Los 70.000 funcionarios del Gobierno vasco cobrarán la paga extra de Navidad

Mendia: "No abonarla sería una decisión no ajustada a derecho"

El Ejecutivo resuelve dos semanas de incertidumbre y se enfrenta a la decisión de Rajoy

Mendia, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. / Adrián Ruiz de Hierro (efe)

"No abonar la paga a los funcionarios sería una decisión no ajustada a derecho". El Gobierno vasco en funciones ha anunciado esta mañana, aduciendo ese argumento, que los 70.000 funcionarios y empleados dependientes de la Administración autonómica (67.000 trabajadores fijos más otros 3.000 entre interinos y sustitutos) van a cobrar la paga extra de Navidad. El lehendakari y sus consejeros, quedan fuera de la decisión, pero sí percibirán el dinero el resto de altos cargos.

Tras dos semanas de polémica e incertidumbre, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Idoia Mendia, ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete que va a dar la orden para hacer efectivo el pago, que supone un gasto global de 208 millones de euros. El Gabinete se ampara para ello en una serie de informes jurídicos que le habilitan para tomar esa resolución.

El Gobierno de Patxi López considera que la decisión que tomó el Ejecutivo popular en julio supone una extralimitación en sus funciones, por la que Euskadi ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad aquel mismo mes.

Mendía ha explicado que cuando el Gobierno central aprobó en 2010 otro decreto ley que impuso recortes salariales a los funcionarios, el Ejecutivo vasco tuvo que acudir al Parlamento para que se aprobase una modificación de sus propios presupuestos, paso que los informes jurídicos usados consideran previo al cumplimiento del decreto ley.

En esta ocasión, el decreto fue aprobado en julio, un mes inhabil en Euskadi a efectos parlamentarios. El adelanto electoral que López decidió en agosto supuso la correspondiente disolución de la Cámara, por lo que "no ha habido posibilidad de hacer esa modificación en los presupuestos vascos, luego tenemos que abonar la paga extra", ha asegurado Mendia.

La decisión supondrá

un gasto de 208

millones de euros

"Para que sea eficaz el decreto ley es ineludible una ley autonómica que modifique lo dispuesto en el articulo que nos afecta del decreto ley. Si el Gobierno vasco hubiera decidido no pagarla estaría tomando una decisión contraria a derecho", ha argumentado.

La decisión llega después de que el delegado del Gobierno Carlos Urquijo, haya requerido a todas las Administraciones vascas a que acaten la decisión y pese a la postura del PNV, que ha optado en la Diputación de Bizkaia, donde gobierna, por renunciar al abono de la extra de Navidad y adelantar, en cambio, a enero la correspondiente a junio de 2013.

Mendía ha aprovechado para agradecer a los funcionarios el esfuerzo realizado, incluso salarial, durante estos tres últimos años.

El Ejecutivo pone fin de esa manera a dos semanas en las que las instituciones vascas han polemizado sobre esta medida. El Gobierno, que se mostró dispuesto a consultar esta decisión al PNV en la reunión que tenían previsto celebrar la pasada semana para empezar el traspaso de poderes, finalmente, aplazada por el choque entre peneuvistas y socialistas, ha acabado por tomarla en solitario.

El 'lehendakari' y

los consejeros quedan fuera de la medida

El Ejecutivo decidió en el último momento desconvocar la cita en medio de un fuerte enfrentamiento con el partido de Iñigo Urkullu, que le acusó de intentar aprobar gastos por 640 millones de euros cuando ya está en funciones. Mendia calificó de “falsa” esa cifra la pasada semana.

En una conferencia de prensa convocada para explicar la suspensión de la cita, la consejera indicó que el Gobierno iba a gestionar hasta el último día, pero negó que se estuvieran acometiendo inversiones o gastos extraordinarios. La postura del PNV de rechazar el pago de la extra de Navidad es una consecuencia directa de la adoptada por la Diputación de Bizkaia. El portavoz foral, Juan María Aburto, explicó la pasada semana que no iban a pagar esa parte del salario a sus 4.800 empleados “por imperativo legal de España”.

La portavoz no ha querido pronunciarse sobre si el argumento del Gobierno resulta también válido para las Diputaciones, aunque todo parece apuntar a que no, ya que las normas forales no tienen rango de ley. Así, la decisión del Ejecutivo central "barre toda la normativa de menor rango", ha asegurado.

El Ejecutivo de Rajoy deja por ahora en el aire si piensa tomar alguna medida al respecto

Mientras, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha recalcado que la opinión del Gobierno central "no puede ser más que negativa". En una rueda de prensa sobre ejecución presupuestaria, Fernández ha explicado que la retribución de los funcionarios es una competencia del Estado, pero no ha querido decir si el Gobierno tomará alguna medida al respecto, informa Efe.

"Es legislación básica que está introducida para todas las administraciones públicas: el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por lo tanto, siendo una competencia que corresponde al Estado y la ha ejercido, no puede tener más que una valoración negativa", ha rematado.

La Delegación del Gobierno esperará a conocer el contenido concreto del acuerdo para "estudiar vías de actuación".

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