Una adjudicataria de obras en Santiago prestó 60.000 euros a Conde Roa

Todo está reflejado en los libros contables de la constructora CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico, SLU, adjudicataria habitual del Ayuntamiento de Santiago con el actual gobierno del PP y también con el Ejecutivo anterior que presidía el socialista Xosé Sánchez Bugallo. En el reciente informe realizado por los administradores que gestionan la sociedad después de que esta presentase voluntariamente concurso de acreedores, figura en el capítulo de “deudas comerciales y otras cantidades pendientes de cobro”, media docena de obras que ha acometido para gobiernos municipales de distinto color político en la capital de Galicia. En total, la constructora refleja que facturó al consistorio más de medio millón de euros en los últimos años, algunos todavía pendientes de cobro en las arcas municipales. La delicada situación económica que vive la constructora —en situación concursal desde el pasado enero, según el Registro Mercantil— ha destapado un préstamo de 60.000 euros por parte de esta firma al anterior alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, del PP, que abandonó el puesto hace ahora un año cuando este diario desveló una denuncia contra él por presunto fraude fiscal de 291.000 euros que la fiscalía presentó en los juzgados. En el epígrafe de “inversiones financieras a corto plazo” que consta en el informe concursal de la constructora figura un inusual apunte en este tipo de documentos: un préstamo expedido por la constructora a Conde Roa, por el monto ya citado de 60.000 euros. Según detalla la empresa, el dinero adelantado al exregidor compostelano es uno de los dos créditos concedidos por la firma —aparece otro a una UTE pero por un importe muy inferior (3.000 euros)— detallados en libros. El asiento contable está anotado en la documentación como “Préstamo G.C.R.” por un importe de 60.000 euros y un “valor actual” de la misma cantidad, lo que implica que el regidor no había devuelto ningún capital en el momento en que se elaboró el informe concursal, a principios de marzo de 2013. La empresa no ha contestado a las llamadas de este diario para conocer su versión de los hechos

La documentación judicial en poder de EL PAÍS apunta a que el anterior alcalde de Santiago acumula deudas por siete millones de euros derivadas de su frustrada irrupción en los negocios inmobiliarios. Conde Roa está imputado en tres procesos distintos y otros tantos jueces le investigan por presunto fraude a Hacienda,supuestas adjudicaciones irregulares, prevaricación y un hipotético episodio de acoso a un funcionario público. En la lista de “obras en cartera” que la constructora recibió del gobierno de Conde Roa, el beneficiario del préstamo, consta una senda peatonal en el polígono del Tambre (90.067,96 euros) y la cubierta del parque de bomberos (6.049,98 euros). El propietario de la constructora, Antonio Ramos Reboredo, es un habitual de las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Santiago desde antes incluso de la la llegada del PP al poder. Como socio único de Construcciones en Piedra Sigrás, SL, obtuvo numerosas adjudicaciones. El 17 de marzo de 2011 cambió la denominación social de esta compañía, que pasó a llamarse CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico, SLU. El contrato para construir la senda peatonal en el polígono empresarial del Tambre, el parque industrial más poblado de la ciudad, lo ganó esta constructora tras imponerse a otras 25 ofertas que pujaban por el mismo encargo. El proyecto —financiado por la Diputación de A Coruña— fue adjudicado por el gobierno de Conde Roa el 17 de octubre de 2011, según consta en el expediente administrativo.

Antes, con los socialistas en el gobierno local, la constructora había efectuado dos reformas en el pabellón Multiusos de San Lázaro para los locales de pinpong y triatlón (28.101 y 26.660 euros respectivamente), la ejecución del Centro Xoven (188.609 euros) y la rehabilitación del catalizador de Belvís (192.454 euros). La empresa saltó a los periódicos hace año y medio por una rocambolesca adjudicación en el Ayuntamiento de Santiago que propició la condena de dos técnicos, acusados de manipular una oferta de Construcciones en Piedra Sigrás, SL para beneficiar a una competidora. El caso sirvió al PP para acusar de corrupción al gobierno socialista. El juez acabó condenando a los dos funcionarios a tres años y medio de cárcel, pero exculpó a los gestores políticos.