La Junta se enfrenta a los grandes comercios por los horarios
El Gobierno andaluz insiste en llevar la liberalización al Constitucional
La decisión de algunas grandes superficies comerciales de ampliar desde esta misma semana sus horarios de apertura ha sentado mal a la Junta, que ha reaccionado con indignación y contundencia porque entiende que supone “romper el equilibrio” que ha permitido un buen funcionamiento durante los últimos años de un sector tan estratégico para la economía andaluza.
La directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, llegó a acusar esta mañana a las multinacionales de “despreciar” un modelo “que cuenta con el consenso entre la Administración y los agentes socioeconómicos”. Cantero defendió el marco de funcionamiento definido en la Ley de Comercio Interior de Andalucía, porque dijo que “garantiza el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores”. Y recalcó que ha permitido “la convivencia de la pluralidad de formatos existentes”. La Ley de Comercio Interior de Andalucía establece en 72 horas semanales el horario máximo de apertura permitido a los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados de superficie. Pero desde el pasado 14 de julio está en vigor un decreto-ley aprobado por el Gobierno central que impide a las comunidades autónomas restringir el horario global de apertura a menos de 90 horas semanales.
Las multinacionales “desprecian” el modelo andaluz, según la directora general de Comercio
Acogiéndose a este decreto que contiene otras medidas liberalizadoras, algunos grandes establecimientos de distribución en Andalucía han empezado a abrir esta semana entre una y dos horas diarias más. A la Consejería de Turismo y Comercio que dirige Rafael Rodríguez (IU) y que se ha manifestado reiteradamente en contra de la liberalización de horarios le ha molestado que las grandes superficies hayan tomado la iniciativa sin esperar a que se haga una trasposición de los nuevos preceptos nacionales a la ley autonómica.
El decreto ley sobre medidas liberalizadoras del comercio que el Gobierno aprobó el pasado 13 de julio deja en el limbo la ley autonómica. Su redacción es muy taxativa respecto a los horarios, pues establece específicamente la imposibilidad de las comunidades de restringir el horario semanal de apertura comercial por debajo de 90 horas, y establece además que en aquella que no haga una regulación específica se entenderá que hay libertad total.
Con esta redacción, la Consejería de Comercio y Turismo duda que tenga capacidad para tomar medidas sancionadoras contra los establecimientos que han ampliado sus horarios, como pretende CC OO, que el jueves denunció a establecimientos de Carrefour y Alcampo que han empezado a abrir entre una y dos horas diarias más. El decreto-ley tiene en teoría rango superior a la ley autonómica, que establece un máximo de 72 horas, aunque esta sigue en vigor.
El decreto del Gobierno si deja margen a las comunidades a que establezcan los límites de los días festivos que se permite abrir a los comercios de más de 300 metros cuadrados, aunque eleva el mínimo de ocho, que es el aplicado en Andalucía, a 10.
Por ello, la consejería considera que al menos los establecimientos debían haber esperado a que se haga una trasposición a la legislación andaluza, antes que decidir por su cuenta ampliar los horarios. El consejero de Turismo lamentó que estas empresas “no atienden al planteamiento de la Junta y de las pymes del sector”.
Rodríguez, insistió esta mañana en que el Gobierno central ha invadido competencias autonómicas con este decreto-ley y que los servicios jurídicos siguen explorando la posibilidad de recurrir en el Tribunal Constitucional.
La Junta resalta que el modelo de funcionamiento del comercio andaluz ha sido fruto del consenso entre los distintos agentes
Pero si no está claro el margen que le queda a la administración autonómica en el ámbito disciplinario, en el posicionamiento político si es radical. Para Rafael Rodríguez, la actitud de las cadenas comerciales que han ampliado sus horarios pone de manifiesto bien a las claras “que es a las grandes multinacionales a quien beneficia en exclusiva la política liberalizadora del Gobierno del PP”, mientras que causan “un gran perjuicio a los pequeños comerciantes porque se les restan sus ya de por si reducidas posibilidades de competir”.
Tanto el consejero como la directora general de Comercio recalcaron que el modelo de funcionamiento del comercio andaluz ha sido fruto del consenso entre los distintos agentes. Las medidas liberalizadoras han sido cuestionadas además de por el Gobierno andaluz por la organización de pequeños y medianos comerciantes de Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y las principales centrales sindicales y organizaciones de usuarios y consumidores.
Además de alterar el régimen de horarios, ampliándolos de 72 a 90 horas semanales, y de elevar de ocho a 10 el mínimo de festivos en que se autoriza a abrir, el decreto-ley introduce como novedad que en determinadas áreas de gran afluencia turística de ciertas ciudades se decrete la libertad total de apertura en días de fiesta. En Andalucía se ven afectadas las cuatro principales capitales (Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada). A diferencia de la Junta, los alcaldes de todas ellas, del PP, han celebrado la medida.
A la Junta compete la declaración de estas zonas de gran afluencia a propuesta de los ayuntamientos, aunque antes de tomar ninguna iniciativa en este aspecto aguardará a la interposición del recurso de inconstitucionalidad y al resultado del mismo.
