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Boadilla contra el duque de Berwick

Vecinos y ecologistas pelean el cierre de caminos públicos en la finca Romanillos

Unos ciclistas sortean la cadena que trata de cortar el acceso al camino público en la finca Romanillos, en Boadilla. Ampliar foto
Unos ciclistas sortean la cadena que trata de cortar el acceso al camino público en la finca Romanillos, en Boadilla.

A pie, en bicicleta, a caballo. Los vecinos de Boadilla disfrutaban desde hace años sin ningún problema de los caminos públicos que atraviesan la finca Romanillos, 823 hectáreas de monte mediterráneo situadas al noroeste del municipio. Hasta que el 22 de marzo los transeúntes se toparon de bruces con una puerta cerrada por un candado que les impedía acceder a los senderos y con una valla que cortaba la vía pecuaria Cordel Segoviano. El terreno está gestionado por Romanillos, SA, empresa presidida por Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez, duque de Berwick y emparentado con la la duquesa de Alba.

 Los propietarios esgrimen en su defensa una licencia concedida por Boadilla en junio de 2012 que les permitía cercar el terreno. Pero fueron un poco más allá. “Se les autorizó a acotar una zona pero no el acceso a los caminos que son de uso público y titularidad municipal. Nos han engañado”, asegura Antonio González Terol, alcalde de la localidad. La tensión ha llegado a tal punto que incluso se ha impedido entrar a agentes de la policía local boadillense. Algún impaciente ha decidido actuar por su cuenta. El candado de la puerta apareció un día forzado y la verja metálica que cortaba el Cordel Segoviano, tirada. Ahora ha aparecido una cadena como elemento disuasorio, que se puede saltar sin gran problema.

Un tío de la duquesa de Alba preside la empresa que gestiona la finca

El cierre se ha realizado de forma paulatina, relatan los vecinos. En octubre del año pasado llegó la primera señal de que algo estaba cambiando a peor. Aparecieron dos guardas que conminaban a los transeúntes a abandonar el lugar por ser propiedad particular. “Siempre ha habido un vigilante, pero no se metía en nada”, recuerda un vecino. Los empleados se situaron en los accesos de mayor paso: uno en la entrada de la carretera de Brunete, la preferida por los ciclistas, y otro, en la urbanización Las Lomas. Gerardo Trianes, que monta a caballo por la finca desde hace 20 años junto con otros caballistas, asegura que nunca había tenido ningún problema. “Entendería que no dejaran transitar por todo el terreno, como sucedía hasta ahora, pero los caminos son públicas”, opina.

El pasado mes de marzo los propietarios dieron un paso más. Los carteles del Ayuntamiento que anunciaban la titularidad pública de las vías desaparecieron para dar paso a otros con la información contraria: “Todos los caminos de esta finca son privados”, rezaba uno de ellos. Algunos “amenazantes”, en opinión de la Asociación Amigos de los Caminos, los primeros que interpusieron una denuncia por el cierre ante el Juzgado de Majadahonda en enero pasado, como uno en el que se observa una calavera con el aviso de: “Prohibido el paso, zona de tiro”. En la finca se organizan cacerías, “aunque no de forma frecuente”, confirman desde el Ayuntamiento. Otro letrero advertía hasta hace unos días de que la propiedad actuaría contra el que invada la finca “con todo el respaldo del Código Civil y las Leyes de Protección de la Naturaleza”. El portazo definitivo fue el vallado de una parte del terreno. Un cercado de malla metálica de 1.880 metros de longitud, que ha superado en 300 metros lo autorizado por el municipio.

La indignación primera se transformó en una cascada de demandas. Los vecinos acudieron a la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Boadilla con una denuncia ante el juzgado de Instrucción de Móstoles contra Romanillos, SA y su representante legal por el cierre de caminos. “Los dueños de la finca persisten en su actitud a pesar de las reuniones y contactos que hemos mantenido con ellos”, aclara González Terol. Como prueba aportan documentación del catastro donde consta la titularidad pública de los caminos, que coincide con la extraída del Archivo Histórico del Catastro en 1943. Al mismo tiempo, han abierto dos expedientes administrativos. Los grupos de la oposición municipal también han levantado la voz contra el cierre. “Los llevamos utilizando toda la vida y es increíble lo que está pasando. Animo a los vecinos a que denuncien lo que está ocurriendo”, sostiene Gudelio Oliver, edil de UPyD. El portavoz del PSOE, Pablo Nieto, que es necesario realizar una demarcación completa de los caminos públicos del municipio.

El Ayuntamiento y la Comunidad han abierto expedientes sancionadores

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la que dependen las vías pecuarias de la región, ha puesto en marcha por su parte un expediente sancionador y los grupos políticos del Ayuntamiento de Majadahonda, municipio en el que se sitúa una parte de la finca, aprobaron en el último pleno presentar una propuesta de recuperación de los caminos.

La Asociación Amigos de los Caminos, que ha convocado una manifestación por Romanillos en próximo 12 de mayo junto con Ecologistas en Acción, culpa de la situación a la desidia de los políticos. “Las administraciones públicas, locales y autonómicas tienen que cumplir la legislación vigente, realizando un inventario de sus bienes que incluyan la recuperación y señalización de los caminos y vías públicas. Eso es lo que garantiza que se pueda transitar por ellos”, reclama Jaime Benavides, presidente de la Asociación. Algo que se ha olvidado en la vía pecuaria Cordel Segoviano y en los caminos de Romanillos. “Lo que implica una dejación de funciones y permisión de situaciones de ilegalidad”, concluye.