Los servicios sociales de L’Horta Nord, al borde del cierre por la deuda del Consell

Protesta por el cierre de un piso tutelado para mujeres en Castellón

Los servicios sociales están al borde del cierre por los impagos de la Generalitat. El Consorcio de L’Horta Nord, que gestiona cinco centros de atención a personas con discapacidad en esta comarca de la provincia de Valencia, denunció ayer que la deuda del Consell asciende ya a 757.239 euros, correspondientes al 60% de las aportaciones del ejercicio 2012 que tendría que haber transferido la Consejería de Justicia y Bienestar Social.

“A día de hoy, la situación financiera de la entidad es insostenible”, sostienen miembros del consorcio. El resultado es que los trabajadores “no cobran desde junio” y los usuarios de los cinco centros ocupacionales, de día y de atención temprana de Alboraia y Massamagrell —que atienden a más de 300 familias con discapacitados— “no reciben las ayudas para el comedor”.

“Los centros ya tienen recursos para el pago de los proveedores, ni para el mantenimiento de las actividades cotidianas de los centros, lo que pone en peligro la continuidad del servicio”, advierten desde el consorcio de servicios sociales, que ha decidido realizar un encierro en el centro ocupacional Reina Sofía de Massamagrell el miércoles, jueves y viernes de esta semana.

Desde Esquerra Unida, la diputada Esther Barceló, ha calificado la deuda del Consell de “violencia institucional”. Barceló aseguró que "permitir que se llegue a esta situación es una injusticia gravísima y una falta de sensibilidad inaudita", porque significa "dejar sin asistencia a un colectivo tan vulnerable como son los discapacitados".

Mònica Oltra, la portavoz de Compromís en las Cortes, advierte de que la situación se entiende al patronato Francisco Esteve, que atiende a discapacitados de Paterna, Quart, Manises, a los que se debe 1,4 millones de euros.

El consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, expresó su convencimiento de que cobrarán “a final de mes o principios del que viene", cuando se haya aprobado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Deuda con el piso tutelado de mujeres de Castellón

Las trabajadoras de la vivienda tutelada para mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión social de Castellón se manifestaron ayer a las puertas de la sede del Consell de la ciudad para denunciar que llevan un año sin cobrar sus nóminas por la deuda del Gobierno Valenciano. Una deuda que desde la Consejería de Bienestar Social cifraron ayer en 120.000 euros.

La directora del centro, Marta Sánchez, aseguró que en los últimos meses se están “paralizando” los ingresos de nuevas mujeres y que, por ello, temen que se pueda cerrar la vivienda a finales de año. “Sabemos que no nos están llegando ingresos pese a que nos llegan peticiones de parte de la propia consejería, los tenemos paralizados aunque no de forma oficial”, dijo Sánchez durante la protesta.

Según explicó, el mes pasado llegó a la dirección una petición de tres posibles ingresos de traslados del centro de atención integral de la mujer, así como peticiones de la propia Dirección General de la Mujer y del departamento de menores. En total, cinco en las últimas semanas. Pese a estas peticiones, la directora de la vivienda apunta que “sólo tenemos cubiertas cuatro de las trece plazas cuando tendría que estar llena”.

El centro está gestionado por la Asociación de Mujeres en Igualdad, una asociación presidida por María Luisa Espinosa, esposa del delegado del Consell en Castellón, Joaquín Borrás.

Para la Consejería de Bienestar Social este nivel de ingresos tiene otra explicación. Según indicaron, la Dirección General de la Mujer asegura que no hay lista de espera y que ninguna mujer que cumpla los requisitos para ser usuaria de la vivienda se está quedando desatendida.

Así, lo que explicaría que en este centro haya nueve plazas vacías sería “la tendencia generalizada de descenso de mujeres inmigrantes en situación irregular que están retornando a sus países”. Además, aseguran que la vivienda tutelada no cerrará el próximo año puesto que la intención es volver a sacar el pliego de la concesión en diciembre.

“Somos el único centro que atiende a mujeres en exclusión social en Castellón y el segundo que atiende a mujeres víctimas de la violencia de género”, destaca Marta Sánchez, quien pone en duda que no haya mujeres que necesiten ser atendidas.

 

 

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