El juzgado reabre la investigación del cierre caminos públicos en Majadahonda

El juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda ha pedido informes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al Ayuntamiento de Majadahonda y a la Comunidad de Madrid, sobre el cierre de caminos que atraviesan la finca Romanillos, propiedad del duque de Berwick, situada en los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda. La petición surge después de que el juzgado haya decidido reabrir un procedimiento que archivó de forma provisional en febrero pasado tras una demanda presentada por la Asociación Amigos de los Caminos de Majadahonda.

Los denunciantes acusaban a los propietarios de la finca (descendientes de la Casa de Alba) de clausurar vías públicas utilizadas por los vecinos, además del Cordel Segoviano. Ahora, y tras estimar el juzgado un recurso de reforma presentado por el Ministerio Fiscal debido a sus "acertados razonamientos", se ha dado marcha atrás. El procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas.

Los agentes del Seprona deberán informar sobre lo ocurrido, "procediendo en su caso, a paralización y precinto de obras que se estén ejecutando o ejecutadas que supusieran obras ilegales contra la ordenación del territorio o invasión, usurpación del dominio público", dice el auto judicial. También se identificará a los autores y se tomarán manifestaciones a los mismos como imputados.

El auto pide al Seprona que compruebe si se han usurpado bienes públicos

En el auto, el juzgado solicita al Consistorio majariego que comunique las actuaciones que han llevado a cabo o, en su defecto, que explique los motivos. También se solicita a la Consejería de Medio Ambiente que certifique si existe construcción en el Paso del Cordel Segoviano y Camino de Romanillos perteneciente a Majadahonda, y si están clasificados y en su caso deslindados. "Algo que llevamos mucho tiempo pidiendo que se haga", sostiene Jaime Benavides, presidente de la Asociación. Fuentes del Consistorio majariego aclaran que "colaborarán con la justicia en todo lo que nos requiera, como hemos hecho siempre". Recuerdan, además, que todos los grupos municipales llegaron a un acuerdo para tratar de recuperar el uso público de los caminos de la finca Romanillos.

Benavides se muestra muy satisfecho por la decisión judicial. “Presentamos la denuncia el 29 de enero de 2013 después de dirigir escritos sobre lo que estaba pasando a los ayuntamientos afectados y a la Comunidad de Madrid y que hicieran oídos sordos", explica. A la semana recibieron un jarro de agua fría cuando conocieron el archivo. “Además nos habían pedido una fianza de 2.000 euros, que también recurrimos porque somos una organización sin ánimo de lucro y era exagerada”. Finalmente, el depósito ha bajado a 300 euros. “Mucho más razonable, ya lo hemos pagado”.

La polémica sobre los viarios que atraviesan la finca, de 823 hectáreas, estalló el pasado 22 de marzo cuando los transeúntes se toparon con una puerta cerrada por un candado que les impedía el paso al camino de Romanillos. Previamente, los propietarios habían adoptado otras medidas encaminadas a impedir el paso por los terrenos. Desde guardas a carteles coercitivos, con el anuncio de que la propiedad era privada. Las denuncias, iniciadas por la Asociación, se extendieron. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el de Majadahonda interpusieron sendas denuncias, que también se encuentran en fase de diligencias previas, y la Comunidad de Madrid abrió un expediente sancionador a la propiedad.