Los populares rechazan otra vez el plan de ajuste andaluz

Los diputados se han tomado el debate de la convalidación de los cambios del plan de ajuste de la Junta —aprobado el martes por el Consejo de Gobierno— como una segunda vuelta de la discusión que se había producido horas antes sobre los recortes del Ejecutivo central, con José Antonio Griñán y Juan Ignacio Zoido como primeros espadas. A la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien ha recitado con tono monocorde la médula del decreto, casi ni se la ha escuchado, y los oradores que la han sucedido han repetido los mismos argumentos que sus líderes.

Lo más reseñable es que el PP ha tenido la oportunidad de rechazar otra vez un plan que cree lesivo para los empleados públicos.

La reforma del plan tiene como principal objetivo evitar la duplicidad de recortes, fundamentalmente el de las pagas extraordinarias de los empleados públicos de los Gobiernos central y autonómico. Como el Consejo de Ministros ha eliminado la de Navidad, la Junta se ha visto en la tesitura de restituir la de verano. Las demás medidas se refieren a los días de vacaciones suprimidos por el Ejecutivo de Rajoy, que como legisla con normativa básica del Estado (de obligado cumplimiento) para todo el país, el Gobierno andaluz tiene que aplicar, con el resultado de 22 jornadas hábiles y tres de asuntos propios. También afecta a las bajas laborales y la merma de las retribuciones en estos supuestos, la negociación colectiva y los permisos sindicales.

La mayoría de PSOE

Carmen Martínez Aguayo ha vuelto a reiterar que su Gobierno va a cumplir el objetivo del déficit en 2012 (1,5%), si bien ha insistido en que es desproporcionado, más si se compara con el que se ha marcado el Estado, de un 6,3%. Un argumento en el que se había explayado Griñán por la mañana, para pedir un reparto equitativo y razonable, porque las autonomías son precisamente las prestadoras de los servicios básicos: sanidad y educación.

La intervención más sorprendente ha sido la del diputado popular Rafael Ruiz, quien ha dicho: “Estoy harto de oír tonterías”. Ruiz, parlamentario novato, ha llamado al agujero financiero de la Junta y Ayuntamientos “boquete”, y ha sostenido que no hacía falta ninguna reforma del decreto porque no es necesario plasmar la normativa básica del Estado. “Esto es un engaño y un teatro de guiñol”, ha concluido.

El socialista José Caballos, que le ha precedido en la palabra, ha abundado en la teoría de la asfixia del Gobierno a Andalucía, mientras que ha defendido la bondad del ajuste de la Junta. Caballos ha elogiado el tope que ha impuesto el Ejecutivo andaluz a los salarios de los directivos de empresas públicas (59.554 euros anuales), mientras que el izquierdista Ignacio García también ha avalado el recorte de la Junta y ha calificado el del Gobierno central como “maquiavélico”.