Empleo prescinde de los intermediarios y asume el pago directo de los ERE
El Gobierno endurece la norma 20 meses después de que estallara el caso
Veinte meses después de que estallara el caso del fraude de los ERE, sometido a investigación judicial y parlamentaria, la Junta de Andalucía ha decidido dar la vuelta como un calcetín al procedimiento que se seguía hasta el momento para pagar las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresa en crisis y cuyo reingreso laboral es casi imposible. Ahora habrá más control, fiscalización previa y un seguimiento directo en el primer trimestre del año. El pago de comisiones a los intermediarios se suprime, ya que la Administración autónoma asumirá el abono directo.
El Consejo de Gobierno aprobó este martes un decreto ley con el que da respuesta a 1.383 personas que llevan sin cobrar sus prestaciones. Se trata de extrabajadores de Santana (1.011), Astilleros de Sevilla (58), Delphi (15), Boliden (12) y los afectados por la liquidación de aseguradora APRA Leven (287).
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo asumirá el pago directo de estas ayudas, que se elevan a 224,9 millones de euros (14,9 millones por año). No habrá pago de comisiones a los intermediarios como hasta ahora, por lo que el ahorro al eliminar este paso es de 7,5 millones de euros, afirmó el consejero de Economía, Antonio Ávila. Tampoco estarán presentes las compañías de seguros en este caso. Pero la norma aprobada va más allá de dar respuesta concreta a un problema planteado por esos empleados, sobre todo, por los santaneros, encerrados durante 28 días en la sede de la Consejería de Empleo. Ávila ha aprovechado para refinanciar las pólizas vigentes que perciben alrededor de 5.700 personas. Y con un procedimiento con más control. Las primas que perciben esos 5.700 extrabajadores —que supondrá el desembolso de unos 350 millones de euros— serán refinanciadas, por lo que será necesario un acuerdo entre las aseguradoras y los afectados, y también sin intermediarios.
El juez del caso investiga
La figura de los comisionistas es legal pero conforme se ha ido investigando sobre el caso ha quedado claro que los brokers se llevaron, en algunos casos, hasta el 25% del costo total de los expedientes, como ocurrió en el ERE de Mercasevilla.
La norma establece dos tipos de ayudas. Las extraordinarias, que se perciben de una sola vez; y las previas a la jubilación. Estas permitirán a la Junta diferir el pago en varios ejercicios hasta que el trabajador alcance la edad de jubilación, lo que supone un cierto alivio desde el punto de vista presupuestario.En cualquier caso, la percepción de estas ayudas es incompatible con cualquier otro ingreso público y el trabajador que perciba ingresos por alguna actividad deberá declararlo para que se detraiga de la cantidad mensual que perciba. El incumplimiento de las normas y el “falseamiento de las condiciones” para percibir las ayudas, implicará el reintegro de las cuantías percibidas y sanciones, que Ávila no detalló.
Por otra parte, Iván Escalera, juez sustituto de la instructora del caso de los ERE Mercedes Alaya, ha autorizado a la Guardia Civil para que investigue las cuentas bancarias de ciertas empresas pantalla que desviaron las comisiones pagadas por la Junta en cada expediente, informa Javier Martín-Arroyo. La Unidad Central Operativa (UCO) había solicitado permiso al magistrado para investigar los sobrecostes que presentaron las pólizas suscritas por la Consejería de Empleo y pagadas con los fondos públicos. Los agentes habían remitido un oficio al juez con el siguiente objetivo: “Ahondar en los indicios sobre la utilización de las que denomina empresas pantalla, con o sin su consentimiento, con el fin de introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía”, subraya el auto del pasado nueve de octubre firmado por Escalera.
La Guardia Civil buscaba identificar los titulares de las cuentas para determinar el flujo de dinero a través de estas empresas pantallas, un circuito que queda plasmado en el próximo atestado de la Guardia Civil sobre dichas firmas, que ya posee el juzgado y que este trasladará a las partes el próximo viernes.
