Goteo judicial contra la inmersión

El Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la pasada semana el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde la democracia y ha anulado seis artículos de un decreto de la Generalitat de 2008 que regula la educación infantil. Es el quinto revés judicial en el plazo de dos años y todo hace presagiar que seguirán cayendo sentencias similares con otros tantos decretos que también están recurridos por algunos padres.

La explicación a este goteo judicial es la sentencia del Estatuto que dictó el Tribunal Constitucional (28 de junio de 2010) y que modifica la jurisprudencia al entender que, además del catalán, el castellano también ha de ser lengua vehicular, en todos los niveles de la enseñanza.

La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, insiste en que no se cambiará el modelo educativo vigente por muchas sentencias que sigan cayendo. “El Tribunal Supremo no nos puede decir qué proporción de castellano debe impartirse en las escuelas”. En su opinión, si de lo que se trata es de garantizar el dominio de ambas lenguas al acabar las diferentes etapas de la enseñanza, “eso está más que asegurado y lo demuestran cada año todas las estadísticas”.

Para Rigau existe un “divorcio social entre la percepción que tienen algunos tribunales y la realidad catalana” y denuncia una “utilización política a cuenta de la lengua” por parte del Partido Popular (PP) y Ciutadans (C’s). Excepto esas dos formaciones, que sumaron el 15,73% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, ningún partido cuestiona el vigente modelo educativo.

Enric Millo, portavoz del PP en el Parlamento desmiente las acusaciones. “No son sentencias contra el catalán, sino contra el modelo de inmersión monolingüe”. “La Generalitat tiene un problema, pero es con la justicia española, no con el PP. Lo que tiene que hacer es cumplir esas sentencias”, dice Millo. El dirigente del PP niega las acusaciones de partidismo. “Nosotros defendemos derechos individuales y siempre hemos defendido el bilingüismo”.

Rigau denuncia

La izquierda parlamentaria coincide con CiU en que no existe conflicto social ni educativo derivado de la inmersión lingüística. “Son ganas de crear un problema político y mediático donde no lo hay”, asegura Daniel Fernández, número dos del PSC, quien reclama a la Generalitat que emplee todos los mecanismos a su alcance para garantizar el modelo actual. “Y si algunos padres piden la escolarización en castellano, como está ocurriendo, deben ser atendidos para que las excepciones no sean un problema”, remacha Fernández, para quien los recortes que aplica la Generalitat cuestionan más el modelo educativo que no las sentencias del Supremo.

“Aquí lo que está en juego es la competencia por un electorado que se disputan dos partidos”, añade el dirigente socialista, mientras que la consejera Rigau entiende que “la rentabilidad política tiene un techo”. PP y Ciutadans niegan que su discurso político en torno a la lengua suponga una competencia por una franja del electorado procedentes de la inmigración.

El Tribunal Supremo

“Nosotros defendemos el bilingüismo desde hace muchos años y nos ocupamos de muchas más cosas”, dice Millo. Por su parte, Carmen de Rivera, diputada de Ciutadans, recuerda que su partido nació precisamente porque el PP había olvidado la defensa del bilingüismo. “El PP se ha visto acobardado y superado por el discurso de Ciutadans”, dice Dolors Camats, portavoz parlamentaria de Iniciativa, mientras que la consejera Rigau reprocha a los populares “que no digan lo mismo en todas partes” y que, por ejemplo, en el recurso que presentaron ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC) no impugnaran el artículo de la inmersión lingüística.

La última sentencia del Supremo revoca otra que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalando el decreto de la Generalitat. Para Rigau eso demuestra que “cada vez se está haciendo una interpretación más restrictiva del marco constitucional”. En su opinión, “nadie puede cuestionar con rigor la situación de desigualdad en la que se encuentra el catalán”, y así se explica que el artículo 35.1 del Estatuto recoja que “el catalán ha de ser utilizado normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria”. Y lo que replica el Tribunal Supremo en sus sentencias, citando al Constitucional es que ese artículo del Estatuto es conforme a la Constitución solo si se atribuye al castellano esa misma condición de lengua vehicular y docente que se reconoce al catalán”.

Para Camats, esas sentencias demuestran “una visión recentralizante del Estado. El catalán está en el punto de mira del españolismo. El PP está sacando réditos con ese discurso anticatalán y el PSOE ha quedado atrapado sin saber articular una alternativo”, dice.