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Los sindicatos cuestionan las medidas contra la exclusión social de la Junta

Pro Derechos Humanos considera “ridícula” la dotación económica del plan

Reyes Rincón
Diego Valderas y Antonio Maíllo, a su izquierda, durante el acto de ayer en Sevilla.
Diego Valderas y Antonio Maíllo, a su izquierda, durante el acto de ayer en Sevilla. PACO PUENTES

Las críticas al decreto andaluz contra la exclusión social llegaron este viernes de donde más podía dolerle a la coalición formada por PSOE e IU: los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Justo el día que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el texto de la norma, que ha generado una ola de autocomplacencia entre los miembros del Ejecutivo autónomo, los líderes regionales de los dos sindicatos mayoritarios y los responsables de APDHA se desmarcaron del contenido de este decreto y del aprobado por la Junta para frenar los desahucios.

Las tres organizaciones coincidieron en considerar “insuficientes” los planes de la Junta para paliar los efectos de la crisis en las familias andaluzas. El máximo dirigente de CC OO en Andalucía, Francisco Carbonero, que no se había pronunciado hasta ahora sobre las medidas del Gobierno andaluz, afirmó que los decretos han sido redactados “pensando más en el impacto mediático que en el efecto positivo para las personas”. “No nos parecen las medidas más acertadas”, advirtió el líder sindical, que tras reunirse con el defensor del Pueblo andaluz coincidió con la opinión que José Chamizo ya ha venido expresando en los últimos días: la Junta debería haber dado prioridad a la tramitación de una ley de inclusión social que fuera “más allá” que los decretos aprobados. “Tiene mucho de voluntad, pero le falta coherencia para resolver el problema de la gente”, dijo Carbonero en referencia al decreto contra la exclusión.

El defensor, que ya había mostrado su escepticismo sobre las dos medidas recientemente aprobadas, coincidió con el líder de CC OO en resaltar la “buena intención” de estas medidas, pero mostró dudas sobre el alcance real que van a tener. “La efectividad habrá que verla con el paso del tiempo”, dijo.

Carbonero cree que los decretos tienen más “impacto mediático” que real

Más tibio fue el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, que calificó el último decreto andaluz de “importante”, pero mostró su temor a que planes como el del Gobierno autónomo acaben normalizando la necesidad de arbitrar mecanismos de beneficencia. “La Junta no puede convertirse una herramienta más para ofrecer caridad”, afirmó Pastrana en declaraciones a Europa Press. “No es posible que en el siglo XXI se dé la circunstancia de que haya andaluces que estén pasando hambre y viviendo en condiciones indignas; no se trata de caridad sino de que todo el mundo debe tener cubiertas sus necesidades más básicas y elementales como un derecho”, afirmó el líder de UGT. “No se pueden utilizar mecanismos caritativos; la gente debe ganarse su pan cada día, se debe respetar la dignidad de las personas”.

Los reproches más duros llegaron desde la APDHA, para quien el decreto de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social es “a todas luces, insuficiente”. La asociación dejó por escrito sus críticas en un comunicado, en el que califica de “ridícula” la asignación presupuestaria de 120 millones de euros que ha reservado la Junta para este plan: dividiendo esta cifra entre los 1,4 millones de parados que hay en Andalucía, advierten los responsables de APDHA, la partida supone contar con 81 euros para cada desempleado. “Una inmensa mayoría de personas en situación de fuerte exclusión o en riesgo de ella quedarían al margen de este decreto por la insuficiente dotación económica”, asegura la asociación, que reprocha a la Junta su falta de decisión para atender a “todas” las personas que lo necesitan. La Junta, con todo, ha explicado en los últimos días que el paquete de medidas cubre las necesidades de las personas que está en riesgo de exclusión, que cifra en alrededor de 100.000 personas. Si se suma el salario social, los beneficiarios suman, según el Gobierno andaluz, más de 150.000 personas.

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APDHA critica también que el decreto andaluz no contemple ninguna medida para que no se produzca el corte de suministros básicos (luz y agua) “que están sufriendo a diario centenares de familias”, ni recoja “soluciones” para las personas que no tienen acceso a la vivienda, en referencia a ciudadanos que viven “hacinados” en pisos, en chabolas o en la calle.

El 50% de las ayudas, con gestión local

Los Ayuntamientos andaluces gestionarán el 50% del decreto andaluz de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social que ayer publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Así lo anunció ayer el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), que defendió la colaboración entre las Administraciones como uno de los pilares del plan. "Un programa como este tiene que hacer que las instituciones públicas se den la mano", afirmó Valderas.

La participación de los Ayuntamientos va a ser fundamental en varias patas del decreto andaluz, entre ellas en la gestión de la red de solidaridad alimentaria, dotada con 16 millones de euros, de los que la Consejería de Valderas gestionará cuatro millones. De ellos, tres se distribuirán en transferencia directa a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que ya hayan puesto en marcha actuaciones para garantizar la alimentación de sus vecinos más desfavorecidos y soliciten acogerse al plan andaluz. Los Ayuntamientos podrán presentar su solicitud desde hoy y hasta el 21 de mayo.

El departamento que dirige Valderas gestionará también un millón de euros mediante ayudas para actuaciones que promuevan la concienciación social y prácticas de consumo responsable. De esta partida saldrán también subvenciones para organizaciones sociales que tengan ya en marcha actuaciones en esta materia, como las que gestionan comedores públicos o la distribución de alimentos a domicilio.

La red de solidaridad alimentaria coordinará estas actuaciones y otras que se gestionarán desde otras Consejerías, como el reparto de comida en los colegios y en los centros de mayores. La red tendrá una comisión de coordinación presidida por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y comisiones de seguimiento para la aplicación de cada uno de los planes. “No se trata de sustituir la iniciativa social, sino complementarla y reforzarla dando protagonismo a los servicios sociales comunitarios”, explicó Valderas.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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