El fiscal pide reabrir el caso del accidente del metro de Valencia

El ministerio público considera que hay hechos y datos nuevos que justifican la investigación

Traslado de la unidad siniestrada en la línea 1 a las instalaciones de FGV. / BERNARDO PÉREZ

La investigación del accidente del metro de Valencia, en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47 al descarrilar un convoy en julio de 2006, no está agotada. La fiscalía de Valencia considera que el siniestro debe volver a investigarse porque “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron”, y que pudieron afectar “al estado” de la unidad del metro siniestrada.

Por ello, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que deje “sin efecto” el archivo que dictó en febrero de 2008 y reabra el caso. Los hechos “podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional”, tantos como fallecidos y heridos hubo aquel 3 de julio, y “no estarían prescritos” en atención a las posibles penas —de cárcel e inhabilitación.

La fiscalía ha llegado a esta conclusión tras analizar las denuncias presentadas hace unos meses por el PSPV-PSOE y la asociación cívica Cercle Obert, que exponían nuevos datos y testimonios sobre el estado del convoy accidentado.

Las denuncias encauzaron hacia la vía judicial una creciente presión a favor de la reapertura del caso, tras la emisión en abril de un monográfico del accidente en el programa Salvados, de La Sexta, que reavivó el interés por el tema y atrajo a partir de ese momento a miles de ciudadanos a las concentraciones que celebra la asociación de víctimas el día 3 de cada mes para exigir responsabilidades políticas por el suceso y una investigación exhaustiva del mismo.

Los hechos podrían ser constitutivos de homicidio por imprudencia

Entre la documentación estudiada por la fiscalía está un informe en el que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reconocía un año antes del siniestro que las unidades de metro afectadas estaban al final “de su vida útil” y tenían “grandes problemas de mantenimiento” por la dificultad de encontrar repuestos. “Consideramos necesaria la renovación de estos trenes”, concluía este documento, que no se aportó a la investigación en 2006 y que hizo público la diputada de Compromís Mònica Oltra. FGV tampoco notificó que la unidad del accidente había sufrido descarrilamientos previos.

Las denuncias también llamaron la atención sobre testimonios en televisión y en documentales de trabajadores de FGV que cuestionaban el mantenimiento del metro. Además, los técnicos que declararon en 2006 en una breve comisión de investigación de las Cortes fueron aleccionados por una agencia de comunicación contratada por FGV para insistir en que el accidente fue inevitable y la única causa fue el exceso de velocidad del convoy.

La decisión de reabrir el caso está ahora en manos del juzgado. La asociación de víctimas recibió con satisfacción y “cautela” el anuncio de la fiscalía, mientras que la oposición al PP exigió una nueva comisión de investigación.

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