El sucesor de Guerrero reconoce el descontrol de las ayudas en Empleo

La juez Alaya imputa a Juan Márquez cuatro delitos

El ex director general admite que se destruyeron expedientes en dos traslados de la consejería

Juan Márquez entrando este miércoles a declarar en los juzgados. / GARCÍA CORDERO

Una estrategia de difícil futuro, pero también con alternativas muy escasas. El ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez optó ayer por defender el sistema público de ayudas a empresas, en línea con su antiguo jefe, el exconsejero Antonio Fernández, en prisión preventiva. Pero tampoco tenía muchas opciones. Existen dos informes que alertaron a Márquez de que el procedimiento era irregular además de múltiples indicios, pero el ex alto cargo se aplicó para defender un discurso sólido plagado sin embargo de claras lagunas. A pesar de que sus argumentos coincidían con Fernández y la amenaza de ingresar en prisión planeaba sobre el ex director general, este aún debe declarar hoy y posiblemente mañana para explicar muchos detalles, pólizas, ayudas directas e intrusos subvencionados con hedor a corrupción.

La juez Mercedes Alaya acusa a Márquez de cuatro delitos: malversación, prevaricación activa y omisiva, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delito, todos ellos continuados. La imputación sanciona su etapa al frente de la Dirección General entre 2008 y 2010, pero la gravedad de la imputación es menor que la de su caótico antecesor, Javier Guerrero. Con todo, ayer demostró escasa diligencia ante su gran responsabilidad para repartir 154 millones en ayudas públicas. Márquez admitió la destrucción de “expedientes antiguos” durante dos traslados en la consejería, sin aportar más detalles, una nueva línea que la instrucción investigará. Pero su confesión más sorprendente es que ignoró el contenido del convenio de 2001, clave para conceder las ayudas. “A estas alturas, sigo sin conocer el contenido del procedimiento marco. Ni me lo leí ni lo analicé, me lo explicaron”, reconoció según varios abogados presentes en la sala.

Márquez reconoce no haber leído el informe clave para conceder las ayudas

El cometido de Márquez fue poner orden en el galimatías de expedientes y pagos millonarios que había dejado Guerrero, pero la juez estima que continuó con el procedimiento y consintió parte de su herencia. De hecho, Márquez alegó una supuesta inocencia al dar las ayudas, porque creía en la “presunción de veracidad” de los empresarios. Y el control y seguimiento de las ayudas fue nulo. Nadie comprobó el destino de las subvenciones y si la picaresca sobrevivió a Guerrero, como de hecho ocurrió: las empresas siguieron malgastando el dinero público y los intrusos perduraron.

El ex alto cargo alegó ayer que su equipo no se preocupó de los aspectos legales, sino solo de los temas financieros. Márquez dijo que Fernández le ordenó dar cobertura a los compromisos ya adquiridos por Empleo. Es decir, que los acuerdos entre las empresas y la consejería debían mantener un orden y lograr la apariencia de legalidad.

El nulo control del dinero permitió las malas inversiones y los intrusos

A continuación, admitió que nunca vio a un interventor. “Yo coordinaba, no dirigía mi dirección general (…) Yo soy un político, no un gestor administrativo”, alegó sobre su responsabilidad. Al igual que Fernández, Márquez defendió las ayudas individuales cuando salió a relucir el caso del intruso Juan Rodríguez Cordobés, ex alto cargo socialista. El acusado defendió que las ayudas eran conocidas por los sindicatos y los empresarios gracias a los acuerdos de concertación social. La juez replicó que al no ser publicadas en el BOJA eran ayudas opacas. “¿Y los indigentes de los cajeros?”, preguntó Alaya según varios testigos. Márquez replicó que estos indigentes son iletrados y la medida tampoco habría ayudado.

El abogado de Márquez, Manuel Pérez Cuajares, aseguró que su cliente defendió el procedimiento “perfectamente legal” y sus mejoras ante el “déficit administrativo” con el que se topó en Empleo. La juez discrepa y le acusa de favorecer a personas próximas a la Junta y al PSOE, además de “su sector” (la provincia de Huelva, donde concedió 30 ayudas). En dos años, Márquez conoció la inclusión de intrusos y evitó denunciar la situación en los tribunales, le achacó Alaya.

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