Una marea contra la privatización

Todos los colectivos de la sanidad pública madrileña van a la huelga contra el plan de González

El paro afecta a hospitales y centros de salud

Foto: ULY MARTÍN Vídeo: ATLAS

La marea blanca se ha plantado contra los planes del Gobierno madrileño para avanzar en la privatización sanitaria. Por primera vez en España, todo el sector ha respondido de forma unitaria a un proceso del que Madrid, junto con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, es punta de lanza. La huelga total convocada tanto por los sindicatos de clase como por los profesionales se ha sumado a otra indefinida de una asociación de médicos y ha acabado confirmando a gran escala el goteo de protestas que se ha estado viviendo en el sector público madrileño en el último mes: encierros indefinidos en más de 20 hospitales y centros de salud, concentraciones diarias, una marcha multitudinaria por el centro de la capital...

El Gobierno que preside Ignacio González ha conseguido lo que ningún conflicto laboral había logrado: que todos los actores de la sanidad se pongan de acuerdo en el rechazo a un plan, presentado el 31 de octubre junto con los Presupuestos de 2013, que da un vuelco al modelo sanitario madrileño. La gestión de seis hospitales prácticamente nuevos, inaugurados en 2008, se privatiza.

Las empresas públicas que los gestionan se disolverán y se sacará a concurso la atención sanitaria: médicos, enfermeras, auxiliares... estarán contratados por empresas, como ya sucede en tres hospitales construidos recientemente bajo el modelo de concesión (Valdemoro, Móstoles y Torrejón). Por primera vez en Madrid, aunque no en Valencia, la gestión de 27 centros de salud se privatiza. En los hospitales tradicionales, todos los servicios no sanitarios se externalizan. Miles de puestos de trabajo quedan en el aire.

Sin embargo, esta vez el conflicto no es laboral, aseguran los convocantes de la huelga y los sanitarios que están participando a título individual en encierros y marchas. El rechazo al plan regional se ha convertido en unánime porque se entiende como un ataque a la sanidad pública. Nunca una protesta sanitaria en Madrid había reunido a tantos médicos, el colectivo más reacio a huelgas y manifestaciones. Ahora las batas blancas han tomado la calle: incluso jefes de servicio se concentraron en la Cibeles el 18 de noviembre durante la marcha blanca. Cerca de 600 firmaron la semana pasada una carta de rechazo al “cambio radical” que plantea Madrid. Dudan de que suponga un ahorro y de su efectividad y temen que introduzca una “falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias”.

Por primera vez los facultativos salen a la calle de forma masiva

El plan, que abre a las empresas un negocio de 500 millones al año solo en los seis hospitales que se privatizarán, no se ha consensuado con nadie: ni el Colegio de Médicos, ni las sociedades científicas, ni siquiera los gerentes de los hospitales. Algunos, como el de La Princesa, se enteraron el mismo día que la prensa de que se pretendía transformarlo en un centro especializado en mayores de 75 años, sin área de referencia ni urgencias, lo que en la práctica suponía su desmantelamiento al acabar con la docencia y la investigación. Una fuerte movilización popular, además del rechazo unánime de los expertos, consiguieron hacer recular a González y dar con una solución intermedia: partiendo de la situación actual, especializar determinados servicios en patologías geriátricas.

El vuelco privatizador de Madrid supone dinamitar el sistema público, opinan los seis sindicatos del sector, que por primera vez han sido capaces de ponerse de acuerdo para convocar una huelga total: los 75.000 trabajadores de la sanidad pública madrileña han sido llamados a la primera de cuatro jornadas de paros (siguen hoy y los días 4 y 5 de diciembre). Y han respondido de forma masiva. A muchos centros de salud solo han acudido médicos, enfermeras y administrativos de servicios mínimos, que únicamente han atendido urgencias. La actividad programada en los hospitales también se ha visto afectada: quirófanos cerrados, consultas de especialistas vacías...

La Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento en poco más del 20%. Los convocantes —además de los sindicatos, la asociación de facultativos Afem ha convocado una huelga de médicos indefinida que también ha empezado hoy— han calculado entre un 80% y un 90%. Sanidad no ha aclarado qué procedimiento ha utilizado para el cómputo (si había incluido o no servicios mínimos, libranzas, vacaciones...). Este diario ha hecho sus propios cálculos con una muestra de una docena de centros de salud y ocho hospitales. En atención primaria, aproximadamente un 80% de los que han podido hacer huelga, la han secundado; en los hospitales, un 50%. El PP de Madrid ha respondido a la huelga con un vídeo en el que una paciente saca una tarjeta de crédito para pagar a su médico y este la tranquiliza diciendo que solo necesita la tarjeta sanitaria.

