El Consultivo apoya la nulidad de cuatro ayudas que dio Empleo
El órgano respalda que las empresas devuelvan 438.000 euros de los ERE
Son cuatro gotas en un vaso medio lleno, con 189 gotas, de mayor y menor tamaño. Pero es un comienzo. La Junta pelea por recuperar 73,8 millones que concedió en ayudas directas entre 2001 y 2010 a través de la Consejería de Empleo del fondo para empresas en crisis. Y para ello el pasado invierno comenzó 189 procedimientos de reintegro a las empresas que percibieron ayudas directas dadas por los ex directores generales Javier Guerrero (en prisión preventiva) y Juan Márquez.
Esos procedimientos incluyen un trámite necesario: preguntar al Consejo Consultivo para que se pronuncie sobre la legitimidad de las ayudas, a menudo con escasez de documentos que amparasen la concesión de dinero. Pues bien, el Consultivo ya ha emitido cuatro dictámenes en los que respalda a la Junta para que las sociedades, entre ellas un Ayuntamiento, devuelvan el dinero.
Estos cuatro dictámenes suman 438.130 euros que las arcas públicas podrían recuperar si prosperan los procedimientos para dictaminar su nulidad definitiva. Eso sí, a posteriori es previsible que las empresas acudan a la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo para evitar el pago. El primer dictamen es del pasado 6 de marzo y atañe a las ayudas concedidas a la sociedad Maestrazgo de Sevilla por 2,4 millones que reclama la firma, ya que el pago no fue abonado. El Consultivo estimó que la Junta no estaba obligada al abono previsto, debido a que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
“No consta el más mínimo atisbo de publicidad”, resalta el órgano asesor
Meses después, el pasado 27 de junio el Consejo Consultivo ha dictaminado sobre otras tres ayudas y de nuevo ha resuelto que Empleo concedió las ayudas sin tener en cuenta la ley. Fueron 300.000 euros a la entidad Sucesores de José Sánchez Marcos (Mardy), 60.000 euros concedidos a la empresa Coflosur y 78.130 euros dados en 2003 al Ayuntamiento de La Puebla del Río, gobernado entonces por el PSOE.
“No puede afirmarse que la subvención concedida careció de causa, ni que esta fuese clandestina, o persiguiera un enriquecimiento ilícito con fondos públicos, pero sí puede señalarse que se prescindió total y absolutamente del procedimiento, o al menos de sus trámites esenciales”, subraya el Consultivo en la resolución respecto a la firma Mardy. El órgano achaca a Empleo que concediera el dinero a la entidad cordobesa debido al derrumbe de parte de sus instalaciones, para mantener el empleo y la inversión de la empresa.
Guerrero prescindió del procedimiento establecido para dar las ayudas
Pero el dictamen no valora que el dinero se empleara en producir riqueza o no de manera conveniente, sino que analiza el acto administrativo de dar la subvención. Y ahí Guerrero reprodujo un “anómalo modus operandi” ya que no existía formalmente una solicitud de subvención. “No se cuestiona la existencia del derrumbe de la fábrica, la necesidad del traslado de la actividad a una nueva nave y la finalidad de permitir la vuelta al trabajo de los trabajadores”, matiza la resolución. “Resulta inconcebible que se acordara sin solicitud formal, sin bases reguladoras, sin fijar los requisitos y condiciones a cumplir por la entidad beneficiaria, y sin publicidad (...) No consta el más mínimo atisbo de publicidad, que no puede identificarse con una noticia en medios de comunicación”, añade. Esta opacidad es la misma que la juez Mercedes Alaya ha achacado sucesivamente a los responsables de Empleo.
El Consultivo subraya respecto a la ayuda para el Ayuntamiento de La Puebla del Río, que esta debería haber sido tramitada como subvención excepcional. Mientras, censura la ayuda a Coflosur: “No hay ningún plan de viabilidad y expansión (...) ni la entidad asume unas obligaciones en unos plazos determinados”. Es decir, la ayuda se daba a ciegas y con la plena confianza en la buena fe de los empresarios, lo que devino en el fraude ahora investigado.
El TSJA da la razón a una caja que reclamó a la Junta
El espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a la Junta a través de dos sentencias del pasado otoño, que anulaban las reclamaciones de la empresa Maestrazgo de Sevilla, y que posteriormente remachó el Consejo Consultivo, tienen una excepción: la misma sala de lo contencioso del TSJA en Sevilla que censuró a Guerrero por otorgar dos subvenciones que carecían por completo de expediente "con total desprecio del Derecho", dio la razón en mayo de 2011 a las entidades bancarias Cajamar y Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, que reclamaban 194.229 a Empleo después de que concedieran dicha suma a la firma Fivesur tras presentar esta un aval de la Consejería.
El alto tribunal estimó que la resolución de la Junta “contiene una obligación de pago clara, al haber sido reclamada, y desestimada de forma presunta por la Administración, debe declararse la conformidad a derecho”.
Tras esta sentencia favorable a la constructora jerezana, la Junta ha reclamado en casación ante el Tribunal Supremo y posiblemente su reclamación sea atendida con el conocimiento del escándalo de corrupción a través del fondo para empresas en crisis. En mayo de 2011 los jueces del TSJA desconocían la trascendencia del caso ahora investigado. Sin embargo, el resultado de su aparente contradicción proviene de que en su sentencia no se analiza el fondo de la partida que la juez Alaya considera ilegal desde 2001, sino que analizan en concreto la validez del aval que esgrimó Fivesur ante las entidades bancarias.
Mientras, en dicha sala de lo Contencioso del TSJA ya se han presentado hasta 15 casos por supuestos intrusos que se niegan a devolver las pólizas pagadas por Empleo. Después del verano comenzará una cascada de resoluciones firmes que apoyarán o desvirtuarán la reclamación del pago a estos polizones.
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