LAS CUENTAS DE LAS COMUNIDADES

Letra de rescate y música de intervención

El Fondo de Liquidez Autonómico incluye ‘hombres de negro’, reajustes y medidas coercitivas

Los presidentes de la Junta, José Antonio Griñán, y del Gobierno central, Mariano Rajoy, durante la reunión del 30 de julio. / ÁLVARO GARCÍA

“No admitiremos condiciones que supongan limitar la autonomía”. Es la única premisa irrenunciable que, por ahora, admiten en el Gobierno andaluz para recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El vicepresidente, Diego Valderas (IU), lo quiere ver como un plan para pagar a proveedores y ponerse al día. “No puede estar condicionado por nada”, afirmó. La Consejería de Hacienda, más cauta, está a la espera del desarrollo del FLA antes de establecer su posición, pero coinciden con otras fuentes del Gobierno en que no se admitirían limitaciones.

Sin embargo, el FLA ya tiene una regulación base, aprobada en el Parlamento el pasado 12 de julio con la oposición de PSOE e IU, así como de la mayoría de los partidos nacionalistas. El diputado andaluz José Luis Centella afirmó entonces que el FLA “plantea una intervención a lo clásico”.

Ahora que Andalucía parece abocada a someterse al fondo, los discursos se han suavizado. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se resistió el jueves a llamarlo rescate. “Se trata de recurrir a él, precisamente, para tener liquidez y al final se está convirtiendo en algo negativo”, lamentó. En los mismos términos se pronunció el número dos del PSOE, Mario Jiménez, quien aseguró que no se puede hablar de rescate porque “Andalucía tiene capacidad de salir adelante con sus medios”.

Sin embargo, el Decreto-ley 2/2012 que regula el FLA establece en su texto que nace para “atender las necesidades financieras (…) en tanto que persistan dificultades de acceso de las Comunidades Autónomas a los mercados financieros”. Es decir, que como ha reconocido la propia Junta que ocurre en estos momentos, cuando los bancos no responden a las ofertas de deuda y no queda otra vía.

Estas circunstancias, pese a las resistencias autonómicas y del Gobierno central a la palabra rescate —el Ejecutivo de Rajoy prefiere considerarlo un plan de pago a proveedores y de asistencia financiera— el FLA tiene letra para serlo. Además, la configuración de este sistema estatal para dar liquidez es parecida a la del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el mecanismo utilizado por Bruselas para rescatar países.

Pero además, el texto normativo, independientemente del desarrollo que negocien con las autonomías, ya impone una serie de mecanismos de control, que incluye hombres de negro denominados “misiones de control” y reajustes de los planes de ajuste. Estas medidas son las que los partidos de izquierda identificaron como una intervención durante el pleno que fue aprobado.

Estas son las condiciones del FLA, incluidas sus “medidas coercitivas” y de “cumplimiento forzoso”:

»Cooperación. Aunque por ahora solo hay un decreto ley aprobado con el rechazo de la oposición, el texto define el FLA como un mecanismo bajo el principio de “cooperación”. PSOE e IU, socios en el Gobierno de la Junta, han reclamado sin éxito la convocatoria de los mecanismos de cooperación existentes, como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para fijar las reglas.

»Plan de ajuste. Las comunidades que ya disponen de un plan de ajuste en vigor —caso de Andalucía—, si ahora deciden acceder al FLA, “deberán realizar las modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos que adquieren” y asegurar los objetivos de estabilidad y de deuda pública, así como el reembolso de las cantidades aportadas por el FLA. En las condiciones fiscales se añade la obligación de actualizarlo una vez al año y “sujetarse a la supervisión de Hacienda”.

»Seguimiento permanente. “Se establecen obligaciones periódicas de remisión de información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería con el objeto de evitar desviaciones en el cumplimiento del contenido del plan de ajuste”. Además, se remitirá a Hacienda un plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que incluya calendario, presupuesto, saldos y “cualquier información que el Ministerio de Hacienda considera necesaria”. El plan de tesorería se remitirá “actualizado” en los “cinco primeros días hábiles de cada mes”.

»“Misiones de control”. Por si no fuera suficiente con la información, que debe ser normalizada y supervisada internamente por “el órgano de control interno de la Comunidad”, la norma del FLA establece literalmente: “La efectividad del modelo se refuerza con la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proponga la modificación del plan o que se encomiende a la Intervención General de la Administración del Estado el ejercicio de misiones de control en el supuesto de que se detecten riesgos de incumplimiento”. Esta “misión” supone que la Intervención del Estado contará con toda la colaboración, información y ayuda necesaria de la Comunidad.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ahora, en función del resultado de las “misiones de control”, está capacitado para la aplicación de las medidas incluidas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad presupuestaria, que son:

»“Medidas coercitivas”. Si se producen incumplimientos, se anulará la disponibilidad de créditos y se cerrará el acceso a los mecanismos de financiación. Las comunidades deben establecer un depósito del 0,2% del PIB, que en el caso de Andalucía sería de 309 millones. Esta cantidad se convertirá en “multa coercitiva” si se registra un incumplimiento continuado durante seis meses.

»“Medidas de cumplimiento forzoso”. El Gobierno requerirá al presidente autonómico a corregir los incumplimientos y, si no hay respuesta positiva, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, se “adoptarán las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa”. “El Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades” autonómicas.

Todas estas condiciones van implícitas con la adhesión al mecanismo de financiación, una medida que tiene que ser comunicada y aprobada por el Consejo de Gobierno. En el caso de Andalucía, el asunto estará encima de la mesa, pero no se ha decidido aún la fecha ni la cantidad que se reclamará al Fondo de Liquidez Autonómica aprobado en el Congreso.

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