La juez pide investigar al consejero Vela por supuesta revelación de secretos

La oposición exige la dimisión del consejero tras la filtración a Blasco de un informe

El titular de Hacienda niega "rotundamente" que filtrara ningún documento al imputado

El exconsejero Rafael Blasco lee en las Cortes un informe supuestamente filtrado por Vela. / JOSÉ JORDÁN

La juez instructora del caso de Cooperación, que investiga el supuesto saqueo de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de ayuda en países pobres, ha ordenado al ministerio fiscal investigar si el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ha cometido un delito de revelación de secretos al entregar supuestamente un informe destinado al tribunal a uno de los imputados en la causa, el varias veces consejero y exportavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia valenciano María Pía Calderón especifica en una providencia dictada hoy que los hechos podrían ser constitutivos del delito recogido en el artículo 417 del Código Penal. El castigo mínimo por este tipo de delito es de inhabilitación para empleo o cargo público. El más grave incluye pena de prisión. Se da, además, la circunstancia de que la Generalitat es parte en el procedimiento como acusación, lo que podría agravar la situación de Vela en caso de que fuese imputado, juzgado y condenado culpable.

La providencia no hace referencia expresa a Vela, pero sí a la información del diario Levante de este miércoles que ha dado origen a la providencia, en la que se identifica como filtrador a Vela, con soporte gráfico, durante un pleno en las Cortes.

El PP logró que se juzgara el año pasado al entonces portavoz socialista en el Parlamento Autonómico, Ángel Luna, por el mismo delito. Luna no entregó documentación, sin embargo, a ninguno de los acusados, sino que difundió el contenido de un informe policial en el que se apuntalaba la supuesta apropiación, por parte de la trama Gürtel, de fondos públicos destinados a cubrir por televisión la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en el verano de 2006.

La supuesta entrega de un sobre al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, con el informe solicitado a la Intervención General de la Generalitat por parte del juzgado que investiga el caso Cooperación, ha colocado en un aprieto al consejero de Hacienda, José Manuel Vela.

Los socialistas han exigido la comparecencia urgente ante la Cámara de Vela para que explique las razones por las que aprovechó el pleno de las Cortes del martes para hacerle llegar un sobre a Blasco que contenía un informe del interventor general de la Generalitat solicitado por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que inició la investigación de la trama corrupta que desvió fondos públicos destinados a la cooperación. Un extremo que la Consejería de Hacienda asegura que es "rotunda y absolutamente falso".

En las imágenes institucionales del pleno de las Cortes celebrado el martes se observa cómo Vela dobla un sobre cuidadosamente y, acto seguido, toma un segundo sobre y los pasa hacia las bancadas superiores. El que está sin doblar lo recibe el viceportavoz popular Rafael Maluenda, el doblado llega a manos de Blasco, que lo abre bajo su mesa. El consejero de Hacienda, que este jueves tiene que acudir a las Cortes para defender el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013, insiste en negar que hubiese facilitado a Rafael Blasco ningún documento solicitado por el juzgado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado que abrirá una investigación al respecto.

El escándalo debilita aún más a Fabra, que la semana pasada tuvo que afrontar la difusión del contenido de la declaración de la alcaldesa de Alicante y diputada, Sonia Castedo, ante el TSJ, donde está imputada en el caso Brugal. Fuentes del PP admitieron, en privado, la gravedad del escándalo y sus consecuencias para un Consell muy debilitado que, además, se sustenta en un grupo de 55 parlamentarios en el que hay 10 imputados.

El portavoz del PSPV, Antonio Torres, que ha solicitado la comparecencia urgente de Vela en las Cortes, ha considerado "inverosímil que el Gobierno valenciano se pueda aliar" con Blasco, imputado en el fraude de las ayudas a la cooperación por el Tribunal Superior de Justicia. "La Generalitat,que es la que tiene que defender los intereses de los ciudadanos y aclarar los fondos que se hayan desviado, paradójicamente está colaborando con el imputado", ha indicado Torres, que ha añadido: "El Consell está alimentando, amparando y encubriendo la corrupción que se haya podido producir con fondos destinados a la cooperación". "En cualquier país mínimamente democrático, ello exigiría la dimisión inmediata del señor Vela", ha recalcado el diputado socialista, que ha exigido conocer el contenido del informe del interventor.

Enric Morera, portavoz de Compromís, también ha solicitado la destitución inmediata de "un conseller que colabora con un imputado por delitos gravísimos". "Es algo vergonzoso que requiere una respuesta rápida del presidente de la Generalitat", ha afirmado Morera, que ha instado a Alberto Fabra a "actuar rápidamente y dar explicaciones, porque de lo contrario su discurso de ataque a la corrupción caerá".

Por su parte, la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha destacado que "el trapicheo  de papeles en unas Cortes llenas de presuntos delincuentes era lo que faltaba para parecer una película de la mafia". "El consejero de Hacienda debe explicar de dónde ha sacado ese informe y si lo ha obtenido de forma ilegal, habría que plantearse su dimisión".

El portavoz del Partido Popular, Jorge Bellver, se ha limitado a escudarse en las declaraciones del consejero de Hacienda y ha eludido comentar la supuesta filtración de un documento solicitado por el juzgado a su antecesor en la portavocía Rafael Blasco.

El informe del interventor, supuestamente, justificaría que en la época en la que Blasco fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía se adelantase el 100% de las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que en alguno de los expedientes investigados habrían servido para comprar pisos en Valencia.

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