El Supremo rechaza que se priorice el catalán con los alumnos extranjeros

El alto tribunal anula diversos artículos de un decreto del Departamento de Educación

Alumnos de la Escola Rafael Alberti de Llefià de Badalona (Barcelona). / MARCEL.LÍ SÀENZ

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado cuatro artículos de un decreto aprobado por la Generalitat en 2008 sobre el uso del catalán como lengua vehicular en las aulas. La sentencia señala que el catalán es el “centro de gravedad” de la enseñanza pública; pero, en la línea del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, concluye que el castellano debe considerarse al mismo nivel. Se trata del quinto fallo judicial que golpea el modelo de inmersión.

La sentencia —que anula una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y da la razón a una familia— obliga a suprimir un artículo sobre la integración de los alumnos de origen extranjero a través del idioma. Para facilitar su incorporación al sistema, “los centros tienen que dedicar su atención preferente al aprendizaje de la lengua catalana”, dice el artículo ahora anulado. Al poner el acento en la inmersión en catalán, razona la sentencia, el recién llegado “está desconociendo el castellano como lengua también normal y vehicular”.

El alto tribunal rechaza que las iniciativas que impulsan los centros fijen como uno de sus objetivos “conseguir la normalización en el uso de la lengua catalana en todas las actuaciones docentes”, como recoge el decreto aprobado por el Departamento de Educación que regula el segundo ciclo de la educación infantil (de tres a seis años).

Otro de los artículos que se declaran nulos detalla que “el catalán, como lengua propia de Cataluña, se tiene que utilizar normalmente como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje en las actividades internas y externas de la comunidad educativa”.

El uso del idioma abarca, recoge ese mismo artículo, otros ámbitos como las “actividades orales y escritas del alumnado”, los “libros de texto y material didáctico”, así como “la evaluación y comunicación con las familias”. El Supremo también rechaza otro artículo del decreto en el que se afirma que los alumnos “tienen el derecho a recibir la enseñanza en catalán y a no ser separados en centros ni en grupos diferentes por razón de su lengua habitual”.

Irene Rigau, consejera de Enseñanza. / ALBERT OLIVÉ (EFE)

El decreto de la Generalitat, razona el Supremo, debería reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo “a que se solicite por quien lo posea a título individual”. La atención individualizada que propone la norma para los alumnos que pidan ser escolarizados en castellano también es reprobable, según la sentencia, porque “conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de su lengua habitual”.

El Gobierno catalán ha admitido “no estar contento” por la sentencia y ha asegurado que no cambiará nada del sistema educativo. “Estamos donde estábamos”,ha resumido la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, quien ha argumentado que la decisión judicial afecta a un decreto de 2008, ya superado por una normativa posterior, que es la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 “que continúa vigente”, aunque recurrida al Constitucional por el PP y pendiente de sentencia.

Rigau ha enviado un mensaje de “continuidad y serenidad absoluta” a las escuelas, asegurando que no se va a modificar ni un ápice el modelo de inmersión lingüística. De hecho, se ha mostrado en contra de ampliar el número de clases impartidas en castellano, porque ello supondría “una discriminación hacia el resto de alumnos”, abundó. En cambio, ha reprochado al TS “su interpretación muy restrictiva de todo lo relacionado” con el catalán.

Este nuevo fallo contra la inmersión ha vuelto a dividir a los partidos en dos posiciones antagónicas. Mientras que PP y Ciutadans han exigido que se cumpla la sentencia, el resto de formaciones la han rechazado. El portavoz de CiU la ha calificado de “mala noticia” y ha asegurado que su partido “no dará ni un paso atrás con el catalán”. No obstante, no hace ni una semana los nacionalistas votaron en el Congreso, junto al PP, eximir de examinarse en catalán a los hijos de militares residentes en Cataluña.

Por su parte, la plataforma Som Escola, que agrupa entidades cívicas y educativas de Cataluña, ha denunciado que el fallo del Supremo supone el "peor golpe" hasta la fecha contra la inmersión y ha llamado a la "acción" para mostrar su rechazo a este tipo de sentencias. Concretamente, la asociación ha anunciado que pedirá una entrevista al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para exponerle el modelo educativo catalán y ha convocado para el 26 de setiembre una movilización de todos los centros escolares en favor del modelo de inmersión.

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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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