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La cantera de la piedra del Gaiás arrasó parte de un paraje protegido

El fiscal pide cinco años para cada uno de los tres acusados de un delito ambiental

Cidade da Cultura en el monte Gaiás de Santiago, forrada de cuarcita procedente de la cantera ilegal de Muras.
Cidade da Cultura en el monte Gaiás de Santiago, forrada de cuarcita procedente de la cantera ilegal de Muras.

La cuarcita que según la Xunta de Fraga iba a ser “para la Cidade da Cultura como el titanio para el Guggenheim” llega hoy a juicio en la Audiencia Provincial de Lugo. La cantera que eligió el arquitecto Peter Eisenman para forrar la que considera su obra suprema de un tono rosado que torna a rojizo cuando cae el sol se tragó, según el fiscal, 1,2 hectáreas del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serra do Xistral.

La empresa Piedra Natural de Muras, SL, propiedad del exalcalde de Ortigueira Antonio Campo Fernández y su hermano Pablo, en sociedad con otros dos hermanos, Siro y Alberto Vega Rodríguez, “se dedicó entre los años 2003 y 2006 a la explotación de la cantera Angelita Fracción Segunda en estado de máxima actividad incumpliendo”, según la fiscalía, “de un modo voluntario y consciente” los límites fijados por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El frenesí extractivo “descontrolado”, sigue el escrito de acusación remitido al juzgado de Instrucción de Vilalba, se llevó a cabo “sin contar con autorización municipal de apertura, sin autorización autonómica para el desarrollo de la actividad y sin autorización de Augas de Galicia” para usar los manantiales o arroyos afectados.

La declaración de impacto aprobada por la Xunta se refería a una superficie de 13,46 hectáreas que limitaban, pero no invadían, el actual LIC Serra do Xistral. Pero la empresa del exregidor popular engulló 19,4 hectáreas, de las que más de una “se internaron directamente” en la zona protegida. Las mayores tropelías cesaron a partir de 2006, y en enero de 2007, con el gobierno bipartito, la Dirección Xeral de Urbanismo inició el expediente de reposición de legalidad que establecía la paralización de la cantera. Ese mismo año, la asociación ecologista Adega, ahora personada en la causa, presentó una denuncia al Seprona.

El fiscal de Mondoñedo pide una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio profesional y multa de 13.500 euros para cada uno de los tres acusados: Pablo Campo (socio), Siro Vega (socio) y Manuel Pajón (director facultativo de la cantera). Considera que los dos primeros eran “quienes tomaban todas las decisiones” mientras que sus respectivos parientes (Antonio Campo y Alberto Vega) “tenían un carácter capitalista”.

Según denunció Adega en 2007, la cuarcita extraída en el municipio lucense de Muras también sirvió para recubrir una parte de la residencia oficial de Monte Pío que estrenó Fraga Iribarne. El colectivo de defensa ambiental defendía que existía un “trato de favor” del Gobierno del PP hacia la empresa del alcalde, entre otras cosas porque en 2002 la Xunta retiró de la Red Natura la parcela en la que se ubicaba el yacimiento después de haber propuesto su inclusión en 1999. Pese a todo ello, en el año 2000 la explotación empezó a funcionar sin ningún tipo de permiso y en 2003 la compañía de los hermanos Campo se hizo con el contrato para suministrar la piedra a la Cidade da Cultura por 6,6 millones tras un concurso que no se publicó en diarios oficiales.

En su informe sobre el Gaiás, el Consello de Contas criticó los retrasos en los que incurría la empresa a la hora de servir las losas al mastodóntico complejo y la culpabilizó de los incumplimientos en el plazo de ejecución de las obras. Forzada probablemente por el ritmo de demanda del proyecto, Piedra Natural de Muras apuró la extracción y exprimió más allá de los límites una cuarcita que al final resultó insuficiente para tanto edificio. En tiempos de Ánxela Bugallo, la Consellería de Cultura acabó buscando un mineral parecido en Brasil.

Entre los testigos que hoy han sido llamados a prestar declaración, se cuentan el exalcalde de Ortigueira y varios agentes del Seprona. Según el ministerio público y tal y como adelantó ayer El Progreso, la explotación prácticamente lo incumplió todo: no respetó los límites establecidos, no instaló balsas de decantación, no construyó las escombreras previstas en la DIA y no levantó el necesario cierre perimetral. Pero, sobre todo, dañó, sin reparar, hábitats protegidos en una zona delicada, de “alto valor paisajístico” e “imposible recuperación del equilibrio ecológico”.

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