Andalucía recupera los contenidos de Ciudadanía eliminados por Wert

Andalucía vuelve a buscar una rendija para intentar esquivar un real decreto del Ministerio de Educación. En este último caso, se trata de un asunto que trasciende lo educativo: la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos han estado en mitad de una guerra ideológica desde que el anterior Gobierno central del PSOE aprobó sus temarios en 2006. La que parecía última batalla se resolvió en 2009, cuando el Tribunal Supremo decretó que la asignatura “no implica fines de adoctrinamiento ni transgresión” de la Constitución. El Supremo cerró la puerta a la insumisión, que había estado admitiendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Pero el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy escribió un nuevo capítulo a principios de agosto. El Ministerio de Educación cambió los temarios, paso previo a eliminar la materia, y retiró las referencias que consideraba "controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico". Del programa se cayeron, por ejemplo, la "valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos". O el apartado dedicado a la "feminización de la pobreza". La Junta recupera ahora esas referencias y rescata todos los contenidos suprimidos por el ministerio.

Los alumnos andaluces de quinto de primaria y tercero de secundaria que estudian Educación para la Ciudadanía no tendrán que tachar de sus manuales estas referencias a la homofobia o la igualdad de género. La consejera de Educación, Mar Moreno, ha anunció este miércoles que su departamento ha elaborado dos órdenes, que se aprobarán en un plazo máximo de dos meses, en las que se recupera "el 100%" de los contenidos que suprimió el ministro José Ignacio Wert a través del real decreto publicado en el BOE el 4 de agosto. "El Gobierno central ha podado y ha descafeinado la asignatura", ha dicho la consejera para justificar la recuperación de los asuntos suprimidos.

Lo que hará la Junta es utilizar el margen legal que tienen las comunidades —que ejercen las competencias en materia educativa— para incluir contenidos propios en cada asignatura. Hasta ahora, la Junta no había utilizado prácticamente ese 35% de margen en el caso de Educación para la Ciudadanía. Solo lo hizo para incluir referencias al Estatuto andaluz y al funcionamiento de las instituciones de la comunidad. Ahora, la consejería lo apurará al máximo para reponer todos los contenidos retirados, que, según Moreno, ya están avalados por el Tribunal Supremo.

La oposición a la asignatura partió de la Conferencia Episcopal y se hizo fuerte en los sectores más conservadores de la Iglesia. Cuando a principios de año el ministro Wert anunció sus planes para la materia, los obispos aplaudieron la decisión del Gobierno del PP.

El ministerio no ha ocultado que su intención es borrar del currículo de primaria esta asignatura y cambiar hasta el nombre en secundaria. Pero, para lograrlo, se necesita un cambio legislativo de calado, que requiere más tiempo para su tramitación. Mientras se culmina esta operación normativa, el Gobierno aprobó en el primer Consejo de Ministros de agosto una reforma de los temarios para suprimir lo que consideran "las cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico". Según el Ejecutivo central, esta asignatura "ha sido un tema de conflicto desde su origen, por entender un sector importante de la población española que su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales".

La reforma del temario es válida para el curso que ya ha comenzado, lo que ha originado algunos problemas organizativos. La respuesta andaluza a este real decreto son las dos órdenes en las que se desarrolla el currículo de primaria y secundaria, los dos niveles en los que se imparte la polémica materia.

Andalucía tiene potestad para añadir, pero no para quitar. Moreno ha explicado que los alumnos también estudiarán los contenidos que ha incorporado el Gobierno central. Como los libros de texto son los mismos que el año pasado, lo que hará Educación es repartir en los centros de enseñanza material didáctico complementario que incluya los nuevos temas. Según Moreno, entre esos asuntos que ha sumado el Gobierno a Educación para la Ciudadanía está la "importancia de la iniciativa privada" y la "libertad económica".

Moreno se ha reunido este miércoles con la fundación Cives, defensora de la materia como fue concebida en 2006. Victorino Mayoral, presidente de esta asociación, ha aplaudido la decisión de la Junta. Y ha criticado que el ministerio, “con agosticidad”, cambiara la asignatura con los criterios de una "derecha muy conservadora".

Pero no solo hubo alabanzas. El presidente de la Federación Católica de Ampas de Sevilla (Fecapa) ha afirmado que la consejería "va mucho más allá" de lo que el sistema de competencias le permite. "Es absolutamente ilegal", ha dicho Carlos Seco a Europa Press. En su opinión, la Junta no puede emplear ese margen del 35% para incorporar las referencias eliminadas. Seco ha anunciado su intención de acudir a los tribunales y ha animado a las familias y los centros a que "reaccionen ante ese acto totalitario y unilateral de la consejera impidiendo que esta materia se imparta". Seco, abogado de profesión, ya es un experto en estas lides. Fue el letrado, por ejemplo, de las dos alumnas de un instituto sevillano que se quedaron sin el título de ESO por no asistir a clase de Educación para la Ciudadanía, a la que se oponían sus familias.