Los médicos despiden al bufete que detuvo la privatización hospitalaria

La junta directiva de la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protestas contra la privatización sanitaria de Madrid, despidió durante el mes de agosto al bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, revocó sus poderes para seguir representándoles y les sustituyó por otro despacho. Este bufete es el que ha puesto en marcha toda la estrategia judicial de Afem para tratar de parar en los tribunales el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. Su mayor logro hasta la fecha ha sido que el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo suspendiera las adjudicaciones el pasado 3 de septiembre basándose en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por la privatización.

Afem contrató a López Rodó & Cruz Ferrer con el dinero procedente de una colecta de febrero pasado entre los sanitarios madrileños, que hicieron un día de “no huelga”, según lo llamaron, para destinar el dinero de esa jornada a “la defensa jurídica de la sanidad pública”. El bufete había puesto en marcha tres recursos contencioso-administrativos (uno para la protección de los derechos fundamentales, otro ordinario contra las condiciones generales de la convocatoria de contratos y un tercero contra la rebaja de un 90% de la garantía que se exige a las adjudicatarias), una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia (hubo tantas ofertas como hospitales en liza) y una querella penal en por las irregularidades supuestamente cometidas por la cúpula sanitaria madrileña en la primera ola de privatizaciones.

Afem asegura que ha perdido la confianza en el bufete, al que contrató por su gran experiencia en asuntos de lo contencioso-administrativo. Las “desavenencias” a la hora de enfocar la querella penal y la “falta de experiencia” de los abogados del despacho en este campo explican la decisión de “terminar la relación profesional”, explicó ayer una portavoz de la asociación. La decisión se tomó en julio pasado, añadió, y se hizo efectiva a finales de agosto. “No nos ha dado tiempo a comunicarlo a los asociados. Queríamos explicarlo en una asamblea y no con un correo frío”, señaló la portavoz de Afem, que aludió también a que el bufete no ha respetado “decisiones tomadas en la junta directiva” con respecto a la querella.

Unos días después de que López Rodó & Cruz Ferrer dejaran de ocuparse de todos los recursos judiciales de Afem llegó el auto que tiene paralizado el proceso de privatización. El magistrado consideró que la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad” y que la “magnitud” del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión” (10 años). Esa duración “hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”, dice el juez.

Asociados de Afem consultados ayer por este diario desconocían el cambio de representantes legales. Algunos han redactado un escrito en el que dicen estar “perplejos” por la decisión. “Tal sustitución resulta completamente inexplicable ya que supone un evidente apoyo a los intereses de la administración que se ve desde ahora liberada del equipo de abogados que ha conseguido poner en jaque a la consejería y a su proceso privatizador y que ahora ya no podrá defender los recursos planteados por la Administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, aseguran.