella no conoce todas las actuaciones de los agentes.

Asimismo, el letrado ha criticado que la juez preguntara a las acusaciones populares sobre la cifra para imponer las medidas reales, cuando la ley no lo estipula.

A los 45 días de asumir en 2009 su cargo al frente de Presupuestos, Aguilera dispuso un cambio normativo para las subvenciones concedidas por diversas consejerías, entre ellas Empleo. Pero Alaya tilda esta reforma de “cambio meramente aparente” dado que no la trasladó a la reunión de técnicos para analizar los programas que afectaban al Presupuesto. “Se decidió continuar con el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las mismas”, censura la juez. El Gobierno andaluz solo impulsaría el cambio real, según Alaya, en 2012, cuando ya la investigación judicial estaba muy avanzada. A pesar de ello, Aguilera tramitó dos modificaciones presupuestarias en la que “la partida de destino era radicalmente inadecuada”, ha criticado Alaya. Una por importe de 300.000 euros y otra por 20 millones.

Aguilera ya admitió durante su declaración como testigo que el Gobierno autónomo utilizó la transferencia de financiación “de forma inadecuada” desde 2002 hasta 2009. “En la transferencia de financiación se estaban metiendo créditos que deberían estar grabados como encomienda de gestión, que tienen dos procedimientos de control distintos”, puntualizó Aguilera ante la Guardia Civil.

Mientras, la acusación del PP censuró que Anticorrupción recurriera solo la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como si hubiera “personas de primera y de segunda, aforados e imputados rasos”, en referencia a que la fiscalía ha respaldado la imputación decidida por Alaya para otros imputados.