La santísima trinidad de Unió

Santiago Vallvé, exmilitante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), cuenta los billetes que le acaba de entregar el empresario andorrano Fidel Pallerols, los dobla con esmero y se los mete en el bolsillo de la camisa. Ese día, 13 de febrero de 1999, Vallvé se embolsa en metálico el equivalente a dos millones de pesetas. El empresario, que llevaba cinco años desviando al partido democristiano parte del dinero que recibía para organizar cursos de formación a parados, decidió grabar la escena para cubrirse las espaldas.

El vídeo es una de las pruebas más llamativas de la financiación irregular de Unió en el denominado caso Pallerols, que esta semana se ha cerrado con un acuerdo entre la fiscalía y los abogados. El partido dirigido por Josep Antoni Duran Lleida entonces y ahora asume que se lucró con dinero público y acepta pagar una indemnización de casi 400.000 euros. Los acusados, a cambio, obtienen penas mínimas que les evitan el ingreso en prisión.

El fraude de los cursos de formación se remonta a la década de los 90 y se explica a partir de tres pilares y sus íntimas conexiones: un empresario (Pallerols), un partido (Unió) y una administración (el Departamento de Trabajo de la Generalitat). Pallerols era propietario de unas academias dedicadas, al principio, a enseñar informática. Se enamoró de una de sus empleadas, Mari Cruz Guerrero, militante y exlíder de las juventudes de Unió. Fue ella quien le introdujo en los círculos de poder del partido democristiano.

Con el tiempo, se gestó una “confluencia de intereses”, dice el fiscal Fernando Rodríguez Rey en el relato de hechos que ha sido aceptado por todos los implicados, incluido Unió. Pallerols quería “incrementar la actividad de sus empresas”; Vallvé y el secretario de Organización de Unió, Vicenç Gavaldà, pretendían “sufragar gastos del partido”; y el máximo responsable de la Dirección General de Ocupación, Lluís Gavaldà (hermano del anterior) también buscaba beneficios para el partido... y para sí mismo.

Pallerols grabó en vídeo el pago

Con tan íntimas conexiones personales, familiares e ideológicas, no fue difícil sellar un acuerdo. Ese pacto ilícito precisaba que alrededor del 10% de los fondos públicos que iban a recibir las academias de Pallerols —tres centros cuya única fuente de ingresos eran, precisamente, los cursos de la Generalitat— se desviarían a otros fines. El exsecretario de Organización, que era el encargado de buscar vías de financiación para el partido, jugó un “un papel decisivo”: “urdió y medió” en los pactos y cada año rendía cuentas ante Pallerols sobre las subvenciones desviadas. Él mismo percibió “cantidades importantes en efectivo”.

La trama se puso en marcha en 1994. Para evitar sospechas, Pallerols puso al frente de sus tres empresas a su mujer, que finalmente ha sido exonerada. Lo mismo ha ocurrido con otra de las acusadas, la exsubdirectora de Ocupación Dolors Llorens. Su participación en el fraude fue menor y las pruebas contra ellas son más débiles, de ahí que se hayan quedado fuera, según fuentes de la fiscalía. El paso del tiempo —han transcurrido 14 años desde el comienzo de una compleja investigación— ha debilitado las acusaciones y ha propiciado el pacto entre las partes.

El contacto entre el empresario y Lluís Gavaldà, el jefe de Ocupación, era constante. “Compartían celebraciones familiares, vacaciones e inversiones”, narra el fiscal. El excargo público hizo oídos sordos a los informes negativos sobre las academias de su amigo que llegaban desde las delegaciones territoriales. Algunos de los alumnos que declararon ante el juez durante la investigación de los hechos explicaron que jamás asistieron a los cursos. Aunque, según fuentes judiciales, la mayoría de clases de formación para facilitar el acceso de los parados al mercado de trabajo se realizaba. “Había irregularidades de tipo administrativo, algo que es habitual en este sector”, precisan las mismas fuentes.

Las academias del empresario recibían trato de favor en los cursos a parados

Además de vídeos como el del militante Vallvé, la clave del caso han sido las anotaciones que se hallaron en las empresas de Pallerols. El empresario llevaba un “detallado y meticuloso control” de los pagos en distintos formatos: en libretas manuscritas, en su agenda personal y hasta en el ordenador desde el que se gestionaba la contabilidad de sus empresas. A una de las cuentas, la 410.00.001, le dio el explícito nombre de UDC. Comissions GCDT.

Las empresas de Pallerols recibieron en total 8,8 millones en subvenciones cofinanciadas por el Departamento de Trabajo y el Fondo Social Europeo. Aunque el acuerdo pasba por desviar el 10% de esa cantidad, la suma “que se ha podido constatar como efectivamente desviada”, sigue el fiscal, es algo inferior: 388.484 euros. El pasado martes, Unió y los otros cuatro acusados consignaron en el juzgado la mayor parte de esa cantidad para hacer frente a la indemnización. Según fuentes judiciales, el partido ha pagado la totalidad de ese importe con un préstamo que le fue concedido hace unos días por una entidad bancaria catalana.

¿Dónde fue a parar el dinero? Casi la mitad, a Unió. El desvío sirvió para pagar muebles de oficina y equipos informáticos en distintas sedes de Unió: Girona, Vilanova y Barcelona. Pallerols llegó a pagar el rótulo de una de las sedes y una fotocopiadora. Con el dinero de la UE también se pagaron las nóminas de cuatro militantes del partido que se hacían pasar por empleados de Pallerols. La mayoría de ellos acabaron admitiendo ante el juez que, en realidad, trabajaban de administrativos para el partido. El resto del dinero se repartió entre distintas personas.