Hacienda sanciona a 10.000 emigrantes por no declarar sus pensiones extranjeras
El colectivo acusa al Gobierno de “mala fe” y pide la nulidad de la reclamación
La consulta era habitual. Cuando uno de tantos andaluces que viajó al extranjero en los años 50, 60 y 70 empezaba a cobrar en España una pensión del país donde trabajó, acudía a la delegación de Hacienda y preguntaba si debía hacerla constar en su declaración. Siempre le decían que no. “Esas pensiones están exentas de declaración”, les aseguraban los funcionarios. Nunca aparecieron en sus borradores, aunque la Agencia Tributaria tenía constancia de que las cobraban. Hasta ahora. Miles de emigrantes retornados, sobre todo de Galicia, empezaron a recibir notificaciones exigiéndoles el pago desde 2008, las mismas que han llegado ahora a Andalucía. El fisco les reclama los impuestos nunca abonados pero también un recargo y una multa. Las cantidades reclamadas oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros. Hay más de 10.000 afectados en Andalucía, 1.700 de la provincia de Cádiz.
Entre ellos está Luis Caballero, quien a los 18 años viajó a Francia. Tres décadas después regresó a España y, desde 2005, cobra una pensión de unos mil euros. El pasado marzo recibió una notificación de que debía pagar 18.000 euros por las declaraciones no presentadas desde 2008. También una multa de 3.000 euros. Y a partir de este año deberá abonar 6.000 euros anuales, al contarse su pensión extranjera como un segundo pagador. “Siempre me dijeron en Hacienda que no había que declararlo. Si no me lo hubiesen dicho, yo habría pagado”, arguye. Su cuñado, Antonio Lara, está en una situación similar. Después de trabajar en Francia desde los años 60, le reclaman 15.000 euros de su pensión de 1.200 euros. “Yo tengo hijas y están en paro. Las tengo que ayudar. ¿Cómo lo voy a hacer ahora?”, se pregunta.
En Cádiz el fisco reclama entre 2.000 y 30.000 euros a 1.700 jubilados
Eva Foncubierta es presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Agader) desde marzo de este año, tras una amplia experiencia en la delegación de Cádiz. Y se ha encontrado con lo que no duda en definir como “uno de los mayores problemas que ha tenido este colectivo tras la emigración”. Ella se enfrenta al drama que se esconde detrás de las frías notificaciones.
“De acuerdo con la información que obra en poder de la Administración, se pone de manifiesto que el contribuyente ha percibido en 2008 rendimientos derivados de pensiones en el extranjero (…) y está obligado a presentar declaración anual del IRPF”, reza la carta de Hacienda.
“Todos los afectados son personas muy mayores. Nunca ha habido una mala intención. Muchos se preocuparon en saber si tenían que declarar ese dinero o no junto a las pensiones que reciben en España y siempre les dijeron que no”, lamenta Foncubierta, quien avisa, además, de que en algunas delegaciones, y a pesar de estas notificaciones, siguen negando hoy la necesidad de declarar esas cantidades.
Durante muchos años, desde que se produjo el retorno, Agader ha ayudado a miles de personas a reclamar el cobro de una pensión en el extranjero por haber trabajado fuera. No siempre ha sido fácil. A veces, han sido cantidades pequeñas, apenas 40 euros mensuales. Pero cada pensión conseguida ha sido celebrada con un enorme éxito. Más ahora, en plena crisis, cuando los abuelos sostienen las economías de muchas casas y cualquier dinero extra es bienvenido por mínimo que sea. Sin embargo, la victoria en esa lucha por conseguir cobrar se les ha vuelto en contra.
La federación Agader recomienda a sus socios que no paguen
La notificación de Hacienda ha comenzado a reclamar las cantidades cobradas en 2008, el último año que todavía no ha prescrito. Algunos que han ido a preguntar ya han recibido las notificaciones de los años siguientes. “Es la ruina para muchas familias”, advierte la presidenta de Agader.
La recomendación del colectivo es no pagar. Rebelarse. Cree que hay motivos para ello. “Las notificaciones han llegado incluso a los que trabajaron en Alemania, cuando hasta octubre de 2012 estaba en vigor un acuerdo bilateral que eximía de esa declaración. Pero, incluso para los que trabajaron en otros países, creemos que las notificaciones son nulas. Las vamos a reclamar todas”, anuncia Foncubierta. “El Gobierno ha actuado con afán recaudatorio y mala fe, porque nunca cobraron, ahora lo hacen, y encima multan”, añade.
El Ministerio de Hacienda no explica por qué ha cambiado de criterio. Se limita a decir que aplica la ley y anuncia un tratamiento individualizado para estudiar las alegaciones y proponer fórmulas para fraccionar el pago, a aquellos con dificultades económicas. Agader no se conforma con esta solución. Ha escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidiendo una reunión con el colectivo, que ya en Galicia ha empezado a organizarse en plataformas. No se niegan a pagar, pero nunca con carácter retroactivo ni mucho menos con sanciones.
La carta dirigida a Montoro así lo indica: “No pedimos trato de favor, sino que se tenga en cuenta la singularidad de este colectivo y los beneficios económicos que su emigración ha reportado a nuestro país y que aún sigue haciéndolo”. Más ahora, añade la misiva, cuando esas pensiones extranjeras son la salvación de muchos hogares.
