La fiscalía replica con dureza el rechazo de la juez a reabrir el caso del metro
El ministerio público replica con dureza al auto de la magistrada Nieves Molina
La fiscalía no da por cerrada la investigación sobre el accidente de metro de Valencia, que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47 en julio de 2006. El ministerio público presentó este lunes ante la Audiencia de Valencia un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que preside Nieves Molina, de no reabrir la causa.
Si el auto de Molina fue duro con la Fiscalía por plantear la reapertura del caso con argumentos viejos o inconsistentes, la fiscalía reprocha a la juez que mantenga el cerrojazo sin practicar diligencias sobre la nueva información. El ministerio público, que apoyó el archivo del caso en 2007, insiste hoy en que la fiscalía no puede “caer en la obstinación de mantener lo dicho entonces” porque “es evidente que existen datos nuevos”.
El recurso considera que la resolución de la juez, que rechaza otra investigación, es nula porque fue notificada a las partes al mismo tiempo que el escrito en el que la fiscalía pedía la reapertura, lo que no permitió a las partes pronunciarse. En ese caso está la Asociación de Víctimas, que ya recurrió el auto de la magistrada la pasada semana. Para la fiscalía, la falta de traslado a las partes ha generado “indefensión” y es causa de “nulidad” del auto.
A lo largo del escrito, la fiscalía critica la actitud de la juez, a la que llega a acusar de arrogarse el papel de perito “sin practicar una sola diligencia” sobre la incidencia de la nueva información en las conclusiones de la causa. El recurso abunda por ello en los motivos por los que se pidió la revisión de las investigaciones y la importancia de que el perito judicial, Andrés Cortabitarte, la hubiera analizado en su momento.
Así, la fiscalía recuerda que en la causa constan 28 incidencias de activación del freno de emergencia por exceso de velocidad en la unidad 3736, la del siniestro, “en los 13 días previos al accidente”, así como tres incidencias relativas “a rebasar las señales de stop”. Sin embargo, “no consta en la causa” la información aportada por el Sindicato Ferroviario Independiente que alude a que 13 días antes de la tragedia “se produjo alguna avería en el sistema de frenado de la unidad siniestrada que no fue comunicada por FGV al juzgado y no fue analizada por el perito” judicial. Este así lo reconoció este en una declaración ante la fiscalía el pasado julio.
Además, la fiscalía destaca que el 20 de junio de 2006 “se realizó alguna intervención sobre el ordenador” de la UTA 3736 que recogía los datos del sistema de frenado. Al reiniciarse, en el sistema solo constan los posibles incidentes entre el 20 de junio y el día del siniestro, el 3 de julio, y no los días anteriores, “justo cuando pudo existir la avería en el sistema de frenado”. Una posible incidencia pudo registrarse en el libro de averías, pero la fiscalía recuerda que ha desaparecido.
EL ministerio público pide que se analicen las grabaciones que pudieron realizarse sobre las averías de la UTA entre el maquinista y el puesto de mando. También solicita la declaración de varios policías y de Andrés Cortabitarte.
El recurso incide también en que hubo varios descarrilamientos previos al siniestro mortal de los que FGV no informó ni al juzgado ni al perito. La fiscalía rechaza que estos incidentes fueran analizados debidamente, como afirma la juez, que indicó en su auto que la existencia de estos descarrilamientos fue puesta de manifiesto en escritos de alguna de las partes. Además, la juez consideró que este hecho “no pudo incidir” en la causa del accidente. “Consideramos, con el debido respeto, que la instructora se atribuye un papel que no le corresponde, ya que el perito es quien debe determinar la posible concurrencia de factores en el accidente investigado”, replica con dureza la fiscalía.
Ante la afirmación de la juez de que no puede concluirse que los nuevos datos hubieran cambiado el informe del perito, la fiscalía replica que esa conclusión “resulta errónea y arbitraria” si no se permite un nuevo análisis.
Finalmente, el recurso reitera la importancia de un escrito de FGV que admitía que las unidades de la línea 1, la del siniestro, estaban obsoletas y debían retirarse.