El paro dejó quirófanos cerrados y consultas  médicas vacías

El objetivo de la huelga es “la retirada” de las medidas. Un plan, llamado “de sostenibilidad”, que promete ahorrar millones a las arcas regionales gracias a “la mayor eficiencia” de la gestión privada. Ese argumento es precisamente el que discute de forma unánime la comunidad sanitaria. ¿Hay estudios independientes que demuestren esa mayor eficiencia? ¿Se trata de una decisión técnica y meditada o es puramente ideológica?

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, no ha aportado más dato que una comparación bastante tosca: el coste por paciente y año de los centros de gestión enteramente privada como Valdemoro, Torrejón y Móstoles es de 441 euros. En los de gestión mixta, 600. En primer lugar, no toma en consideración la complejidad de los procesos —¿hacen trasplantes y cirugías complejas o se limitan a partos y procedimientos rutinarios? ¿derivan pacientes a otros centros más especializados?— y, además, tomando los Presupuestos de 2012 y dividiendo por las personas asignadas acaban saliendo cifras distintas.

“Es la primera huelga que hago en mi vida”, ha dicho un jefe de servicio de un gran hospital madrileño. “He sido votante del PP”, ha asegurado un urólogo del Clínico. Junto con casi todos los médicos de su servicio, ha bajado a la concentración que estaba cortando el tráfico al mediodía en la glorieta de Cristo Rey. “Estoy a favor de aplicar parámetros de la sanidad privada en la función pública para mejorar la eficiencia. Pero esto es otra cosa, es desastroso, lamentable”, ha añadido. “Soy médico. Pregúnteme por qué estoy aquí”, se ha leído en la espalda de muchas batas blancas repartidas por la ciudad. Los facultativos, muchos de ellos residentes, han salido a la calle para explicar a los ciudadanos por qué hacen huelga. Una de ellas ha resumido: “Todos somos pacientes y a todos nos afecta”.

Con información de Maria Comes, María Hervás y Paloma Marín.

La gestión privada avanza en España

E. G. S. /T. C.

Al margen de Cataluña, con un modelo particular de colaboración público-privada, estos son algunos de los pasos dados en distintas autonomías hacia la privatización de la sanidad pública:

  • Castilla-La Mancha. La comunidad que preside María Dolores de Cospedal ha tomado la decisión de sacar a concurso el control privado integral de los hospitales públicos de Almansa y Villarrobledo (Albacete) y de Tomelloso y Manzanares (Ciudad Real). La transferencia de la gestión está prevista para el próximo año, a partir del verano.
  • Madrid. Una de las principales medidas adoptadas por Ignacio González, al poco de suceder a Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, ha sido el impulso que ha dado a la privatización de la sanidad pública. Entre las distintas medidas anunciadas destaca la cesión al sector privado de la gestión de la parcela sanitaria de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).
  • La Rioja. Se ha sacado a concurso recientemente la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no estatutario (funcionarios).
  • Extremadura. El sector privado se ocupará de la construcción y controlará la parcela no sanitaria de los hospitales de Cáceres y Don Benito-Villanueva, mientras que la Administración mantendrá el control de las batas blancas.
  • Comunidad Valenciana. La apuesta por la privatización total de la gestión de la sanidad comenzó con el hospital de La Ribera (Alzira), en 1999. Tras un rescate que modificó las condiciones iniciales y unió en un mismo paquete al hospital y sus centros de salud vinculados, el modelo se ha extendido a Torrevieja, Dénia, Manises y Elche. En estos momentos, la atención pública del 20% de la población valenciana está en manos de empresas privadas.
  • Galicia. El hospital de Vigo, un macrocentro de 1.465 camas que se encuentra en obras, se gestionará bajo la fórmula PFI: el sector privado se encarga de la construcción, mantenimiento, equipamiento y los servicios no sanitarios, mientras que la Xunta se reserva la gestión sanitaria.
  • Esta modalidad, con matices, ha sido también empleada en Baleares y Castilla y León.

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