En busca de alternativas a la ley Wert

La Consejería de Educación ha presentado este jueves el plan a través del que pretende planificar el desarrollo de la reforma del sistema de enseñanza que está tramitando el equipo de José Ignacio Wert en el Congreso. Se trata, según detalla la consejería, de "buscar alternativas que minimicen los aspectos más negativos de la futura Lomce". Alrededor de 500 expertos formarán parte de los 20 grupos de trabajo que se constituirán. El análisis que hagan también servirá a la Junta para "tomar las decisiones que se derivarán del futuro desarrollo de la reforma educativa si esta llega a aprobarse en las Cortes generales".

Entre esos 500 expertos habrá unos 100 profesores que han sido distinguidos en la última década con los premios Rosa Regás, Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz. También se contará con otros 200 docentes de toda la región, familias de alumnos, sindicatos, patronal, inspección y expertos procedentes del ámbito universitario. "Toda la comunidad educativa está convocada a plantear propuestas que puedan minimizar y suavizar el impacto de los elementos más negativos de la reforma", ha señalado este jueves la consejera Mar Moreno.

Los 20 grupos de trabajo se centrarán en áreas concretas. Por ejemplo, analizarán la autonomía de los centros, la ordenación académica, la atención a la diversidad, la evaluación del alumnado, Educación para la Ciudadanía y la enseñanza de Religión. Cada uno de estos grupos elaborará un dictamen y el trabajo de los 500 expertos se remitirá luego al Consejo Escolar de Andalucía, donde está representada toda la comunidad educativa. Este órgano será el que haga el informe final.

Aunque la reforma educativa del ministro Wert, a la que se opone la Junta, fija el marco general del sistema, las comunidades seguirán teniendo margen para desarrollar muchos aspectos. Los Gobiernos regionales —que tienen transferidas las competencias en materia educativa— tienen cierto grado de autonomía. Uno de los últimos casos en los que Andalucía se ha valido de ese margen ha sido con Educación para la Ciudadanía. El ministerio decidió hace un año cambiar el temario de esta asignatura, que ahora con la reforma pretende eliminar. El departamento de Wert suprimió las referencias que consideraba "controvertidas" y "susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico". Del programa se eliminaron la "valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos" y el apartado dedicado a la "feminización de la pobreza". La Junta, valiéndose del margen que tienen las autonomías para introducir contenidos propios en cada asignatura, recuperó lo suprimido por el ministerio.

Este es un buen ejemplo de lo que pretende hacer ahora la consejería con la reforma Wert. La Junta ya baraja algunas medidas que podría aplicar para "minimizar" los efectos de la reforma de Wert que el equipo de Moreno considera negativos. Pero la Junta no quiere desvelar los pasos que pretende dar. De hecho, está previsto que el dictamen definitivo del Consejo Escolar no se elabore hasta dos meses después de aprobada la Lomce.

La consejería teme que, si anuncia sus intenciones, el ministro pueda frenarles en la Lomce. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los centros concertados que solo admiten a alumnos de un sexo. La consejería, con el aval del Tribunal Supremo, ha retirado los conciertos a los colegios que se han negado a convertirse en mixtos. Pero el ministerio ha incluido en la Lomce un apartado para blindar los conciertos con este tipo de centros segregados.