Blasco no quiso testigos del fraude

Dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería de Inmigración y Ciudadanía —más tarde rebautizada como Solidaridad y Ciudadanía— cuyo titular era Rafael Blasco dimitieron o fueron apartados de sus puestos por negarse a avalar los expedientes irregulares que permitieron el saqueo de las ayudas a la cooperación. El exconsejero no quería testigos de sus maniobras.

Así se desprende del auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, que ha elevado consulta al Tribunal Superior de Justicia sobre la imputación del portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. La juez observa indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la actuación del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Blasco fue nombrado consejero de Inmigración y Ciudadanía tras las elecciones autonómicas de 2007. Y ya en la convocatoria de 2008 para subvencionar grandes proyectos de solidaridad tuvo sus primeros problemas. La Fundación Cyes (no confundir con la constructora) presentó por primera vez dos proyectos, que no cumplían los requisitos para concurrir, y la comisión técnica de valoración bloqueó las propuestas.

A pesar de que la secretaria general administrativa de la consejería, Agustina Sanjuán, persona de la máxima confianza de Blasco, presionó para que se diese luz verde a los proyectos de Cyes, no logró su objetivo. Las pegas de la directora general, Carmen Dolz; del jefe de área, Sergio Fernández; de la jefa de servicio, Teresa Clemente y del secretario de la comisión, José Manuel Fornás, disgustaron al consejero, que los convocó a una reunión urgente. Blasco “les expresó su desagrado por el acuerdo adoptado, insistiéndoles y exigiéndoles de forma persistente que le entregaran el acta a la vez que cuestionaba la profesionalidad” de quienes se oponían, señala el auto.

La dimitida directora general informó a Rafael Blasco de las irregularidades

La negativa de toda la comisión técnica de valoración, a excepción de la secretaria general administrativa nombrada por Blasco, hizo que el consejero estallase. Rafael Blasco, “encolerizado, llegó a dirigirse a los allí presentes, y en especial a la jefa de servicio, advirtiéndoles que se iba a dedicar durante el periodo estival —ya muy próximo— a revisar todos los expedientes cursados por ellos en orden a buscar irregularidades en los mismos”.

¿Cómo terminó el episodio? La consejería esperó a que los rebeldes estuviesen de vacaciones. Transcurridos 10 días, se les avisó de que se habían recibido unos documentos que permitían a la Fundación Cyes cumplir con los requisitos. El secretario de la comisión evaluadora fue llamado a la consejería para ver la documentación —que según el auto judicial es falsa— y este desde la propia sede oficial “trasladó” al resto de miembros que “aparentemente” se acreditaban los requisitos exigidos, por lo que se dio curso a los proyectos de la trama.

“Transcurrido el periodo de vacaciones estivales, la hasta entonces directora general decidió cesar en su cargo, cambiando asimismo de destino el jefe de área y el secretario de la comisión técnica, siendo cesada la jefa de servicio”, relata el auto de la magistrada Nieves Molina.

Es decir, todos los que se resistieron a avalar los proyectos de la trama saltaron por los aires y la Fundación Cyes obtuvo más de 1,6 millones de euros en subvenciones. Una parte del dinero se invirtió en cuatro inmuebles en la ciudad de Valencia y otra parte se desvió a cuentas controladas por los cabecillas de la trama.

Tras el incidente, Rafael Blasco nombró como jefe de área a Marc Llinares, persona de su confianza y ahora imputado, entre otras cosas por recibir de Augusto César Tauroni “diversas cantidades de dinero en agradecimiento” a la tramitación de los proyectos de la trama corrupta. Sin embargo, la sustituta de Teresa Clemente al frente de la jefatura de servicio, Amparo Ortiz, siguió poniendo pegas a los proyectos presentados por las ONG utilizadas por la trama. Objeciones que Llinares sorteó hasta la convocatoria de ayudas a los proyectos de cooperación de 2010.

Dinero para fomentar el empleo entre las mujeres o la educación no llegó a su destino

El nombramiento de Pilar Collado como nueva directora general provocó un nuevo enfrentamiento interno. Agustina Sanjuán y Marc Llinares se encontraron con la negativa de Collado y Ortiz a avalar los proyectos de la ONG captadas por Tauroni. El conflicto se saldó con la dimisión, otra vez, de una directora general, Pilar Collado, que informó a Blasco de las anomalías que la llevaban a renunciar.

El auto judicial desvela la falta de escrúpulos de la trama para saquear los fondos a la cooperación de la Generalitat. Así, a través de una de las ONG utilizadas, Ceiba, la trama obtuvo una subvención de casi 300.000 euros para un proyecto titulado Violencia sexual y explotación laboral del niño en Malabo. El auto judicial señala que el dinero se ingresó el 30 de junio de 2009 y solo dos días después se habían desviado 170.000 euros a Dinamiz-e y 38.000 a Desfa, dos de las empresas pantalla de la trama.

Otro proyecto destinado a la Reducción del nivel del contagio del sida en Malabo también permitió hacer saca. Los 360.000 euros pagados por la Generalitat apenas estuvieron cinco días en la cuenta de la ONG. Cinco días después se realizaron tres transferencias a sociedades relacionadas con Tauroni con el 72% del total de la subvención pública. Una por 187.000 euros a Desfa, una segunda por importe de 73.000 euros a la Fundación Hemisferio y una tercera, de 71.000 euros, a Promociones Delivery.

Otras perchas utilizadas para saquear los fondos de cooperación fueron el desarrollo agrícola, el empleo de mujeres o la promoción de la educación.