El juez concluye que CDC recibió 5,1 millones en comisiones de Ferrovial

El auto señala que la formación recibió 5,1 millones de euros de Ferrovial

El magistrado da así por concluida la investigación cuatro años después del registro del coliseo

Daniel Osácar flanqueado por Oriol Pujol y Jordi Turull.

Cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música, el juez que investiga el expolio de la institución musical catalana ha dado por cerrado el caso. Y ha concluido, entre otras cosas, que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través del Palau. La constructora Ferrovial pagó, según el magistrado, un total de 5,1 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol.

La empresa y el partido político llegaron a un “acuerdo” que comenzó “al menos en 1999” y se prolongó un decenio. Ferrovial camufló como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos para disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras. La constructora pagaba, “por regla general”, una comisión que suponía el 4% del importe de la obra en cuestión. De esa cifra, el 2,5% iba a parar a las arcas de CDC, mientras que el 1,5% restante se lo repartían (a partes desiguales) los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, como premio a su labor como intermediarios.

ampliar foto
Desvío de dinero en el ‘caso Palau’

El “flujo de fondos” llegó por tres canales. El más voluminoso (2,3 millones) fueron “entregas en efectivo” entre 2000 y 2007 a los tesoreros: Carles Torrent (muerto en 2005) y su sucesor, Daniel Osácar, una de las 17 personas que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, mantiene imputadas en la causa.

La segunda vía (2,1 millones) fueron las “facturas falsas” emitidas por cinco empresas —New Letter, Letter Graphic, Altraforma, Hispart y Publiciutat— al Palau. Esas compañías cobraron de la institución musical por trabajos inexistentes o servicios que, en realidad, prestaron a Convergència; por ejemplo, de buzoneo electoral. Dos de esas firmas hicieron llegar los fondos a CDC en forma de donaciones al partido o a su fundación afín, Trias Fargas. Otros 630.655 euros aterrizaron en la formación mediante “convenios de colaboración aparentes” entre el Palau y la citada fundación. La cifra total asciende a casi 5,1 millones de euros, algo menor de la que estimó la fiscalía (6,6) en su último informe.

Osácar y el exdiputado de CiU Jaume Camps —que participó en el pago de las comisiones— son los dos únicos imputados de CDC. Pero la responsabilidad del partido no acaba ahí. En línea con el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez cree que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente” sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las adjudicaciones. El auto concluye que Convergència debe responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de un dinero de forma ilícita. El partido ha puesto su sede central como aval para cubrir la fianza impuesta en su día por el juez.

Pijuan detalla las cuatro obras que, presuntamente, ganó Ferrovial gracias al pago de mordidas y que suman 1.159 millones. Las de mayor envergadura son la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la línea 9 del metro. En una nota pública, la constructora negó ayer cualquier tipo de acuerdo para “alterar el correcto desarrollo” de los concursos públicos y defendió la bondad de su contrato de patrocinio con el Palau, que le reportó “las ventajas de publicidad e imagen propias de este tipo de convenios”. La compañía recuerda que, en las obras bajo sospecha, su oferta obtuvo “la mayor puntuación global y la mejor valoración económica”.

Las anotaciones en las agendas personales de Millet, los documentos hallados en ordenadores y la declaración de algunos testigos son la base probatoria del caso Palau. En su auto, el juez da una cifra final al expolio perpetrado por Millet y Montull en beneficio propio y de terceros: 26,5 millones. Ya fuese mediante facturas falsas o trabajos inexistentes, los saqueadores consiguieron que el Palau cargara con los gastos de viajes familiares a destinos exóticos —Polinesia, Maldivas o Dubái, entre otros— e incluso con las bodas de las hijas de Millet, Clara y Laila.

El “flujo de fondos” ilícito llegó al partido a través de sus tesoreros

Millet, gracias a su “poder absoluto” y a la “dejación de funciones” de los órganos de control acometer un “verdadero expolio”. El juez ha decidido archivar la causa respecto a las esposas de Millet y Montull, entre otros.

Uno de los misterios que quedará por resolver del caso Palau es el destino de 9,6 millones que se cobraron —en cheques al portador y en efectivo— en ventanilla de diversas entidades bancarias. El destinatario de esas cantidades se ignora “pese a los esfuerzos” de la policía. Pijuan afea a los bancos su “falta de colaboración”, para averiguar quién cobró esas cantidades, ya que respondieron que no tenían la documentación o que no la encontraban.

En un escrito remitido al juez hace unos días, el Palau -que ejerce la acusación particular como víctima del expolio- cargó contra los exresponsables de la institución, pero omitió cualquier alusión a Convergència, como publicó ayer El Periódico de Catalunya. El Palau emitió ayer un comunicado en el que matizó que “manifestará su posicionamiento definitivo” en el escrito de acusación que remita próximamente al juzgado, y que “tendrá que ser previamente aprobado por los respectivos órganos de gobierno de la Asociación Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música”.

La estrategia de Convergència tras el cierre de la instrucción del caso Palau no ha variado. Pese a que el juez considera acreditado que el partido recibió 5,1 millones, la formación lo niega y acusa al magistrado de no tener pruebas. “Los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida”, se defendió CDC en un comunicado, en el que se escudó en la decisión del Palau de la Música de excluir a CDC de su acusación. A ello se acogió también uno de los dirigentes del partido, el consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs. Consideró que el escrito “no demuestra nada” y vio “más razonable” la opinión de los actuales responsables del coliseo. “De lo que dice el juez, los perjudicados no hablan. Entra en contradicción”, apuntó Homs. El consejero, contundente, afirmó que los controles de adjudicación de obra pública “eran, y lo son ahora”, totalmente transparentes. Homs recordó que el tripartito hizo una auditoría para revisar las adjudicaciones “y no encontró nada”.

Toda la oposición exigió explicaciones urgentes al líder de CDC y presidente de la Generalitat. Artur Mas comparecerá el día 31 en el Parlament para detallar la presunta financiación irregular de su partido, en una sesión prevista antes de conocerse las conclusiones del juez. Incluso ERC, socio del Gobierno, exigió mediante su secretaria general Marta Rovira que “depure todas las responsabilidades que tenga que depurar”, informa Neus Vidal.

El PSC, que junto a Ciutadans y la CUP comparó los hechos del Palau con el caso Bárcenas, subrayó que “atenta contra la credibilidad del sistema”, en palabras del portavoz Jaume Collboni. Y Joan Herrera, de ICV, hizo un resumen del caso: “El corruptor, que era Ferrovial, paga al corrupto, que eran los cargos de CDC, comisiones para encarecer las obras de la línea 9 del Metro”

Más información