La justicia condena a UDC por recibir aportaciones directas en el ‘caso Pallerols’

La Audiencia de Barcelona declara que el partido de Duran se lucró con 38.900 euros públicos Los jueces dicen que un, dirigente de Unió, actuó "procurando un beneficio para el partido"

El exsecretario de organización fue “receptor directo de importantes cantidades”

La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona condenó este viernes a Unió Democrática de Cataluña (UDC) por beneficiarse de fondos públicos destinados a la formación de parados en el llamado caso Pallerols. La sentencia establece que el partido de Josep Antoni Duran i Lleida deberá responder como responsable civil del perjuicio de 388.483 euros causado a las arcas públicas por los cuatro condenados. Es la primera vez, desde la restauración de la democracia, que se produce una condena así a un partido.

Uno de los condenados es Vicenç Gavaldà, secretario de organización y relaciones institucionales entre 1992 y 1999, a quien los jueces definen como “receptor directo de cantidades importantes en efectivo”. Según la sentencia, actuó “procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC” y tuvo un “papel decisivo” en el desvío del dinero. Gavaldà y otros tres acusados son condenados por falsedad, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones a penas de entre ocho y 18 meses de prisión que no implicarán su ingreso en la cárcel.

La sentencia firme dice que UDC se lucró y que debe pagar por ello

La resolución judicial es firme y llega tras el pacto que cerraron hace dos semanas las defensas, entre ellas la de Unió, con el fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, para evitar el juicio en el que tenía que declarar como testigo Duran i Lleida. El líder democristiano pidió este viernes perdón desde Chile, pero insistió en que no dimitirá. “Reitero, no hay financiación irregular, que es aquello que en su día dije yo”. Duran prometió en su día que renunciaría si se demostraba que su partido se había financiado irregularmente.

Entre 1994 y 1999 las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols recibieron de la Generalitat 8,8 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea destinadas a cursos para parados. La Audiencia dice que se produjo una “conjunción de intereses” entre los acusados que “fraguó en un concierto o mutuo acuerdo con la última finalidad de conseguir que una cifra cercana al 10% del importe total anual” de las subvenciones “fuera desviado a fines ajenos a actividades formativas”.

Además de Pallerols, que era militante de Unió cuando ocurrieron los hechos, y de Vicenç Gavaldà, han sido condenados Lluís, hermano del anterior y director general de Ocupación de la Generalitat en aquellos años, y Santiago Vallvé, otro militante de Unió ya condenado por el saqueo del Consorcio de Turismo de Cataluña.

La Audiencia de Barcelona explica que la cantidad derivada a Unió entre 1994 y 1999 fue de 595.972 euros, pero precisa que “solo se ha podido constatar como efectivamente desviada” la de 388.484 euros, que es la que los jueces condenan al partido como responsable civil subdiario. De ese dinero, 38.978 euros llegaron a Unió por “aportaciones directas” que se emplearon para comprar material de oficina o de informática para diversas sedes y otros 158.306 euros se emplearon en pagar las nóminas de trabajadores de Unió. Suman 197.284 euros, de los que la sentencia considera a Unió partícipe a título lucrativo por beneficiarse directamente del delito cometido por Gavaldà.

Es la primera vez que se pronuncia una condena de ese calibre a un partido

La Audiencia de Barcelona recuerda que los cargos de Gavaldà eran “de los más destacados” y que “en tal condición intervino en los hechos, procurando un beneficio para el partido y algunos de sus miembros”. En este sentido, se describe que “Gavaldà urdió y medió en los pactos relativos a los importes de las subvenciones que cada año se destinarían” a Pallerols. También se dice que “rendía cuentas anualmente” a Pallerols “sobre las subvenciones percibidas y lo detraído de las mismas, las cantidades y el destino dado”.

Del empresario Fidel Pallerols se dice que “desarrolló una cierta actividad política, pues colaboraba, al menos de forma ocasional, en actividades del partido”. Su esposa, María Cruz Guerrero, que ha sido absuelta, también militó en Unió.

Sobre Lluís Gavaldà, el alto cargo de la Generalitat y hermano de Vicenç, la sentencia asegura que “a cambio de su participación decisiva en el otorgamiento de las subvenciones obtenía” de Pallerols “favores económicos para el partido, él mismo y otros responsables” del Departamento de Trabajo de la Generalitat.

Los jueces precisan que no se ha probado que terceras personas que se beneficiaron del dinero “tuvieran cabal conocimiento de que la aportación que les hacía el acusado Pallerols procediera de las subvenciones públicas y fuera fruto del acuerdo alcanzado entre los acusados”. Unió se acogió a esta frase de la sentencia para proclamar en un comunicado que el partido “nunca tuvo conocimiento de los hechos” y volver a “reiterar las disculpas por la actuación de los que en su día fueron militantes”.

Tras conocerse la decisión, el secretario general de ICV, Joan Herrera, reclamó a Artur Mas, que suspenda la financiación pública a Unió al tratase de un partido “condenado, ya corrupto legalmente”. Por su parte, el portavoz adjunto del PP catalán, Santi Rodríguez, exigió que Duran dimita de todos sus cargos públicos, incluida la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso. Desde el PSC se pidió al líder democristiano que dé “explicaciones más convincentes”.

Duran sigue en el cargo aunque dijo que dimitiría

MAIOL ROGER

Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica ahora y cuando se produjo el caso Pallerols, en los años noventa, ha cambiado radicalmente su discurso en 13 años. Duran no dimitirá por este asunto, como remachó de nuevo desde Chile, pese a que dijo que lo haría. Lo anunció en plena investigación por el caso: “Si hubiese financiación irregular, aunque no la conociese, yo me sentiría responsable, claro que sí”, dijo en 2000 en la cadena SER. Dos años después se le planteó la misma cuestión y respondió: “Si fuese el responsable de esa financiación sí dimitiría, por qué no”. La oposición, excepto el PSC, pidió al conocerse el pacto con la fiscalía que Duran cumpliera su palabra y dimitiera.

Duran trató de justificarse hace dos semanas y defendió su permanencia en el cargo. El democristiano aseguró que el partido no había sido ni imputado ni condenado, obviando que los jueces nunca imputan a organizaciones, siempre a personas. “Duran dijo que si fuese el responsable de la financiación dimitiría. Unió no ha sido imputada ni condenada, por lo que la premisa no se cumple”, dijo en su defensa la portavoz de Unió, Marta Llorens.

Duran llegó a afirmar que en la condena no se especificaba la financiación ilegal, algo que repiten estos días varios cargos de Unió. Por ello, decía, no se sentía responsable de los hechos y por tanto no incumplía su propia palabra. El democristiano comparó esta condena con dejarse un grifo abierto. “El agua provoca daños en el piso del vecino. La acción no es intencionada, no hay responsabilidad penal pero sí civil y te obliga a pagar los daños ocasionales”.

Para justificarse ante su militancia, el líder de Unió se presentó como una víctima, y apostilló: “Tranquilos. No me tumbarán”.

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