Madrid da luz verde a la privatización de la gestión de la sanidad

La Asamblea da el paso para que empresas gestionen seis hospitales y 27 centros de salud

El parlamento regional aprueba la tasa del euro por receta y el 'traje' legal para Eurovegas

PSM y UPyD piden el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty

JUGANDO A 'APALABRADOS' EN LA ASAMBLEA.  Los diputados del PP Bartolomé González y María Isabel Redondo, echando una partida durante el pleno. / Álvaro García

La Comunidad de Madrid ha dado a las 17.21 el paso previo a la privatización de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con la mayoría absoluta del Partido Popular (72 diputados) y el rechazo frontal de PSM (36), Izquierda Unida (13) y UPyD (8). A partir del 1 de enero se podrán presentar las licitaciones para los concursos de sanidad. El Gobierno regional, que también ha incluido dentro de la Ley de Acompañamiento la tasa del euro por receta —o una batería de iniciativas fiscales y administrativas que son “un traje a medida para Eurovegas” según toda la oposición—, calcula que se harán efectivas a lo largo de la primavera. El PSM y UPyD han pedido el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty durante sus intervenciones en el pleno, en el que el PP no ha sacado adelante ni una sola de las enmiendas de IU (81), PSM (78) y UPyD (60). Otro cantar ha sido con las 48 enmiendas del Partido Popular. “Privatizan la sanidad para hacer negocio. No es eficiencia. Señor Lasquetty, le exijo en nombre de mi grupo parlamentario que presente su dimisión. Ha convertido la política en un ataúd”, ha apuntado el socialista Antonio Carmona. "El señor Lasquetty ha planteado de una manera imprudente e irreflexiva la privatización. Ha causado un gran malestar. Lasquetty es un obstáculo en este conflicto”, le ha precedido el magenta Luis de Velasco.

La sesión ha sido más tranquila de lo esperado, en buena parte por el dispositivo desplegado por la Delegación del Gobierno, con una veintena de furgonetas policiales —una cifra similar a la que ya rodeó el hemiciclo la víspera—, y porque una plataforma ciudadana ha cancelado una manifestación contra la privatización de la sanidad ya que no les permitían acercarse al Parlamento madrileño. "Esto no es una ley. Esto es un escándalo para la sanidad pública, un escándalo que les veíamos venir, con el área pública por ejemplo. O cuando reducían las dotaciones a la sanidad pública por la concertada y la privada", ha criticado Carmona. “Protegen a los más ricos para que no sufran el menor agobio de la crisis... Se condena a madrileños al desamparo. Esta ley está hecha al dictado de un propietario de casinos y regala la sanidad pública a Capio”, ha añadido Libertad Martínez, de Izquierda Unida. "No es compatible la búsqueda de beneficio con un derecho absolutamente fundamental como derecho a la salud, por eso enmendamos el artículo 56 de la Ley de Acompañamiento, referente a la privatización de la gestión de seis hospitales”, han esgrimido desde UPyD.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. / Á. GARCÍA

Precisamente el PP ha presentado una modificación de enmienda al artículo 56, que trata de la “reordenación de la asistencia sanitaria en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo”. De cinco párrafos, los populares eliminaron dos. En la versión inicial la concesionaria de los servicios sanitarios (la que entre nueva) tenía las funciones de coordinación de los distintos actores (concesionaria de lo no sanitario, administración y concesionaria de lo sanitario) y con la enmienda ya no tiene esa funciones. “Las funciones de coordinación con las entidades adjudicatarias de los servicios no sanitarios de explotación de la obra pública corresponderán a las empresas adjudicatarias de los contratos de gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada”, apuntaba el texto. “La adjudicación de contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada no supondrá modificación de los Contratos de concesión de obra pública para la Redacción del Proyecto, Construcción y Explotación vigentes en los respectivos Hospitales”, rezaba el otro párrafo. “Da la impresión de que no se lo habían pensado mucho… refleja improvisación”, opina Enrique Normand, diputado de UPyD que es médico de formación. “Con la enmienda existe la posibilidad de modificar el contrato con las concesionarias actuales: en la primera redacción se indicaba que ese contrato no se modificaba. Quizá estén abriendo la posibilidad a que haya una unión temporal de empresas (UTE) entre la nueva concesionaria y la que ya está. Quizá a la nueva concesionaria le interese terminar de habilitar algunas zonas que ya están construidas en los 6 hospitales a privatizar pero que hoy en día no se están utilizando y para ello tenga que negociar con la concesionaria de la infraestructura”, reflexiona el parlamentario.

Una 'ley escoba' para todo

Una vez más la Ley de Acompañamiento hizo honor al sobrenombre con que es conocida, el de la ley escoba ya que el partido en el poder la suele emplear para incluir toda serie de normativas. Por ejemplo, que los funcionarios interinos no docentes del sector público regional “podrán ser nombrados para realizar sus funciones a tiempo parcial cuando así lo requieran las necesidades del servicio. En tal caso, percibirán las retribuciones proporcionales a la jornada trabajada”. La duración concreta de la jornada no será inferior al 75% de la jornada ordinaria en cómputo anual o “del que proporcionalmente corresponda si se trata de un nombramiento temporal de menor duración”.

También se introdujo un artículo nuevo vía enmienda referente a la reducción voluntaria de jornada. El personal funcionario de carrera, el personal estatutario fijo y el personal laboral fijo del sector público podrán solicitarla “con el límite máximo de un tercio de la jornada ordinaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones”. La concesión de la reducción de jornada quedará “subordinada a las necesidades y buen funcionamiento de los servicios públicos”. No se podrá sustituir a las personas a las que se les conceda dicha reducción, incide el artículo.

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