La complicidad de Vela con Blasco paraliza el Consell y tensiona el PP

La oposición carga contra el titular de Hacienda, en trance de ser imputado

El consejero José Manuel Vela, en la primera fila, y Blasco, en la tercera, durante el pleno del jueves. / MÒNICA TORRES

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha llegado a un callejón sin salida. O se prepara para una crisis de Gobierno o altera su discurso de tolerancia cero contra la existencia de altos cargos imputados en su Administración.

La petición al fiscal por parte de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Pía Calderón, que instruye el caso Cooperación, para que investigue un supuesto delito de revelación de secretos cometido por el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, sumió este jueves al Consell en una situación de parálisis.

Fabra no quiso pronunciarse sobre el escándalo después de anunciar en Alicante el miércoles que investigaría lo sucedido. El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco evitó a los periodistas y se negó a explicar cómo obtuvo un informe de la Intervención General solicitado por la justicia sobre las ayudas concedidas antes de que se remitiese a las partes. Y el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, respondió a más de una decena de preguntas con el mismo soniquete: “El miércoles hice un comunicado. No tengo nada más que añadir”.

Vela no explicó ni qué había dentro del sobre que entregó a Blasco [presumiblemente el informe de la Intervención General según la fotografías publicadas] durante el pleno de Presupuestos celebrado el pasado martes. Y tampoco explicó por qué un informe solicitado por la justicia y que estaba bajo su tutela, dado que la Intervención General depende de su departamento, acabó en manos de Blasco, contra quien la Generalitat se ha personado también como acusación popular en el caso Cooperación.

Vela remite una decena de veces a la nota en la que dijo que todo era falso

Fuentes del Consell admitieron la gravedad de la situación, aunque reconocieron que no hay prevista ninguna medida. Según las mismas fuentes, Vela habría dicho que en el sobre que le pasó a Blasco estaba su intervención en defensa del proyecto de ley de Presupuestos. El exconsejero imputado en el caso Cooperación, que fue portavoz del Grupo Popular, no tiene ahora ninguna responsabilidad especial en el debate.

El escándalo también generó tensión en el seno del Partido Popular, donde unos cuestionan la política de Alberto Fabra respecto a los cargos imputados y otros apuestan por una crisis de Gobierno, especialmente tras la debilidad en la que se ha colocado Vela, el responsable de gestionar ante el Ministerio de Hacienda la concesión de créditos y el adelanto de transferencias.

La implicación de Vela en un nuevo episodio relacionado con la actitud del Consell hacia la corrupción mina también la imagen de los populares valencianos en Madrid, donde siguen sin recuperar la influencia que antaño tuvieron en las políticas estatales del PP.

En esta situación, el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos quedó ayer en un segundo plano. José Manuel Vela salió a defender el proyecto, que modifica 20 leyes, intentado ignorar el escándalo, pero la oposición no dejó pasar la ocasión y exigió explicaciones sobre la entrega del informe a Blasco.

Nadie explica cómo un informe pedido por la justicia acabó en manos de Blasco

El socialista Julián López pidió a Vela que diese la cara y ofreciese una explicación: “Si no lo hace, exigiremos responsabilidades a quien le mantiene”. El diputado cargó contra la corrupción como un factor de la crisis. “No han fracasado los valencianos, ha fracasado el PP”, aseguró. “Hace 48 horas [el martes] ocurrió aquí algo que merece una explicación”, insistió.

El popular José Mari Olano acusó al PSPV de estar infectándose de “extremismo” porque insiste en denunciar la corrupción y apeló a que populares y socialistas deben apoyarse mutuamente en las políticas de contención del déficit. Por su parte, Lluís Torró, de Esquerra Unida del País Valencià, afirmó que “el Consell se ahoga en un océano de problemas” relacionados con la corrupción y el despilfarro. Y su compañera de bancada Marina Albiol, al acabar el debate, calificó de “excusas baratas” las explicaciones de Vela, reclamó su destitución y que se aparte a Blasco de su escaño.

Mireia Mollà, de Compromís, dijo que el consejero de Hacienda “es la primera víctima de Blasco” y sugirió que el exconsejero de Cooperación y exportavoz parlamentario del PP está presionando al Consell y a su propio grupo político. El presidente de las Cortes, Juan Cotino, la amonestó dos veces por exigir la destitución del consejero de Hacienda. Mollà, que indicó que Blasco siempre busca “morir matando”, calificó de intolerable que haya 10 imputados en el Grupo Popular de las Cortes, cuya calidad democrática, según indicó, “ha caído al nivel de bono basura”.

Rubén Ibáñez, del PP, fue el encargado de replicar y acusó a Mollà de “continuar el show” sin proponer nada. El PP, finalmente, rechazó las tres enmiendas a la totalidad de la Ley de Acompañamiento, en un debate que volvió a estar centrado en la corrupción.

Los socialistas aprietan en el ‘caso Nóos’

La mochila de corrupción del PP valenciano pesa cada vez más. La teoría de la gripe, según la cual hay que afrontar los escándalos con el sencillo método de dejar que pase el tiempo hasta que se resuelvan, no logra evitar que se acumulen evidencias, investigaciones, imputaciones y sospechas que recaen sobre cargos públicos, sobre la gestión de los últimos años en las instituciones y, singularmente, sobre el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, que cobija a más de una decena de implicados en casos de corrupción. El diputado socialista Julián López resumió este jueves desde la tribuna el último episodio, el que afecta al titular de Hacienda, José Manuel Vela, al señalar que la crisis “se extiende ahora al Gobierno de la Generalitat”.

Pocos minutos después, la también socialista Eva Martínez pedía en los pasillos de las Cortes que la Generalitat se persone en el caso Nóos, una vez se conoce que los informes de la fiscalía apuntan “con toda claridad que no existía necesidad de contratar esos servicios” con el instituto de Iñaki Urdangarin y que “las decisiones adoptadas, tanto por el Gobierno valenciano como por el balear, fueron decisiones arbitrarias, innecesarias y no justificadas”. Martínez recordó que la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, “afirmó en sede parlamentaria que existían los expedientes de los contratos y las facturas” de los cerca de cuatro millones de euros que se estima que pagó el Consell, entonces presidido por Francisco Camps.

“Es absolutamente falso”, señaló la diputada, que exigió a Fabra que adopte medidas. El portavoz socialista en las Cámara valenciana, Antonio Torres, que compareció con Martínez ante los periodistas, precisó que si su grupo pide que se persone la Generalitat no es para hacer lo que ha hecho en los casos Gürtel y Blasco, en los que se ha dedicado a defender a los imputados, sino “para defender los intereses de los valencianos”.

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